La Justicia de Salta deberá resolver una demanda colectiva contra Bazar Avenida por préstamos con tasas efectivas anuales de hasta 733%, según planteó la asociación Protectora. La entidad solicitó revisar los contratos, frenar de manera preventiva los embargos y descuentos sobre salarios, además de declarar inválidas las cláusulas de intereses cuestionadas.
El expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación y fue puesto en conocimiento de la Procuración General de la Provincia. La acción incluye créditos tomados, en su mayoría, por trabajadores que se desempeñan en la administración provincial.
La demanda apunta a los préstamos y los descuentos salariales
Protectora pidió una medida cautelar para detener los procesos ejecutivos iniciados a partir de las operaciones señaladas. También requirió la suspensión temporal de los descuentos aplicados sobre los haberes de personas alcanzadas por esas deudas.
De acuerdo con la presentación, parte de los créditos fueron reclamados judicialmente mediante embargos salariales. La asociación sostuvo que las condiciones financieras se habrían repetido bajo un mismo esquema contractual.
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Además de pedir la invalidez de las cláusulas vinculadas a intereses, la entidad reclamó daños punitivos por una suma cercana a los $1.000 millones. El planteo también solicita examinar si, por las características denunciadas, corresponde una intervención del fuero penal.
Los registros incorporados detallan más de 700 operaciones
La demanda menciona más de 700 contratos con rasgos similares. Como respaldo, Protectora incorporó documentación que, según indicó, habría sido presentada por la propia firma ante la Dirección General de Rentas de Salta.
En esos papeles figurarían 357 operaciones realizadas en mayo de 2024 y otras 364 durante junio de 2024. Entre las personas registradas como deudoras habría numerosos empleados de la administración provincial.
Dos casos expuestos en el expediente muestran las tasas cuestionadas
Uno de los ejemplos incluidos corresponde a un trabajador que habría recibido $450.000. Luego, habría firmado un pagaré por $2.395.035 con una Tasa Efectiva Anual del 733,50%.
Otro caso refiere a una trabajadora provincial que habría obtenido un crédito de $248.000 y, posteriormente, suscripto un pagaré por $1.319.930,40. En esa operación, la TEA consignada fue del 710,02%.
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La Justicia salteña deberá analizar la validez de las cláusulas observadas, las tasas aplicadas y la continuidad de los embargos vinculados con los préstamos incluidos en la acción colectiva.
