Un policía fue juzgado por abuso sexual y grooming contra dos menores: qué resolvió la Justicia salteña

La jueza Victoria Montoya tuvo por acreditadas las acusaciones tras valorar pruebas, testimonios y pericias incorporadas durante el debate.

La Justicia de Salta declaró penalmente responsable a Alberto Gabriel Guaymás, un policía acusado por abuso sexual y grooming contra dos menores de edad. La resolución fue tomada por la jueza Victoria Montoya, luego de analizar los elementos presentados en el debate. El caso involucra a una nena que tenía 5 años al momento de los hechos y a una adolescente de 12 años. La pena todavía no fue fijada, porque el Tribunal deberá convocar a una audiencia de cesura.

Abuso sexual y grooming: la prueba que sostuvo la acusación

La causa fue llevada adelante por la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, en representación del Ministerio Público Fiscal. Durante el cierre del juicio, la fiscal afirmó que la acusación logró demostrar la existencia de los hechos y la responsabilidad penal del imputado.

Según la resolución, las conductas fueron encuadradas como abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming. Los dos primeros delitos están previstos en el artículo 119 del Código Penal, mientras que el grooming se encuentra contemplado en el artículo 131 del mismo cuerpo legal.

La jueza Victoria Montoya tuvo por acreditada la acusación después de valorar los testimonios, pericias y demás pruebas incorporadas durante el debate. Con esa decisión, Guaymás dejó de estar bajo el estado de inocencia con el que había llegado al inicio del proceso oral.

El rol del policía: la fiscalía marcó la relación de poder con las víctimas

Uno de los puntos señalados por Celina Morales Torino fue la condición funcional del acusado. La fiscal sostuvo ante el tribunal que Guaymás integraba la fuerza policial y que esa situación tuvo peso en la forma en que se desarrollaron los hechos investigados.

En ese tramo del alegato, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que el acusado «aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias». La misma frase fue reiterada al pedir una sentencia condenatoria.

Respecto de la adolescente de 12 años, la acusación indicó que Guaymás habría usado información obtenida durante una intervención policial vinculada con la búsqueda de la menor. A partir de esos datos, según la imputación acreditada en el debate, inició comunicaciones privadas con ella, le hizo preguntas de contenido sexual, le pidió fotografías e intentó coordinar un encuentro.

Salta: los testimonios que fueron incorporados al debate

La madre de la adolescente declaró en el juicio y relató qué ocurrió después de que se encontraran los mensajes. De acuerdo con ese testimonio, la chica empezó a sentir miedo y desconfianza hacia la autoridad policial. También señaló que la familia modificó hábitos y rutinas por la sensación de inseguridad que generó la situación.

En el caso de la nena que tenía 5 años, la fiscalía explicó que el abuso ocurrió en un ámbito de intimidad y sin testigos directos. Por eso, Morales Torino remarcó que el análisis del relato de la víctima y de los elementos que lo acompañaban fue central para sostener la acusación.

Según la exposición fiscal, el relato de la niña se mantuvo a lo largo del tiempo y fue respaldado por declaraciones incorporadas al juicio. Entre esos elementos se mencionaron testimonios de docentes, profesionales de salud mental y referentes de una fundación a la que asistía la víctima.

Durante el debate también se incorporó información sobre las consecuencias que atravesó la nena. Se mencionaron problemas de aprendizaje, episodios de angustia, temor a quedarse sola y una baja marcada en su rendimiento escolar. Las pericias psicológicas indicaron que lo vivido afectó su desarrollo emocional y continuaba condicionando aspectos de su vida cotidiana.

Al cuestionar la conducta del acusado por su función dentro de la fuerza, Morales Torino sostuvo que, «lejos de honrar su función, quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad». La pena será tratada en la audiencia de cesura que deberá fijar el Tribunal.

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