Aguas Blancas vive días intensos: mientras el despliegue del Plan Güemes en la frontera norte de Salta logró bajar con fuerza los delitos vinculados al narcotráfico y a los robos comunes, crecen las quejas por el mal estado de la Ruta Nacional 34 y por los conflictos comerciales, ambientales y sanitarios con Bolivia, según detalló el interventor Adrián Zigarán al hacer un balance de la situación local y del operativo de seguridad en la región.
En la localidad fronteriza de Aguas Blancas, en el norte salteño, la seguridad y el movimiento en la frontera están atravesados por el Plan Güemes, pero las preocupaciones principales pasan hoy por otro lado. El interventor Adrián Zigarán advirtió que la Ruta Nacional 34, en el tramo que va desde General Güemes hacia el norte, está en condiciones críticas y que, al mismo tiempo, se mantienen fuertes tensiones con Bolivia en temas comerciales, ambientales y sanitarios. Según su evaluación, el operativo de seguridad nacional iniciado a mediados del año pasado modificó el mapa del delito en la zona, aunque no alcanzó para aliviar otros problemas estructurales.
Zigarán sostuvo que el despliegue del Plan Güemes permitió frenar buena parte del narcotráfico que ingresa por Aguas Blancas y reducir con fuerza los robos habituales en la costa del río Bermejo, paso obligado para cientos de personas que cruzan la frontera todos los días. Sin embargo, remarcó que las quejas de vecinos y transportistas se centran en el deterioro de la Ruta 34 y en las trabas que, según afirmó, aplica Bolivia a la actividad comercial y a los controles ambientales compartidos.
El interventor, que conduce la intervención de Aguas Blancas hasta 2027, también marcó como tema sensible la revisión del padrón electoral en la zona de frontera y apuntó que, a su entender, aún existe una diferencia importante entre los votantes registrados y los que efectivamente residen en la localidad. Además, planteó que varios municipios del norte salteño arrastran conflictos institucionales y económicos que podrían profundizarse en los próximos años.
Ruta 34: tránsito pesado, baches profundos y reclamos por la seguridad vial
Uno de los ejes más duros del diagnóstico de Zigarán fue el estado de la Ruta Nacional 34 en dirección al norte salteño. El funcionario describió el tramo que parte de General Güemes como una calzada prácticamente destruida, con baches y huellas que hacen muy difícil la circulación, en especial para autos y motos. A esa situación la vinculó de manera directa con el movimiento constante de camiones que cruzan hacia Bolivia y regresan cargados.
De acuerdo con su descripción, por la zona pasan cada día alrededor de 200 camiones hacia y desde Bolivia, dedicados en gran parte al transporte de combustible bajo convenios internacionales. La mayoría, añadió, son vehículos de bandera boliviana. Señaló que ese flujo se sostiene desde hace años y que la ruta no fue acompañando el desgaste generado por el peso del tránsito pesado.
Zigarán manifestó que esta circulación permanente provoca un “colapso total” de la infraestructura vial argentina en ese tramo. Aseguró que los camiones no pagan peajes ni compensaciones, lo que, según su mirada, deja al Estado nacional sin recursos específicos para el mantenimiento de la ruta. Además, cuestionó que, pese a beneficiarse del paso, en Bolivia existen restricciones para la venta de combustible a ciudadanos argentinos.
El interventor advirtió también sobre las consecuencias de este escenario en términos de siniestralidad. Mencionó que el peso de los camiones fue marcando huellas profundas sobre el asfalto y que, cuando esas marcas se llenan de agua, se generan zonas de aquaplaning que derivan en accidentes graves. Describió el trayecto desde Güemes hacia el norte como un sector muy peligroso, donde se registran víctimas fatales de manera recurrente, aunque no todos los hechos tienen amplia difusión pública.
Resultados del Plan Güemes en Aguas Blancas y cambios en la frontera
En paralelo a las quejas por la Ruta 34, Zigarán destacó los efectos del Plan Güemes en Aguas Blancas, sobre todo en materia de seguridad en la frontera. Explicó que, desde el inicio del operativo nacional, se reforzó la presencia de fuerzas federales y que, entre esos cambios, la instalación permanente de Prefectura Naval Argentina en la localidad fronteriza fue determinante para modificar la realidad cotidiana del lugar.
El interventor afirmó que, en términos de lucha contra el narcotráfico, el dispositivo está dando resultados concretos. Señaló que más de 7.000 kilos de cocaína que entraron al país por Aguas Blancas fueron incautados en territorio salteño o en otras provincias, lo que, a su criterio, muestra que las rutas terrestres que conectan con Bolivia están hoy más controladas que años atrás. Recordó que Bolivia figura entre los principales productores mundiales de cocaína, detrás de Colombia y Perú.
Al mismo tiempo, Zigarán remarcó que estos resultados se obtuvieron pese a las carencias materiales que, según dijo, atraviesan las fuerzas federales. Mencionó especialmente los salarios bajos y la falta de cobertura social adecuada como factores que complican la tarea cotidiana del personal afectado a la frontera. Aun con ese escenario, sostuvo que el despliegue del Plan Güemes modificó de forma visible el territorio en términos de control y prevención del delito.
Cae el delito común en la costa del Bermejo y cambia la vida diaria
Uno de los puntos donde el interventor observó cambios más claros fue la playa del río Bermejo, zona que históricamente fue señalada como “liberada” y asociada a robos frecuentes contra quienes cruzaban entre Argentina y Bolivia. Zigarán indicó que, con la presencia constante de Prefectura en Aguas Blancas, ese escenario se transformó.
De acuerdo con sus datos, los robos en la costa del Bermejo bajaron alrededor de un 90%. Relató que antes los asaltos se concentraban en las primeras personas que cruzaban a la mañana y en las últimas que regresaban al cierre del día, mientras que hoy el tránsito por la zona se percibe más controlado. Sostuvo que ese cambio se nota en la rutina de los vecinos que utilizan a diario el paso fronterizo y que ahora se sienten menos expuestos a hechos delictivos.
Relación con Bolivia: trabas comerciales, ambiente y padrón en la frontera
Más allá de la cuestión de la seguridad, Zigarán hizo foco en varios conflictos abiertos con Bolivia. Uno de ellos está vinculado al comercio fronterizo. Según detalló, la Aduana del país vecino aplica límites a las compras que realizan comerciantes bolivianos en territorio argentino, sobre todo desde que el tipo de cambio favorece adquirir mercadería de este lado de la frontera. Esas restricciones se traducen en cupos, horarios y condiciones específicas para ingresar productos.
El interventor señaló que, en épocas previas, cuando convenía más comprar del lado boliviano, no se imponían ese tipo de trabas. Ahora, afirmó, la situación se invirtió y eso generó malestar en feriantes y pequeños comerciantes de la zona, que dependen en gran medida del intercambio diario entre ambos países. Planteó la necesidad de que se revisen las reglas para que exista mayor equilibrio en el trato hacia los compradores argentinos y bolivianos.
Al mismo tiempo, Zigarán mencionó reclamos sin respuesta plena en materia ambiental y sanitaria. Indicó que desde la frontera se elevaron pedidos a Cancillería por distintos problemas, entre ellos el vertido de líquidos cloacales detectado en Salvador Mazza, la pesca intensiva en los ríos Bermejo y Pilcomayo y la posible presencia de metales pesados asociados a la actividad minera aguas arriba en este último cauce.
Según su descripción, estas situaciones impactan de manera directa en las comunidades más vulnerables de la región, particularmente los pueblos originarios asentados en la zona de influencia de los ríos. Sostuvo que se registran enfermedades en niños que se relacionan con la calidad del agua y alertó que los episodios se repiten año tras año sin soluciones de fondo.
Padrón electoral y finanzas municipales en la mira hasta 2027
En cuanto a la intervención de Aguas Blancas, Zigarán informó que el proceso se extenderá hasta diciembre de 2027 y que uno de los ejes de trabajo fue la revisión del padrón electoral en la localidad. Detalló que ya se dieron de baja más de 2.100 registros, aunque, a su entender, el listado todavía se encuentra por encima de la cantidad real de votantes que viven en el lugar.
El funcionario estimó que deberían figurar entre 1.600 y 1.800 electores, y señaló que el sobredimensionamiento del padrón no es exclusivo de Aguas Blancas, sino que también se observa en otros puntos de la frontera norte, como Salvador Mazza y Los Toldos. Frente a este escenario, planteó la necesidad de avanzar en cruces de información con Bolivia y en una revisión integral de los padrones en toda la región fronteriza, al tiempo que advirtió que la caída de la coparticipación podría agravar las dificultades económicas de los municipios durante los próximos años.
