El Gobierno nacional de Javier Milei anunció un plan para inhabilitar celulares no autorizados dentro de las cárceles, con la meta de limitar estafas, extorsiones y otros delitos digitales. La iniciativa será aplicada por el Ministerio de Seguridad junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que deberá instruir a las empresas de telecomunicaciones para intervenir líneas y equipos detectados en complejos penitenciarios.
La medida contempla el bloqueo de números telefónicos activos de manera irregular y la anulación de los códigos IMEI de los aparatos hallados dentro de los penales. Además, se prevé instalar herramientas técnicas para impedir que las comunicaciones móviles lleguen a los pabellones.
El alcance del bloqueo de celulares dentro de las cárceles
El esquema estará dirigido a dispositivos que no cuenten con autorización. Según informó la administración nacional, se buscará cortar las vías utilizadas para organizar engaños telefónicos, fraudes virtuales, robos de cuentas bancarias, secuestros virtuales y maniobras de extorsión.
El ENACOM tendrá a su cargo la coordinación con las compañías del sector para bloquear líneas y desactivar los IMEI vinculados con teléfonos irregulares. El IMEI es el código que identifica de manera individual a cada celular en una red de telefonía.
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Entre las prácticas alcanzadas por el plan figuran el phishing, la suplantación de identidad en redes sociales y las llamadas destinadas a engañar a posibles víctimas. El anuncio nacional relacionó esas maniobras con comunicaciones realizadas desde celdas mediante aparatos fuera de los canales permitidos.
Inhibidores y controles sobre las antenas cercanas
La estrategia también incluye el uso de inhibidores de señal de última generación en establecimientos del servicio penitenciario. Esos equipos buscan impedir el acceso irregular a las redes de telefonía móvil dentro de los recintos.
Por otra parte, el Gobierno nacional informó que trabajará con los ministerios de Seguridad de las provincias. La coordinación prevé auditorías sobre las antenas ubicadas en cercanías de las instituciones penitenciarias y mecanismos de bloqueo en distintos complejos.
Los canales autorizados seguirán disponibles
La iniciativa no contempla eliminar las comunicaciones habilitadas por protocolos judiciales. Los contactos permitidos y la telefonía fija regulada continuarán disponibles, mientras que la restricción quedará limitada a los celulares utilizados de forma ilícita.
La Casa Rosada presentó el plan dentro de sus acciones contra la delincuencia organizada y los ciberdelitos. El objetivo señalado es reducir la capacidad operativa de grupos que usan teléfonos desde los penales para cometer delitos contra personas fuera de esos establecimientos.
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El anuncio indicó que las estafas digitales y las modalidades de chantaje originadas en cárceles crecieron durante los últimos años y se convirtieron en una fuente de ingresos para redes criminales. El plan prevé bloquear las herramientas de comunicación no autorizadas utilizadas en esos hechos.
