El estudio jurídico del abogado Santiago Pedroza fue allanado este viernes en la ciudad de Salta, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras con lotes vendidos sobre terrenos ajenos e inhabitables. El procedimiento se realizó en calle Córdoba 271 y forma parte de una pesquisa que ya acumula alrededor de 40 denuncias. La investigación se originó tras la presentación de un hombre de 35 años que aseguró haber sido engañado al comprar un lote en Atocha, mientras la fiscalía pidió que más posibles damnificados acerquen documentación.
La medida fue concretada por personal del Grupo Investigativo del Sector Oeste de la Policía. Según se informó, el objetivo fue realizar constataciones dentro del expediente que lleva adelante la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro.
Pedroza está siendo investigado en esta causa. Además, durante el procedimiento participó un profesional veedor del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, intervención que fue solicitada por los fiscales que impulsan las actuaciones.
El allanamiento se hizo por orden judicial dentro de una causa con decenas de denuncias
La orden para avanzar con el allanamiento fue requerida por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes trabajan en Unidad Fiscal, ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro. Todo se dio en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a la venta de lotes.
De acuerdo con los datos oficiales, la causa reúne cerca de 40 denuncias. La pesquisa intenta establecer cómo se habrían ofrecido terrenos que no podían ser habitados y que, además, no pertenecerían a quienes los comercializaban.
El expediente comenzó luego de la denuncia de un vecino de 35 años. El hombre sostuvo que fue inducido a comprar un terreno en Atocha y ese planteo abrió una línea de investigación que después sumó otras presentaciones de personas en una situación similar.
La investigación apunta a maniobras iniciadas tras una ocupación en la ribera del río Arias
Según lo incorporado a la causa, los hechos bajo análisis habrían empezado en 2023, después de una ocupación ilegal de terrenos en la ribera del río Arias. Tras el desalojo policial, un abogado se habría acercado a familias afectadas para ofrecer asesoramiento legal.
Siempre de acuerdo con la investigación, esa maniobra habría alcanzado a unas 400 personas. Los montos entregados por las familias iban desde 500.000 pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones, mientras que los pagos se habrían hecho tanto en efectivo como por transferencia.
Los investigadores también señalaron que ese dinero se recibía en domicilios particulares o en el estudio jurídico del profesional, y que la entrega de comprobantes se hacía de manera irregular. Ese punto es uno de los elementos que la fiscalía analiza dentro del expediente.
Qué se informó a los damnificados y dónde pueden presentar pruebas
Uno de los antecedentes sumados a la causa ocurrió el 16 de abril, cuando un grupo de damnificados fue a Casa de Gobierno. En ese lugar se les informó que las gestiones atribuidas al abogado no tenían sustento legal y que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes.
En esa misma instancia también se indicó que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados. Desde Tierra y Bienes advirtieron que podía tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron hacer la denuncia formal correspondiente.
Además, se confirmó que los terrenos ofrecidos están en una zona inundable y no apta para asentamientos. Por eso, los fiscales pidieron a quienes crean haber sido perjudicados por maniobras similares que se presenten en la Delegación San Lorenzo con comprobantes de pago y cualquier otra documentación vinculada al caso.
