El Sindicato de Empleados de Comercio de Salta alertó por un escenario de despidos constantes en el comercio provincial y a nivel nacional, con cesantías que se dan “de a poco, pero todos los días”, según su conducción. El secretario general, César Guerrero, apuntó además contra las paritarias limitadas al 1% que fija el Gobierno nacional para el sector, al considerar que ese tope deja a los salarios muy por detrás de la inflación. El dirigente advirtió que la combinación de caída del consumo, cierres de locales y restricciones salariales está golpeando tanto a trabajadores activos como a jubilados mercantiles en Salta y en ciudades del interior, como Tartagal.
Despidos en el comercio salteño y cierre de locales preocupan al sindicato
Guerrero describió que en el comercio salteño se registra un flujo permanente de desvinculaciones que no se concentra en grandes tandas, sino que aparece de manera dispersa. Según explicó, todos los días se acercan empleados al gremio para tramitar su liquidación final, lo que configura un goteo de despidos difícil de medir con precisión. Hasta ahora, aclaró, no existe un relevamiento numérico consolidado que permita cuantificar el total de puestos de trabajo perdidos.
El sindicato señaló que este proceso afecta tanto a pequeños comercios de barrio como a cadenas nacionales con presencia en la provincia. Entre los episodios que mencionó, Guerrero destacó el cierre de una sucursal de una firma de alcance nacional ubicada en el centro de la ciudad de Salta, sobre calle 20 de Febrero. Esa decisión, remarcó, dejó sin empleo a una cantidad importante de empleados y empleadas de comercio, sumándose a otras desvinculaciones detectadas en distintos puntos de la provincia.
La organización gremial indicó que la problemática no se limita a la capital provincial. De acuerdo con el testimonio del dirigente, también se registran casos en varias localidades del interior, con especial preocupación por lo que ocurre en Tartagal. Allí, sostuvo, los comercios locales sienten con fuerza el impacto de la competencia externa, y muchos trabajadores terminan perdiendo su puesto sin que siempre intervenga el sindicato en la negociación de la salida laboral.
En relación con Tartagal, Guerrero explicó que los empleados del norte salteño “sufren en gran medida el cierre por las importaciones”, vinculando de manera directa la caída de la actividad local con la apertura del mercado externo. De acuerdo con su relato, no todos los despedidos pasan por el sindicato: algunos acuden de forma directa a la Secretaría de Trabajo para formalizar su desvinculación, mientras que otros cierran acuerdos particulares con sus empleadores.
El gremio mercantil advirtió que esa dinámica facilita la aparición de situaciones irregulares. Guerrero relató que muchas veces “arreglan en el comercio”, es decir, dentro del propio local o empresa, sin el acompañamiento sindical, y alertó sobre la presencia de “despidos encubiertos”. Bajo esa modalidad, los trabajadores podrían aceptar condiciones menos favorables por desconocimiento o por necesidad urgente de cobrar algo de dinero ante la pérdida del empleo.
El dirigente sostuvo que esta dispersión de casos, que llegan “de a uno, de a dos, de a tres”, vuelve complejo dimensionar el alcance total de la problemática en Salta y en el país. Sin embargo, insistió en que la tendencia es constante y que el comercio atraviesa uno de los momentos más exigentes de los últimos años, atravesado por caída en las ventas, menor consumo y una estructura de costos que se hace cada vez más difícil de sostener para los pequeños y medianos negocios.
Paritarias limitadas al 1% y caída del salario real en el comercio
Además de los despidos en el comercio, el sindicato puso el foco en la situación salarial de los trabajadores mercantiles. Guerrero cuestionó en duros términos el esquema de paritarias limitadas que impulsa el Gobierno nacional para el sector, al recordar que las negociaciones vienen condicionadas por un tope del 1% para los aumentos. En sus palabras, ese tope se justifica en una estimación oficial de inflación que, según su visión, no refleja lo que ocurre con los precios en la vida cotidiana.
El referente gremial marcó la distancia entre ese techo paritario y los incrementos en los servicios y productos básicos. Puso como ejemplo que el boleto del transporte urbano habría subido un 26%, mientras que el comercio tiene autorizada “una paritaria de un 1%”. Planteó que ese desfasaje deja a los salarios muy rezagados frente a los aumentos en naftas, alimentos, medicamentos y otras erogaciones esenciales para las familias trabajadoras.
Guerrero remarcó que esta pérdida de poder de compra se siente con especial dureza entre los jubilados mercantiles, quienes deben afrontar subas de remedios y recortes en coberturas de salud con ingresos que, según señaló, no se actualizan al ritmo de la inflación. Describió la situación de empleados activos y pasivos como “un combo” en el que se combinan aumentos de tarifas, encarecimiento de productos básicos y dificultades para recomponer haberes a través de las paritarias.
Al analizar el impacto concreto sobre los ingresos, el secretario general sostuvo que “el poder adquisitivo de los salarios de cada uno de los trabajadores y trabajadoras se vino al piso”. Según su mirada, no se logra recomponer el salario real porque cada aumento pactado queda por debajo de la suba general de precios. Esta brecha, apuntó, se acentúa con la imposición de un techo del 1% que, en la práctica, impide acuerdos que acompañen la inflación.
El dirigente cuestionó la política salarial del Gobierno nacional, al afirmar que “no permite que las paritarias superen un índice del 1% porque supuestamente esa es la inflación”. Indicó que, de acuerdo con lo que se comunica desde la administración, no se homologarán incrementos por encima de ese porcentaje. En la lectura del gremio, eso hace que cualquier paritaria del comercio quede condicionada desde el inicio, ya que una mejora más alta podría no ser reconocida oficialmente.
Guerrero también hizo referencia al mecanismo de revisión que aplica el Poder Ejecutivo sobre los convenios firmados entre los sindicatos y las cámaras empresarias. Recordó que las paritarias del sector se negocian a nivel nacional entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y entidades empresarias como CAME, CAC y UDECA. Sin embargo, señaló que, aun cuando estas partes logran consensos, el Gobierno puede objetar aspectos de los acuerdos y solicitar cambios.
Intervención oficial en los acuerdos y efectos sobre el comercio
Según el relato del sindicato, la injerencia estatal no se limita a fijar un techo numérico para las paritarias, sino que también alcanza a otras cláusulas de los convenios. Guerrero sostuvo que las autoridades nacionales “no sólo te ponen un límite en los porcentajes, sino que te dicen: ‘esto no me gusta, hay que arreglarlo’”, en alusión a las observaciones que, según él, se presentan durante el proceso de homologación. Cuando se detecta algún punto que no cuenta con el visto bueno oficial, “se ponen en reparo”, lo que puede demorar la entrada en vigencia plena de los acuerdos salariales.
En paralelo, el dirigente ubicó estos cuestionamientos en un diagnóstico más amplio sobre la realidad del comercio en Salta y a nivel país. Aseguró que la actividad “atraviesa uno de sus momentos más complejos”, con trabajadores que denuncian pérdida del poder adquisitivo y empleadores que enfrentan, según describió, una fuerte caída en las ventas. Estimó que la retracción del consumo se ubica entre un 10% y un 30%, dependiendo del rubro, lo que repercute de lleno en la rentabilidad de los negocios.
Guerrero vinculó la baja del consumo interno con la competencia externa y la situación de la industria nacional. Señaló que la apertura de importaciones impacta “en desmedro de la industria nacional y sobre todo de los comerciantes más pequeños, de los cuales más nos nutrimos”. Desde su perspectiva, la presencia creciente de productos importados golpea con mayor fuerza a los negocios minoristas de menor tamaño, que dependen casi por completo de la venta diaria para sostener sus estructuras.
De acuerdo con los datos que manejan en el sindicato, en los últimos años habrían cerrado alrededor de 22.000 pymes en todo el país, con la pérdida aproximada de 200.000 puestos de trabajo, situando al comercio entre los sectores más afectados. Guerrero puntualizó que el 75% del empleo comercial proviene de pequeñas y medianas empresas, y no de grandes superficies como hipermercados o corralones. Por eso, subrayó, “son esos pequeños negocios de 2, de 3, de 5 empleados los que se están cerrando”, generando un impacto directo en la cantidad de trabajadores registrados.
El gremio mercantil de Salta reiteró que, aunque no cuenta con una cifra exacta de despidos en la provincia, la suma de casos individuales y cierres de locales muestra una tendencia clara. En ese marco, las quejas por paritarias limitadas, despidos y caída del consumo en el comercio se convirtieron en los ejes centrales de la preocupación sindical en el sector.
