Tres hombres quedaron detenidos en una investigación por fincas agrícolas, cocaína y Salta que avanza en el norte provincial. La causa se tramita en Orán y apunta a una organización que, según la acusación fiscal, alquilaba terrenos en Colonia Santa Rosa para guardar droga bajo la apariencia de tareas rurales. El juez federal de Garantías Gustavo Montoya avaló los arrestos, aceptó la imputación impulsada por el fiscal Marcos Romero, dictó prisión preventiva por 90 días y fijó 120 días para profundizar la pesquisa. En los allanamientos del sábado pasado se secuestraron 171,450 kilos de cocaína.
Los apresados son los hermanos A.R. y J.R., además del ciudadano venezolano J.B. Los tres fueron acusados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. En el caso de los dos hermanos, la imputación también incluye transporte de estupefaciente agravado por la cantidad de participantes, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia judicial realizada en Orán.
La investigación está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Orán. Además del fiscal Romero, intervienen el auxiliar fiscal Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral Castellanos. Según se informó en la audiencia, este expediente ya había derivado antes en la imputación de otros cinco sospechosos vinculados con la misma estructura.
La pesquisa sobre fincas agrícolas y cocaína sumó nuevos arrestos y más pruebas
El origen del caso se remonta al 7 de enero, cuando comenzó una investigación que luego fue creciendo con nuevos elementos. La fiscalía sostuvo que una denuncia anónima recibida por personal de la Sección Colonia Santa Rosa de Gendarmería Nacional fue una de las primeras puntas para reconstruir el movimiento de la organización.
A partir de esa información, se realizó un procedimiento en las inmediaciones de una estación de servicio de Pichanal. En ese operativo, los gendarmes interceptaron a un hombre que conducía un camión con semirremolque cargado con cajones de berenjenas. Durante la inspección, el perro antinarcóticos “Orfeo” detectó 30 kilos de cocaína ocultos entre la mercadería.
En ese mismo marco fueron detenidos J.P.C., que iba al mando de un Volkswagen Gol, junto a J. A., E. J. A. y J. Los cinco quedaron imputados por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, con prisión preventiva y con sus teléfonos incorporados a peritaje. Para la fiscalía, ese procedimiento fue clave porque permitió abrir otras líneas de análisis y seguir la trama de contactos.
Con los resultados de los estudios sobre los celulares, y también con los datos aportados por tres de los detenidos en calidad de arrepentidos, el Ministerio Público Fiscal dijo haber reconstruido cómo operaba el grupo. En esa reconstrucción, la acusación ubicó a los hermanos A.R. y J.R. como jefes de la organización, mientras que a J.B. lo señaló como integrante. También indicó que el ciudadano venezolano había llegado a Colonia Santa Rosa hacía siete meses desde Buenos Aires.
Los allanamientos en Colonia Santa Rosa permitieron hallar 171,450 kilos de cocaína
Después de seguir distintos inmuebles ligados a los acusados, los investigadores pusieron la mira en tres terrenos alquilados por los hermanos en Colonia Santa Rosa. En esos predios había cultivos de tomates y otras verduras, aunque para la fiscalía esa actividad funcionaba como pantalla para esconder el acopio de droga.
La acusación agregó que también se detectó un pool llamado “El Bunker”, lugar en el que, según la hipótesis fiscal, los miembros de la banda se reunían para coordinar el almacenamiento y el movimiento de la cocaína. Al mismo tiempo, los pesquisas identificaron varias camionetas que eran usadas para ir de una finca a otra con la excusa de realizar tareas agrícolas.
Con intervención de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Orán” de la Gendarmería, la fiscalía señaló además que la droga era trasladada desde Bolivia hasta un establecimiento rural cercano al Río Colorado. Sobre esa base se dispusieron intervenciones telefónicas sobre líneas utilizadas por los hermanos y por J.B., medida que luego se sumó a chats incorporados al expediente.
Según detalló el fiscal en la audiencia, de esas escuchas y conversaciones surgieron intercambios en los días previos al allanamiento del sábado pasado. Para la acusación, esos diálogos reflejaban el movimiento de una carga importante de estupefacientes y mostraban que la sustancia ya estaba acopiada y próxima a ser trasladada.
Cuando se confirmó el lugar donde estaba almacenada la droga, la fiscalía pidió medidas urgentes y el juez Montoya ordenó ocho allanamientos con personal de Gendarmería. En una de las fincas arrendadas, donde había plantación de tomates, los uniformados encontraron una zanja tapada con yuyos. Allí estaban escondidas ocho bolsas con 171,450 kilogramos de cocaína distribuidos en 170 paquetes.
Qué secuestraron y qué resolvió el juez en la audiencia
Durante esos procedimientos fueron detenidos A.R., J.R. y J.B. Además de la finca donde apareció la droga, los allanamientos alcanzaron el pool mencionado en la investigación, otras fincas alquiladas, el local bailable “El Jocker”, señalado como propiedad de los hermanos, los domicilios particulares de los acusados y la vivienda del ciudadano venezolano en Orán.
En los operativos se secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas Toyota, dos vehículos Volkswagen, teléfonos celulares y un dispositivo de memoria vinculado a una cámara de video instalada en el local de entretenimiento. Todo ese material quedó incorporado a la causa y ahora será analizado por orden judicial.
El magistrado autorizó en esta etapa el peritaje de los teléfonos secuestrados a los imputados y también del dispositivo DVR correspondiente a esa cámara. De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, esos estudios buscan establecer si hay elementos sobre otros posibles involucrados o sobre traslados anteriores de droga.
Al resolver la situación procesal de los tres detenidos, el juez declaró legal el procedimiento, hizo lugar a la imputación presentada por el fiscal Romero, dictó prisión preventiva por 90 días y fijó un plazo de 120 días para profundizar la investigación. La fiscalía había pedido esa medida al remarcar la gravedad del caso, la complejidad de la maniobra investigada y la logística atribuida a la organización.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal también se opuso al pedido de arresto domiciliario planteado por la defensa. Para rechazar esa posibilidad, indicó que J.B. registraba un pedido de captura nacional e internacional emitido por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, en otra investigación. Respecto de J.R., agregó que el Juzgado de Garantías del partido bonaerense de Lanús lo había declarado en rebeldía. La fiscalía aclaró que esas referencias no eran antecedentes condenatorios, pero sostuvo que debían ser consideradas en función de la Ley de Reiterancia.
