La causa por el femicidio de Natalia Cruz avanza hacia el juicio contra Orlando Serapio, mientras la querella detalló los nombres de los nuevos imputados por encubrimiento. Según los abogados de la familia, dos parientes del acusado, vecinos de El Alisal, habrían colaborado con su permanencia en la zona de Campo Quijano cuando era intensamente buscado. Los representantes legales remarcaron que estos familiares están acusados formalmente y que se investiga cómo habría sido esa ayuda durante los días de fuga.
Nuevos nombres de imputados por encubrimiento en El Alisal
Los querellantes precisaron que los nombres de los imputados por encubrimiento agravado son Domingo Ramos y Gastón Flores, ambos familiares directos de Orlando Serapio. De acuerdo con la presentación, los dos residen en El Alisal, paraje ubicado en jurisdicción de Campo Quijano, y allí habría permanecido el principal sospechoso parte del tiempo que estuvo prófugo.
Los abogados indicaron que, según la acusación, Ramos y Flores habrían ayudado a Serapio a mantenerse fuera del alcance de las fuerzas de seguridad. La hipótesis es que su estadía en El Alisal no fue casual ni aislada, sino que contó con asistencia concreta por parte de su entorno más cercano.
Desde la querella señalaron que estas imputaciones por encubrimiento se suman al expediente central por femicidio, lo que podría derivar en un juicio con varios acusados, aunque aclararon que esto dependerá de cómo avance la investigación en los próximos pasos procesales.
Qué dijeron los abogados sobre la ayuda a Serapio
Los letrados de la familia de la víctima, Federico Vanni y Sol Pastrana, sostuvieron que los dos familiares imputados le habrían facilitado provisiones básicas a Orlando Serapio mientras seguía escondido. De acuerdo a lo que expusieron, el hombre habría recibido víveres, agua y ropa para poder sostenerse sin ser detectado.
En ese marco, los abogados remarcaron que, a su criterio, la asistencia se habría dado durante varios días, lo que habría permitido que el imputado por femicidio se moviera con más facilidad en la zona rural. También indicaron que, de momento, la causa solo tiene procesados por encubrimiento a Ramos y Flores.
Sobre la posibilidad de que haya más involucrados, Vanni y Pastrana expresaron ante la Justicia que existe la sospecha de que otras personas también pudieron colaborar, aunque aclararon que todavía no hay elementos firmes que permitan atribuirles responsabilidad penal.
Detención en Campo Quijano y eje del expediente por femicidio
La detención de Serapio se concretó en la zona precordillerana de Campo Quijano, luego de varios días de búsqueda. A partir de esa captura comenzaron a conocerse más detalles sobre sus movimientos previos y sobre quiénes lo habrían ayudado en El Alisal, lo que derivó en los actuales cargos por encubrimiento agravado contra sus familiares.
Paralelamente, el expediente principal se mantiene enfocado en la denuncia de femicidio y en el extenso historial de violencia que, según la causa, Natalia Cruz había denunciado antes del crimen. Las actuaciones judiciales dan cuenta de que la mujer relató situaciones de acoso y agresiones durante aproximadamente seis años, con múltiples antecedentes asentados en la órbita judicial.
Los documentos señalan que desde 2020 Natalia presentó cuatro denuncias contra su expareja. La última quedó registrada el 12 de febrero, cuando la víctima informó que Serapio habría incumplido la restricción de acercamiento vigente. Para esa fecha, la separación de la pareja estaba formalizada desde noviembre, pero en el expediente se describe que el hostigamiento continuó pese a la ruptura.
Según surge de las constancias, después de la separación Natalia era seguida e intimidada y el acusado no habría respetado las medidas fijadas por los tribunales. Las actuaciones dejan asentado que la mujer recurrió en reiteradas oportunidades a las vías formales de denuncia.
El día del crimen, de acuerdo con la reconstrucción incluida en el expediente, Natalia se presentó en la comisaría a las 13 para advertir que la consigna policial asignada a la custodia de su vivienda no se encontraba en el lugar, a pesar de que existía una orden judicial que establecía esa vigilancia.
