El caso de narcotráfico que tuvo como condenado a un exjefe de Gendarmería sumó una nueva definición judicial en Salta. El Tribunal Oral Federal N°1 impuso 9 años de prisión efectiva a Carlos Alberto Sorani, exsargento y antiguo responsable del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal”, al considerarlo coautor del transporte agravado de estupefacientes. La causa se vincula con el hallazgo de 161 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Aguaray el 5 de mayo de 2025. El veredicto fue dictado el martes pasado, al cierre de un juicio oral que había comenzado en abril.
La sentencia fue resuelta por unanimidad por las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi. En el debate, la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani sostuvieron que Sorani tuvo un papel central en la coordinación del traslado de la droga. Según la acusación, no actuó como un participante secundario, sino como uno de los organizadores de la maniobra, con conocimiento previo y una intervención directa en la logística del viaje.
Además de la condena principal, el expediente ya había derivado en otras penas para personas señaladas como parte del mismo hecho. Entre ellas están el conductor de la camioneta, su acompañante, otro gendarme y un hombre acusado de haber aportado un galpón para esconder el vehículo. La investigación, apoyada en teléfonos, geolocalización, cámaras y tareas de inteligencia, permitió reconstruir cómo se movió la organización antes del operativo que terminó con el secuestro de la droga sobre la ruta nacional 34.
El fallo por narcotráfico apuntó al rol del exjefe de Gendarmería en la logística
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta entendió que la prueba reunida durante la investigación y expuesta en el debate alcanzó para responsabilizar a Sorani como coautor del transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su condición de funcionario público. La condena quedó fijada en 9 años de prisión efectiva y se conoció el martes pasado, cuando finalizó el juicio oral iniciado en abril.
Al momento de dar los fundamentos, la presidenta del tribunal, Marta Liliana Snopek, sostuvo que la defensa “no pudo desarticular las contundentes pruebas del caso” y calificó la explicación del acusado como “una película que no ha sido probada”. En la misma audiencia, también señaló que la hipótesis de una supuesta conspiración en su contra no tuvo respaldo concreto dentro del expediente.
La jueza agregó que el Ministerio Público Fiscal presentó “un caso sólido, con abundancia de pruebas” y afirmó: “a Sorani le gusta andar al filo de la navaja, y esa navaja se la clava”. A su turno, María Alejandra Cataldi coincidió con esa lectura y dijo que la versión del exgendarme fue “una película que quiso vendernos”. Gabriela Elisa Catalano, por su parte, remarcó que por su función dentro de Gendarmería “debió haber detenido” a Gustavo Ariel Barrios y no reunirse ni trasladarse con él.
Durante su alegato, la fiscalía marcó con dureza el perfil del acusado dentro de la estructura investigada. Las representantes del Ministerio Público Fiscal recordaron que Sorani había trabajado durante años en áreas ligadas a la inteligencia criminal y a investigaciones de narcotráfico. En ese contexto, expresaron: “este experto en inteligencia criminal que juró cuidar la frontera, luchar contra el crimen y la delincuencia, se cruzó de bando e hizo todo lo contrario”.
La investigación reconstruyó el recorrido de la camioneta hallada con 161 kilos de cocaína
El expediente se originó a partir de un procedimiento realizado el 5 de mayo de 2025 en Aguaray. Ese día, efectivos del Escuadrón 54 de Gendarmería detuvieron una Ford Ranger sobre la ruta nacional 34. En la inspección intervino un perro adiestrado, que marcó anomalías en distintas partes del rodado. Luego se descubrió un doble fondo en la caja, entre el respaldo de los asientos traseros y el piso. Allí estaban ocultos 161 kilos de cocaína.
La camioneta era manejada por Oscar Navarro y viajaba con él Gloria Cardozo. A partir de ese operativo, la fiscalía avanzó para determinar si se trataba de un hecho aislado o de una maniobra más amplia. Con el análisis de celulares, estudios de impactos de antenas, tareas de geolocalización y el relevamiento de cámaras públicas y privadas, la pesquisa fue armando una secuencia que, según la acusación, mostró una organización previa y varios intervinientes con tareas diferenciadas.
En esa reconstrucción apareció el nombre de Sorani como uno de los organizadores del traslado. De acuerdo con la acusación, Navarro y Cardozo cumplían el rol de transportistas, mientras que el exgendarme se encargaba de ordenar movimientos, coordinar contactos y seguir de cerca el viaje. También fue ubicado en ese esquema Alexis Aguirre, entonces cabo primero del Escuadrón 52 “Tartagal”, a quien se le atribuyó haber sido incorporado por Sorani a la operación.
La fiscalía señaló además que el proveedor de la droga y presunto jefe de la organización era Gustavo Ariel Barrios, quien tiene pedido de captura nacional e internacional en otra causa por narcotráfico. En tanto, Héctor Horacio Acosta, vecino de Salvador Mazza, fue vinculado con el ocultamiento de la camioneta en un galpón del barrio Ferroviario. Esa estructura, siempre según la investigación, permitió que el vehículo se mantuviera fuera de circulación hasta el momento indicado para el traslado.
Los cruces, los viajes y los mensajes que quedaron bajo análisis
Para la acusación, uno de los primeros pasos concretos de la maniobra ocurrió el 30 de septiembre de 2024. Ese día, Sorani y Aguirre viajaron a la ciudad de Salta y se reunieron con Barrios, que ya estaba prófugo por incumplir un arresto domiciliario. En ese encuentro, según sostuvo la fiscalía, Barrios les entregó la Ford Ranger que después sería usada en el transporte de la cocaína.
La investigación indicó luego que la camioneta quedó primero bajo control de Sorani y después de Aguirre. Como antecedente, durante el juicio se incorporó un procedimiento del 27 de noviembre de 2024 en El Dorado, Misiones, donde Aguirre fue interceptado en un control vehicular y personal de Gendarmería le retuvo la cédula verde porque el rodado no estaba a su nombre. Ese episodio fue valorado como una muestra del uso previo de la camioneta por parte de integrantes de la maniobra.
Otro dato importante surgió de un control del 25 de marzo de 2025 en Aguaray. En ese momento, la Ford Ranger ya tenía un doble fondo recientemente acondicionado, aunque no llevaba droga. Después de ese procedimiento, el vehículo fue llevado al galpón atribuido a Acosta en Salvador Mazza. Ese punto fue considerado relevante porque permitió enlazar la preparación del rodado con su posterior utilización en el traslado que terminó frustrado semanas más tarde.
Siempre según la fiscalía, el 25 de abril de 2025 Sorani viajó con Barrios hasta Morillo en un Chevrolet Cruze de su propiedad. El objetivo de ese movimiento habría sido convencer a Aguirre para que hiciera el transporte. Como el cabo primero se negó, la acusación sostuvo que Sorani recurrió a Navarro para asignarle esa tarea. Esa secuencia quedó integrada dentro de la cronología que mostró cómo se terminó definiendo quién conduciría la camioneta con la carga.
También se analizaron comunicaciones entre Sorani y Navarro durante el recorrido. La fiscalía exhibió mensajes enviados por el exgendarme y borrados de inmediato, lo que generó reclamos del conductor porque no alcanzaba a leerlos. Uno de esos textos fue: “Qué borraste gay…”. Más tarde, cuando Navarro dejó de responder, Sorani insistió con llamadas y nuevos mensajes. Entre ellos se incorporó otro: “Che pedazo de t… contestame el teléfono pues”. Para la acusación, esa insistencia coincidió con el momento en que el transportista ya había sido detenido.
Días después del operativo, el Chevrolet Cruze perteneciente a Sorani fue encontrado abandonado sobre la ruta nacional 34, a la altura del barrio Justo Juez de Salvador Mazza. Ese hallazgo también quedó dentro del expediente como un elemento más para seguir la secuencia posterior al secuestro de la droga.
La causa ya tenía otras condenas y sumó antecedentes antes del juicio en Salta
Antes de la condena contra Sorani, el expediente ya había registrado decisiones judiciales contra otros acusados por el mismo hecho. El 19 de diciembre de 2025, Oscar Navarro fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que Gloria Cardozo recibió 3 años de ejecución condicional. En ambos casos, las penas fueron homologadas por la jueza federal de garantías de Tartagal Ivana Hernández mediante un acuerdo pleno.
Después, el 4 de marzo de este año, Alexis Aguirre fue condenado a 6 años de prisión efectiva, también a través de un acuerdo pleno homologado por la jueza Snopek. Más adelante, el 7 de junio pasado, Héctor Horacio Acosta recibió una pena de 5 años de prisión efectiva. En todos esos casos se los consideró coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado.
Sorani y Aguirre habían sido detenidos el 29 de mayo de 2025. Luego de la audiencia de control de la acusación realizada el 28 de noviembre de ese año, la causa fue elevada a juicio. El debate oral contra el exsargento comenzó en abril y terminó el martes pasado con el veredicto condenatorio dictado por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta.
En su alegato, la fiscalía también expuso el alcance del cargamento secuestrado. De acuerdo con lo señalado en el juicio, la cocaína tenía una pureza del 58%, nivel que permitía producir más de 936 mil dosis para consumo. Además, indicó que el valor estimado de la carga superaba los 2.824 millones de pesos.
Narcotráfico en Salta: condenaron a un exjefe de Gendarmería por un traslado de cocaína en Aguaray
Con ese cuadro probatorio, el tribunal declaró a Sorani responsable como coautor del transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su calidad de funcionario público. La pena impuesta fue de 9 años de prisión efectiva.
