A poco más de dos semanas de la muerte de José “Nity” Cuéllar dentro de una comisaría de Joaquín V. González, la causa penal avanza con el foco puesto en cómo actuó la Policía y qué pasó mientras el vendedor ambulante estuvo encerrado en el calabozo. La familia sostiene que el hombre estaba bajo custodia estatal cuando fue brutalmente golpeado y que la cadena de decisiones que terminaron en su fallecimiento debe ser revisada en detalle. Hay siete detenidos imputados como coautores del homicidio y se esperan peritajes clave para definir responsabilidades.
Muerte en calabozo y hacinamiento extremo en la comisaría
La representación legal de la familia de Cuéllar describe un cuadro de encierro al límite dentro del calabozo donde estaba alojado el hombre antes de su muerte. El abogado querellante, Pedro Brizuela, afirmó que, según los testimonios reunidos, en esa celda de dimensiones reducidas habrían llegado a juntar a decenas de personas en simultáneo. De acuerdo con su planteo, el espacio medía apenas unos pocos metros y, aun así, se habría utilizado para alojar a un número de internos totalmente desproporcionado.
Brizuela señaló que los relatos de detenidos y testigos indican que “había alojado en ese calabozo, que es una celda de dos por dos o tres por dos, 35 personas”, lo que calificó como condiciones “horripilantes”. Además, sostuvo que el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta ya había pasado por esa dependencia y que, durante una inspección ocular impulsada por la querella, se detectaron irregularidades en los esquemas de guardias y controles del personal de la comisaría.
En paralelo, la familia remarcó que hasta ahora no se conocieron pronunciamientos públicos de mandos de la fuerza ni de otras áreas oficiales vinculadas a la seguridad. El abogado indicó que “no hubo declaraciones del comisario, ni de la unidad regional, ni del ministro de Seguridad” y cuestionó que, después del fallecimiento, no se haya dado ningún tipo de respuesta institucional sobre lo ocurrido dentro del calabozo donde el hombre estaba encerrado bajo resguardo de la Policía.
La investigación judicial está a cargo de los fiscales penales de Anta, María Celeste García Pisacic y César Saravia. En el expediente figuran siete reclusos señalados como coautores de homicidio doblemente agravado, bajo la calificación de alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Según la querella, ya se tomaron entre diez y doce declaraciones testimoniales, aunque algunas audiencias debieron reprogramarse por inconvenientes informáticos.
Detención previa, traslados y advertencias antes de la muerte
La secuencia que derivó en la muerte de Cuéllar comenzó cuando recibió una ampliación de denuncia por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor. A partir de esa presentación, el hombre de 52 años quedó detenido durante la noche y fue llevado en un primer momento a la comisaría de Joaquín V. González. Luego, por orden del juez de Garantías Héctor Guzmán, se dispuso su traslado a un destacamento policial de Piquete Cabado, ante el riesgo de agresiones por parte de vecinos que ya lo habían intentado atacar.
Al día siguiente de esa detención, la familia se puso en contacto con Pedro Brizuela para que se hiciera cargo de la defensa. Más tarde, cerca de la tarde-noche, efectivos policiales llegaron a la casa de la hermana de la víctima, Ramona Cuéllar, quien hoy también se presenta como querellante en la causa, para comunicarle oficialmente el fallecimiento. Horas antes, durante la mañana de esa misma jornada, el detenido había sido llevado desde Piquete Cabado nuevamente a Joaquín V. González para el control de legalidad ordenado por la Justicia.
En esa audiencia, de acuerdo con lo que contó el abogado, el propio Cuéllar informó que había sido agredido mientras estaba bajo custodia policial. Brizuela sostuvo que “José Cuellar había sido trasladado de Piquete Cabado a J. V. González para hacer el control de legalidad, durante el cual manifestó que había recibido dos trompadas en la cara por parte de un policía”. El letrado aclaró que los nombres de los efectivos aparecen en la causa, pero no pueden difundirse porque la investigación sigue en curso.
Tras el control de legalidad, el detenido fue llevado a un hospital para una revisión médica. Según la querella, Cuéllar insistió en señalar golpes, mientras que, en paralelo, circula una versión que todavía no fue corroborada de que algunos policías habrían dicho que las lesiones se produjeron cuando lo subían al patrullero. Después del paso por el centro de salud, regresó a la Fiscalía para que se le notificara el decreto de imputación.
El regreso al calabozo de la comisaría y la golpiza fatal
La orden judicial posterior indicaba que el hombre debía ser trasladado otra vez al destacamento de Piquete Cabado. Sin embargo, terminó ingresando de nuevo a la comisaría de Joaquín V. González y fue alojado en el calabozo donde más tarde se produjo la agresión mortal. Brizuela relató que los policías “vienen y lo traen a la comisaría alegando después que no tenían un lugar, algunos dicen que no tenían patrullero para llevarlo, que estaban esperando y lo meten al calabozo”. Según la reconstrucción de la querella, Cuéllar habría permanecido alrededor de una hora encerrado allí antes del ataque.
Con base en testimonios que constan en el expediente, el abogado describió una golpiza feroz dentro de la celda. Afirmó que “le dan una golpiza, lo meten en el baño, le pegan con un palo y no garrotazos, sino con la punta, un palo que no tenía que haber estado ahí en el calabozo”. De acuerdo con ese relato, el hombre fue retirado en estado crítico: “Lo sacan destrozado, los policías lo tratan de reanimar. Dicen que habían llamado al hospital, pero que no había ambulancia y entonces deciden llevarlo en el patrullero, ya en estado inconsciente y fallece”.
En cuanto a las lesiones detectadas, el querellante indicó que ya existe un adelanto del informe de autopsia realizado en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Según explicó, ese examen preliminar marcó múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo y en el cráneo, y se está a la espera del dictamen definitivo. Además, señaló que, según el decreto de imputación, se habrían secuestrado borcegos que pertenecían a personal policial que estaba de turno en la dependencia al momento de los hechos, aunque dijo no tener información sobre si esos efectivos fueron apartados preventivamente.
Consumo de drogas dentro de la comisaría
Mientras sigue la investigación por el homicidio, la querella pidió que se profundice en cómo se habría difundido dentro de la celda la acusación por abuso sexual que pesaba sobre Cuéllar. El abogado planteó que los internos ya sabían del expediente antes de que el hombre fuera ingresado al calabozo de la comisaría y apuntó a que esa información solo podría haber llegado desde afuera. En la causa se analiza si hubo comentarios de personal policial que facilitaron que el resto de los detenidos conociera el motivo de la detención.
Otro punto que se busca aclarar son los testimonios sobre consumo de sustancias dentro de la dependencia. Brizuela indicó que de las declaraciones surge que algunos detenidos mencionaron consumo de pasta base, marihuana y pastillas dentro de la comisaría, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre control y vigilancia en el lugar. Esos dichos se están contrastando con otras pruebas para evaluar su consistencia y determinar si hubo responsabilidades adicionales en cuanto al manejo de los internos.
Respecto del expediente que originó la detención, la querella remarcó que el informe médico legal no habría confirmado la primera acusación. De acuerdo con lo indicado por Brizuela, “el CIF de Salta dijo que (la víctima) no tenía lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal”. Tras la muerte de Cuéllar, la acción penal en su contra quedó extinguida por fallecimiento del imputado, tal como prevé la normativa vigente.
Para la familia del vendedor ambulante, el reclamo central pasa por establecer el nivel de responsabilidad institucional en toda la secuencia, desde los traslados hasta lo ocurrido dentro del calabozo de la comisaría de Joaquín V. González. El abogado señaló que los allegados sostienen que el fallecimiento se produjo cuando el hombre estaba bajo custodia, y que el juez había ordenado que permaneciera en Piquete Cabado pero terminó alojado nuevamente en esa dependencia, donde se produjo la golpiza. La causa continúa su trámite con nuevas medidas de prueba y declaraciones pendientes.
