Los movimientos sociales definieron medidas escalonadas y dejaron abierta la posibilidad de realizar cortes de ruta en distintos puntos del país si el Gobierno no cumple con la cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo. La decisión fue tomada por la UTEP, el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, tras asambleas realizadas en varias provincias. El conflicto gira alrededor de la continuidad de una prestación social que alcanza a más de 926.000 titulares y que, según una orden judicial, debe mantenerse mientras se resuelve el planteo de fondo.
La discusión se concentra en el programa Volver al Trabajo, una de las herramientas que sucedieron al Potenciar Trabajo. Desde hace dos meses, su continuidad está respaldada por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Esa resolución ordenó sostener los pagos hasta que avance la definición judicial del caso.
La Casa Rosada apeló la cautelar y el expediente pasó a revisión de la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano debe continuar con las transferencias correspondientes. Cada titular recibe $78.000 por mes, una suma que las organizaciones señalan como insuficiente y que permanece sin cambios desde el inicio de la gestión libertaria.
El reclamo por Volver al Trabajo y la continuidad de los pagos
La UTEP incorporó al planteo una demanda salarial: que el monto del programa quede vinculado al salario mínimo vital y móvil. Para la organización, la falta de actualización deteriora el ingreso de los trabajadores de la economía popular, sobre todo en un contexto de subas de precios en alimentos, servicios y transporte.
El eventual avance hacia cortes de ruta quedó atado a lo que ocurra con el cumplimiento de la cautelar. Desde el área que conduce Sandra Pettovello afirmaron que no incumplirán la resolución judicial. Si los pagos siguen, la UTEP definirá en los primeros días de julio cómo será una jornada de protesta y qué alcance tendrá en el país.
En cambio, si la medida judicial no se respeta, las organizaciones anunciaron bloqueos en rutas de distintas provincias, algunos sin plazo de finalización. La definición surgió de asambleas realizadas el 9 de junio frente a sedes de las secretarías de Trabajo en todo el país, donde confluyeron la UTEP, sectores de izquierda y el Bloque Nacional Piquetero.
En esas reuniones se utilizó la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, describió el escenario social como “una emergencia social desbordante”. La frase fue planteada en el marco del debate interno de las organizaciones sobre cómo sostener los reclamos en la calle.
Medidas con apoyo sindical y un plan gradual de protesta
El esquema que impulsan las organizaciones no se limita a la continuidad de los programas sociales. También apunta a una coordinación con sindicatos y centrales obreras. Esa línea tuvo un capítulo relevante el 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo, ubicada en Azopardo al 800.
Allí, el triunvirato de la CGT, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, recibió a Alejandro Gramajo. Luego también participaron los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky y Hugo Godoy. La reunión buscó ordenar una agenda común entre gremios y organizaciones territoriales.
En el encuentro estuvieron además confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, CASIA, CSIRA y CATHEDA, junto con gremios docentes universitarios. Los sectores presentes compartieron un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico, con menciones a la pérdida de puestos de trabajo, el debilitamiento industrial y la caída del poder adquisitivo.
De ese intercambio salió la idea de construir un plan de lucha sostenido, gradual y con participación de las organizaciones confederadas. Sin embargo, la conducción de la CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata. La postura cegetista fue avanzar por etapas, para que cada sector pueda presentar sus demandas de manera coordinada.
En paralelo, dirigentes como Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto con Yasky y Godoy, impulsan una presencia más fuerte en la vía pública. Dentro de la UTEP, la proyección incluye una marcha federal que recorra provincias durante varias semanas y finalice en un lugar considerado emblemático por las organizaciones populares.
Agenda de movilización y convocatorias ya fijadas
La primera fecha confirmada es el 26 de junio. Ese día, las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados, ocurridos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La convocatoria será en el Puente Pueyrredón, donde también está previsto un corte en conmemoración de esos hechos. Además, algunas organizaciones planean recorrer comercios y supermercados en los próximos días para pedir alimentos, debido a la escasez que registran en barrios populares. Ese planteo se suma a reclamos anteriores por comedores, una situación que el Gobierno desmiente.
Otra fecha incluida en el calendario es el 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo. La UTEP prepara para esa jornada una movilización multisectorial, en coincidencia con los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada durante el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco.
La organización busca reunir allí a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos. También mantiene conversaciones con la Iglesia, que históricamente acompañó la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
Datos sociales usados como respaldo y reclamos por alimentos
Los planteos de las organizaciones se apoyan también en relevamientos sobre la situación económica de los barrios populares. Un informe de Libres del Sur en la provincia de Buenos Aires indicó que el 86% de los hogares relevados está en situación de estrés económico.
Ese mismo trabajo señaló que el 77% de las familias dejó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero. Además, 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El relevamiento añadió que 8 de cada 10 jubilados afirman que sus haberes no alcanzan para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada, también se refirió al cuadro económico. Ante una consulta de Infobae afirmó: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”.
Castro vinculó el problema de los ingresos con el aumento de tarifas y el encarecimiento de productos básicos. “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”, sostuvo. Luego agregó: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.
Informes sobre situación de calle y condiciones habitacionales
El debate social también se relaciona con un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. El documento advierte que el perfil de las personas que llegan a la calle cambió de manera estructural.
Según el relevamiento, históricamente predominaban los varones adultos solos, pero los referentes territoriales consultados detectaron una mayor diversidad de casos. Entre las personas afectadas aparecen familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares.
La causa más señalada en el informe es la imposibilidad de pagar alquileres en un contexto de desocupación y falta de oportunidades laborales. También se indicó que solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, mientras que el 61,5% no recibe asistencia económica estatal.
El documento agregó que cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A la vez, marcó que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.
El informe analizó además la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021. Según el documento, la norma reconoció a estas personas como sujetos de derecho, aunque su implementación resulta débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento.
El Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, fue señalado en ese informe como un factor que puede aumentar desigualdades territoriales. La coordinación entre centrales obreras también tuvo una instancia en la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo, realizada en Suiza, donde delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y cuestionaron lo que describen como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.
