El abogado Lucas Molinas Grondona fue imputado de manera provisoria en Salta en una investigación por estafa, junto con una mujer también acusada en el expediente. La causa, que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos, reúne una serie de hechos vinculados con presuntas estafas procesales, falsificación de instrumento privado, abuso de firma en blanco y usura agravada. Según informó el Ministerio Público, la pesquisa se apoyó en el análisis de más de 70 expedientes judiciales y en allanamientos realizados el 29 de abril en 19 domicilios, donde se secuestró dinero, pagarés, documentación y otros elementos de interés.
La imputación fue formalizada por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio. Durante la audiencia, tanto Lucas Molinas Grondona como la otra acusada adelantaron que declararán por escrito. Por ahora, el expediente sigue en etapa investigativa y busca establecer hasta dónde llegó la maniobra y qué responsabilidad penal pudo haber tenido cada una de las personas involucradas.
La causa por estafa contra Lucas se activó tras detectar irregularidades repetidas
La investigación comenzó después de que juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos advirtieran anomalías que se repetían en distintas causas. Esas presentaciones tenían un punto en común: intervenía la misma parte actora y también el mismo letrado. A partir de esa alerta, la UDEC avanzó con el relevamiento de expedientes, tareas de campo y cruces de información.
De acuerdo con lo incorporado en el legajo, se revisaron más de 70 expedientes judiciales. En esa tarea aparecieron datos que encendieron sospechas, como domicilios repetidos en causas de personas diferentes, coincidencias entre direcciones atribuidas a demandantes y demandados, además de notificaciones que no se lograban concretar.
Para la fiscalía, esas irregularidades no eran hechos aislados. La hipótesis del caso sostiene que formaban parte de un mecanismo orientado a personas con dificultades económicas. En ese marco, los investigadores intentan determinar si se usó de manera sistemática una modalidad que dejaba a presuntos deudores sin posibilidad real de defenderse dentro de procesos judiciales.
Los imputados habrían usado pagarés y juicios ejecutivos para avanzar sobre bienes e ingresos
Según los elementos reunidos hasta este momento, los acusados habrían captado a personas en situación de vulnerabilidad económica para ofrecerles préstamos informales bajo condiciones abusivas. En ese contexto, siempre de acuerdo con la acusación, se les pedía que firmaran pagarés en blanco.
La sospecha fiscal indica que luego esos documentos eran completados con montos y datos presuntamente falsos o desproporcionados. Con esos pagarés, la maniobra continuaba con la promoción de juicios ejecutivos en los que se denunciaban domicilios inexistentes, ajenos o abandonados, atribuidos a los supuestos deudores.
Ese punto es central en el expediente, porque la fiscalía sostiene que así se impedía una notificación correcta. Como consecuencia, las personas quedaban en estado de indefensión y, en esas condiciones, se habrían obtenido embargos y ejecuciones sin una posibilidad concreta de respuesta. La acusación menciona efectos sobre bienes e ingresos de los afectados.
Los allanamientos y el secuestro de documentación reforzaron las sospechas
Frente al volumen de indicios y ante el riesgo de entorpecimiento de la pesquisa, el Ministerio Público pidió distintas medidas. Entre ellas, se ordenaron allanamientos en 19 domicilios, concretados el 29 de abril. Los procedimientos alcanzaron viviendas particulares, inmuebles mencionados en los expedientes y también un estudio jurídico.
En ese estudio se secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, además de expedientes, documentos y pagarés vinculados con la causa. En el domicilio de la mujer investigada, en tanto, se incautaron cuadernos, carpetas, comprobantes bancarios y un talonario de pagarés en dólares.
Los procedimientos también dejaron al descubierto otras irregularidades en varios inmuebles. Según la información oficial, hubo ocupantes que afirmaron no tener relación con las causas, direcciones que no existían y propiedades abandonadas donde apareció documentación judicial. Todos esos elementos quedaron incorporados al expediente.
FAMOSA BANKIA SAS apareció en la pesquisa y la fiscalía pidió medidas sobre cuentas y viajes
La investigación también alcanzó a una sociedad comercial que, según la fiscalía, habría servido de apoyo para la operatoria bajo sospecha. Se trata de FAMOSA BANKIA SAS, firma en la que Lucas Molinas Grondona figura en el Boletín Oficial de Salta como único socio.
La empresa fue constituida en 2023 y su objeto incluye compraventa, reventa o locación de distintos bienes, entre ellos productos de limpieza, muebles, electrodomésticos, máquinas deportivas, automotores y bicicletas, tanto en el país como en el exterior. Además, quedó habilitada para importar, exportar, financiar operaciones y celebrar contratos comerciales como compraventa, leasing, permuta, mutuo y locación.
En los registros sumados al expediente, la mujer acusada figura como administradora suplente de esa sociedad. En paralelo, también se incorporaron informes patrimoniales que, para los investigadores, mostrarían inconsistencias económicas compatibles con el uso de prestanombres.
Como medidas cautelares, la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario del abogado y de la sociedad comercial. También pidió la prohibición de salida del país para ambos imputados, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados. Durante la audiencia de imputación, ambos acusados adelantaron que declararán por escrito.
