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Ley de Tierras: una decisión de la Corte Suprema reordena el régimen rural

Las operaciones rurales con capital extranjero vuelven a requerir una verificación previa del Registro Nacional de Tierras Rurales.

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Ley de Tierras: una decisión de la Corte Suprema reordena el régimen rural

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este viernes 9 de octubre suspender de manera interina el artículo 154 del DNU 70/2023. Con esa decisión, la Ley de Tierras vuelve a tener vigencia provisoria y la Corte Suprema restableció los controles previos para las operaciones sobre campos que involucren capitales extranjeros. La medida fue dictada mientras continúa el análisis judicial de fondo y el expediente regresará al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.

La resolución alcanza al régimen de adquisición y posesión de inmuebles rurales. A partir de esta cautelar, las transacciones con personas o empresas extranjeras deberán ser revisadas previamente por el Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo encargado de constatar el cumplimiento de los límites establecidos por la Ley 26.737.

El caso llegó al máximo tribunal a través de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie. Además, cuenta con la adhesión de las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, junto con la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. La decisión no resuelve el planteo definitivo, sino que fija una protección transitoria hasta que actúe el juzgado de origen.

La norma que vuelve a aplicarse de manera provisoria

La suspensión del artículo 154 del DNU 70/2023 restituye temporalmente las restricciones previstas en la Ley 26.737. Esa ley fue sancionada en 2011 y reguló la titularidad extranjera de tierras rurales en todo el país, con topes que deben revisarse según cada jurisdicción.

Antes de la medida judicial, el marco incorporado por el decreto de necesidad y urgencia permitía la compra de lotes rurales sin el control específico que establecía la legislación anterior sobre la composición extranjera de la propiedad. Ahora, ese esquema queda frenado de forma interina por orden de la Corte.

La Ley de Tierras fija que la posesión extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural a nivel nacional, provincial o municipal. Por eso, el Registro Nacional de Tierras Rurales deberá volver a intervenir para verificar si las operaciones que incluyen capital internacional se ajustan a esos parámetros.

El fallo fue emitido el 9 de octubre de 2026. Para resolverlo, se incorporaron como conjueces Diego Barroetaveña y Juan Pérez Curci. La posición que sostuvo la medida fue acompañada por los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

El expediente vuelve al Juzgado Federal de Bariloche

La cautelar seguirá vigente hasta que el juzgado analice la legitimación de los actores y el pedido de fondo. La Corte Suprema dispuso remitir las actuaciones al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, donde interviene Leandro Gómez Constella.

Ese juzgado deberá definir, en primer lugar, si quienes promovieron la acción tienen legitimación procesal para impulsar el reclamo. Luego tendrá que examinar la solicitud de medida cautelar planteada en el expediente, que cuestiona la eliminación de los controles sobre la propiedad rural extranjera.

Según fuentes judiciales, la Cámara Federal de La Plata no había sustanciado oportunamente el caso. Por ese motivo, el máximo tribunal ordenó devolver el trámite a la instancia correspondiente, sin dejar sin efecto la protección provisoria dispuesta este viernes.

Los reclamos y la disidencia en la Corte Suprema

El reclamo actual fue presentado luego de un intento anterior que no avanzó por falta de legitimación e interés directo. En aquella oportunidad, la entidad Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no logró que prosperara su acción, según se determinó en el tratamiento previo del conflicto.

En cambio, el expediente actual sumó la participación de la Asociación Civil Árbol de Pie y las adhesiones mencionadas. El planteo sostiene la necesidad de conservar controles administrativos antes de que se concrete el traspaso de dominio de tierras rurales a compradores con capitales internacionales.

La decisión de la Corte Suprema tuvo la postura contraria del ministro Carlos Rosenkrantz. El magistrado consideró que el tribunal era “incompetente y que no se configuraba ninguno de los supuestos excepcionales en que la ley permite dictar una medida cautelar a un tribunal incompetente”.

Rosenkrantz también cuestionó el argumento ambiental utilizado para fundamentar la urgencia. En ese sentido, sostuvo que “la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas”.

La resolución indicó que la medida se mantendrá “interinamente hasta tanto el juzgado referido se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar”.

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