La Ley Penal Juvenil comenzará a aplicarse este sábado 5 de septiembre en Salta y en todo el país. La norma, identificada como Ley 27.801, alcanzará a adolescentes de 14 años que todavía no hayan cumplido 18 y habilitará procesos penales bajo un régimen específico. La crítica del abogado Federico Vanni se concentró en las condiciones que deberán garantizarse en Salta para alojar, asistir y tratar a los jóvenes alcanzados.
El nuevo esquema impide que adolescentes privados de libertad permanezcan con personas adultas y ordena su ubicación en establecimientos especializados. Además, prevé medidas socioeducativas, escolarización, capacitación y abordajes profesionales. Vanni sostuvo que la entrada en vigor no está suspendida, aunque planteó interrogantes por la infraestructura disponible y por los recursos que requiere el sistema.
La Ley Penal Juvenil incorpora responsabilidad desde los 14 años
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Entre los cambios centrales, establece responsabilidad penal para quienes tengan 14 años y no hayan llegado a los 18. Antes de esta modificación, ese grupo etario no quedaba comprendido por la responsabilidad penal.
El texto contempla sanciones de hasta 15 años de prisión para los hechos considerados más graves. Sin embargo, también dispone alternativas a la privación de libertad y medidas que deberán considerar las circunstancias particulares de cada adolescente sometido a un proceso.
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Durante una entrevista en el programa Que Pasa a la Mañana, Vanni indicó que no hay una medida que frene la puesta en funcionamiento del régimen. “¿Esto se puede implementar? No hay nada que esté frenando la implementación. La normativa entra en vigencia y se va a aplicar”, señaló el abogado.
La diferencia entre la responsabilidad penal y la civil
Vanni explicó que la modificación introduce un cambio para adolescentes que antes no podían ser responsabilizados penalmente. A la vez, distinguió este punto de la responsabilidad civil, que, según expresó, corresponde a los padres.
“Hay una aplicación de la normativa penal para los menores que hayan tenido 14 años. Ellos estaban excluidos de la responsabilidad penal, no civil porque se hacen cargo los padres, ahora serán tenidos en cuenta”, afirmó.
La crítica en Salta apunta a los lugares y tratamientos previstos
El planteo del abogado no cuestionó la fecha de entrada en vigencia, sino las condiciones concretas para cumplir el nuevo régimen. En particular, mencionó la necesidad de saber dónde serán alojados los adolescentes y cuáles serán los procedimientos destinados a evitar que vuelvan a cometer delitos.
La ley prohíbe de manera expresa el alojamiento conjunto con adultos. Por eso, una cárcel común no figura como alternativa legal para los jóvenes alcanzados por la norma. El régimen exige instituciones especiales y una separación de los sitios utilizados para personas mayores de edad.
“Van a estar alojados en un lugar especial, por una cuestión obvia, y recién a los 18 años se realizará una evaluación. Pero ahora, ¿qué obras se han inaugurado para incorporar a los chicos al sistema penal? ¿Cuáles son los pasos que van a hacer los abordajes para tratarlos?”, cuestionó.
En Salta, desde el ámbito judicial se sostuvo en distintas oportunidades que los menores no deben estar en espacios de detención compartidos con adultos. También se informó sobre la presencia de equipos profesionales para intervenciones territoriales. El eje señalado por Vanni pasa por la disponibilidad efectiva de edificios, profesionales, programas y recursos específicos cuando ingresen adolescentes de 14 años al sistema penal.
El abogado vinculó esa discusión con la situación de sobrepoblación penitenciaria y con la necesidad de contar con lugares exclusivos para adolescentes. Según indicó, la aplicación de una pena debe ir acompañada por educación, acompañamiento y un tratamiento ajustado a la problemática de cada joven.
“El sistema penal tiene una idea central y la solución no siempre es punitiva. Se los quiere reinsertar para que no sigan cometiendo delitos”, expresó.
Sobre las consecuencias de no contar con esas herramientas, Vanni sostuvo: “Si voy a los niños y digo no hay herramientas o recursos, donde una pena menor pase a los 15 a los 18 años, ese chico que no le di el abordaje adecuado va a ser esto que termina siendo una escuela criminal y va a salir a la calle a seguir cometiendo delitos porque no lo abordé como debí abordar. No deja de ser un niño que debo escolarizar, lo tengo que educar, al que tengo que acompañar y entender la problemática que tiene”.
La Ley 27.801 establece que, desde este sábado 5 de septiembre, los adolescentes de 14 años podrán afrontar procesos penales bajo el nuevo régimen. Toda privación de libertad deberá cumplirse en espacios separados de las personas adultas y en establecimientos especializados.
