La Ley Penal Juvenil comenzará a regir el 5 de septiembre de 2026 y habilitará un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años en Argentina. Ante la inminente aplicación de la Ley 27.801, el psicólogo Matías Zurita analizó sus alcances, planteó reparos sobre el enfoque de la norma y puso en duda si el sistema judicial cuenta con la preparación necesaria para ejecutarla.
La norma fue sancionada el 27 de febrero de 2026 y luego se publicó en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su vigencia quedó fijada para después de un plazo de 180 días previsto en el texto legal.
Zurita, especialista en familias, se refirió al tema durante una participación en el programa Que Pasa al Mediodía. Allí sostuvo que el debate no tendría que agotarse en la edad desde la cual un adolescente puede ser responsabilizado por un delito.
el debate por los derechos de las adolescencias
El psicólogo consideró que la reforma modifica la manera de abordar a niños, niñas y adolescentes dentro del sistema de derechos. Según explicó, la discusión también involucra el lugar que ocupan las juventudes en la sociedad y las respuestas que se construyen ante los hechos delictivos.
“Desde una mirada de derechos, me parece que esto implica un retroceso en la forma de pensar las adolescencias. Puede traer cuestionamientos legales por su implementación en relación con los convenios internacionales sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
El especialista señaló que, a su criterio, el régimen no acompaña el paradigma que reconoce a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos. Además, propuso poner el foco en la finalidad que tendrá la legislación.
“Me parece que es una medida legal que no va con el nuevo paradigma de pensar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Lo importante sería preguntarnos cuál es el objetivo de la ley”.
La mirada sobre los adolescentes de 14 y 15 años
Zurita vinculó la nueva norma con una problemática social que requiere analizar las condiciones de vida de cada adolescente. Al hablar de los jóvenes de 14 y 15 años involucrados en delitos, planteó que las estadísticas permiten dimensionar el contexto en el que se inscribe la ley.
“Cuando uno mira las estadísticas, entiende que la ley viene a legislar sobre una problemática social. Al analizar los actos delictivos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años, también hay que preguntarse qué mirada tenemos sobre esas juventudes”.
Las dudas sobre el sistema que aplicará la Ley 27.801
El profesional advirtió que la intervención no debería comenzar recién cuando un caso llega a la Justicia. En ese sentido, mencionó la importancia de observar las condiciones familiares, educativas, económicas y comunitarias que atraviesan a niños y adolescentes.
Para Zurita, también corresponde revisar los factores que pueden colocar a un menor en una situación de riesgo vinculada con el delito y el entramado social presente detrás de cada caso.
“También tendríamos que preguntarnos qué genera el problema y qué pone a un niño o adolescente en una situación de riesgo vinculada al delito. Eso obliga a mirar el entramado social que hay detrás”.
Otro punto de su análisis estuvo centrado en el sistema penal que deberá llevar adelante el nuevo régimen desde el 5 de septiembre. Zurita manifestó que desconoce si las instituciones tienen la preparación adecuada para esa tarea.
“Tenemos un sistema penal que será el encargado de ejecutar esto. Desconozco si tiene la preparación adecuada”.
El Gobierno nacional inició capacitaciones destinadas a magistrados, funcionarios y empleados judiciales para preparar la implementación de la Ley 27.801. Sobre la reinserción, Zurita sostuvo: “Tengo una mirada crítica del sistema penal tradicional. Si no funciona con los adultos, ¿qué nos puede asegurar que funcione con los menores? Es cuestionable porque intervienen muchos factores y la reinserción no depende solamente de una sanción”.

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