El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de Ley de Discapacidad que cambia de manera amplia el sistema de pensiones por invalidez. La propuesta incluye reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios, nuevos controles sobre la información médica, económica y laboral, y también una redefinición de los montos y condiciones para conservar la ayuda estatal. El texto, presentado este martes 21 de abril, empezó su camino en el Congreso en medio de cuestionamientos por la aplicación de la emergencia vigente y con reclamos de sectores ligados a la discapacidad.
Entre los puntos más discutidos, la iniciativa del Gobierno sobre la Ley de Discapacidad dispone que cada titular de pensión por invalidez deberá volver a acreditar su situación. Si ese trámite no se cumple, el proyecto prevé consecuencias directas sobre el beneficio. Además, incorpora cruces de datos con organismos públicos para detectar incompatibilidades o inconsistencias, habilitando suspensiones preventivas con derecho a defensa y proceso.
La propuesta también fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, elimina adicionales que estaban contemplados y endurece la relación entre pensión y empleo formal. A la vez, deroga artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 y reorganiza la administración de fondos y prestaciones, por lo que ya quedó instalada una fuerte discusión parlamentaria y social.
La Ley de Discapacidad del Gobierno pone el foco en un reempadronamiento total
Uno de los ejes centrales del proyecto es que todas las personas que hoy cobran una pensión por invalidez deberán pasar por un nuevo proceso de verificación. No se trata de un grupo acotado ni de casos puntuales: el alcance, según el texto, es general para todos los titulares del beneficio.
Ese reempadronamiento obligará a volver a presentar y acreditar la condición médica, la situación socioeconómica y los antecedentes laborales. La iniciativa fue girada al Senado bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, una denominación que ya marca el enfoque con el que el Gobierno decidió impulsar la nueva Ley de Discapacidad.
El proyecto detalla además qué puede pasar si una persona no completa ese trámite. La redacción citada en el texto original indica: “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. En la misma línea, agrega que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.
La discusión no se limita a la presentación de papeles. También aparece una revisión completa del modo en que se otorgan y sostienen estas pensiones. Eso supone un cambio respecto de la normativa que había ampliado el universo de beneficiarios a partir de un criterio más amplio de discapacidad y no únicamente de invalidez laboral.
El Gobierno suma controles de datos y prevé suspensiones preventivas
Junto con el reempadronamiento, el proyecto incorpora un esquema de fiscalización más fuerte sobre los pedidos nuevos y sobre beneficios ya concedidos. Para eso, prevé cruces de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. La intención oficial, según surge del texto, es detectar incompatibilidades o inconsistencias en la información declarada.
Si de esos cruces aparece alguna observación, la propuesta habilita una suspensión “preventiva” de la pensión. El mismo texto aclara que esa medida se aplicaría ante incumplimientos objetivos detectados por ese sistema de control, aunque con derecho a defensa y proceso. Es decir, la suspensión no queda planteada como una sanción definitiva inmediata, pero sí como una medida previa mientras se revisa la situación.
Ese punto es uno de los que más ruido genera porque combina varios factores al mismo tiempo: revisión masiva, chequeo de antecedentes y posibilidad de corte del cobro mientras se analiza el caso. En paralelo, el proyecto vuelve a centrar el sistema en la acreditación de la incapacidad bajo una lógica más restrictiva que la que había tomado la legislación modificada en los últimos años.
La iniciativa llega, además, mientras siguen los reclamos por la marcha del área de discapacidad y cuando todavía persisten denuncias por incumplimientos sobre la emergencia vigente. En ese cuadro, el envío del proyecto reabre una discusión que ya venía cargada de tensión por el funcionamiento del sistema, los pagos y la cobertura de las prestaciones.
Montos, trabajo formal y beneficios que quedarían eliminados
Otro cambio fuerte aparece en el aspecto económico. La propuesta fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Al mismo tiempo, elimina la posibilidad de otorgar aumentos vinculados con invalidez laboral y zona geográfica desfavorable, dos componentes que estaban contemplados en el esquema actual.
En materia laboral, el texto avanza todavía más. El proyecto establece una “incompatibilidad absoluta” entre la pensión y cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. Si se aprueba, quedaría sin efecto la posibilidad de que una persona con discapacidad conserve el beneficio mientras accede a trabajo registrado.
La propuesta también alcanza a programas vinculados con la inclusión laboral. Según el texto difundido, se eliminan previsiones relacionadas con incentivos para organizaciones y empresas que contraten personas con discapacidad. Esa decisión se suma a un endurecimiento general de las condiciones de acceso y permanencia dentro del sistema.
Además de las pensiones, la iniciativa modifica el modo en que se actualizarían los valores y aranceles. El sistema vigente contempla ajustes trimestrales o por IPC en caso de demoras e incluso una compensación de emergencia atada al índice de precios para prestadores. En la nueva redacción oficial, esa actualización automática trimestral por IPC deja de estar prevista y se reemplaza por otro mecanismo general de determinación de valores.
La nueva Ley de Discapacidad avanza sobre la emergencia vigente y arranca en el Senado
El texto enviado por el Gobierno no sólo crea reglas nuevas, sino que también propone borrar partes de la legislación actual. En concreto, impulsa la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Ese punto aparece como uno de los núcleos políticos más delicados de toda la iniciativa.
La comparación entre ambas normas muestra un giro claro. Mientras la ley vigente había extendido el alcance de la cobertura y sostenía criterios más amplios para contemplar la discapacidad, el proyecto ahora remitido al Congreso vuelve a una definición más cerrada y material de la prestación. En el texto base se advierte incluso que “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.
A eso se suma una reorganización de la estructura de financiamiento y de la administración de prestaciones. La iniciativa habilita convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para repartir y administrar fondos. Según la descripción incluida en el proyecto, ese diseño “elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga”.
El expediente ingresó por el Senado de la Nación y no por Diputados. De acuerdo con lo consignado en el texto original, esa elección responde a una evaluación política sobre mayores posibilidades de reunir mayoría en esa cámara. Sin embargo, el arranque parlamentario también anticipa discusiones con sectores que habían acompañado el año pasado la emergencia en discapacidad.
Ley de Discapacidad: el Gobierno activó en el Congreso una reforma que cambia pensiones, trabajo y controles
El envío de la propuesta se produjo, además, mientras sigue bajo investigación un supuesto pago de coimas en el área y en un escenario de crisis política que, según el texto original, derivó en la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con ese telón de fondo, el proyecto ya quedó formalmente en manos del Senado para su tratamiento.
