La Ley del Libro, denominada formalmente Ley de Defensa de la Actividad Librera, continuará vigente porque el Congreso no tratará por ahora el anteproyecto que buscaba eliminar el precio fijo de los libros. El presidente Javier Milei afirmó que la iniciativa elaborada desde el Ministerio de Desregulación “no entró ni va a entrar” al Parlamento. La definición se conoció luego de los cuestionamientos de libreros, editores y representantes del sector, quienes alertaron sobre el posible efecto de una apertura total de la competencia por precios.
La propuesta apuntaba a quitar la obligación de vender cada ejemplar al valor establecido por su editorial. De haberse aprobado, librerías, cadenas, supermercados y plataformas digitales podrían haber aplicado descuentos, promociones u otras modalidades comerciales sobre los libros. Desde el área encabezada por Federico Sturzenegger habían sostenido que la medida buscaba facilitar el acceso de los lectores a precios más bajos.
Sin embargo, el proyecto quedó fuera de los textos disponibles para discusión legislativa. Patricia Bullrich había señalado que el bloque priorizaría medidas de otra naturaleza y sostuvo que la intención era “avanzar hacia medidas más estructurales”. Sobre los rubros alcanzados por la iniciativa, remarcó: “Farmacias y librerías no lo son”.
La Ley del Libro continuará vigente sin cambios
La exclusión del anteproyecto de la agenda legislativa mantiene en vigencia el sistema de precio fijo. Ese régimen establece que el editor define el importe de venta de cada libro y que ese valor es el único habilitado para su comercialización. En el ambiente editorial se lo conoce como Ley de Precio Fijo, aunque integra la Ley de Defensa de la Actividad Librera.
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Milei atribuyó la definición a la mesa política del Gobierno y descartó diferencias internas sobre el tema. “La agenda legislativa se decide en la mesa política. La mesa política determina cuál es la mejor estrategia de implantación”, explicó. Además, afirmó: “Hay perfecta consonancia en el proceso decisorio”.
El 12 de agosto, voceros del Ministerio de Desregulación indicaron que “no hay nada definido” respecto de la ley. Esa posición fue comunicada después de que se conociera la declaración de Bullrich, quien había dicho que la derogación “en este momento no está ni en el Congreso ni está en ningún proyecto que podamos debatir”.
Desde las oficinas de Sturzenegger precisaron que esa definición debía entenderse en un sentido concreto: la propuesta no formaba parte de ningún proyecto parlamentario listo para ser tratado. Según reconocieron, la iniciativa “no está en ningún proyecto en el Congreso que se pueda debatir hoy”.
La cartera de Desregulación había explicado días antes que el objetivo central era bajar el precio de los libros. “El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograr esto, lo que hace es eliminar una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales”, señalaron desde el ministerio.
El Congreso recibió los planteos de libreros y editores
Representantes de las librerías independientes llevaron su rechazo a la modificación de la norma a la Cámara de Diputados. El 11 de agosto, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes participaron de una reunión de la Comisión de Cultura para explicar sus objeciones. La presentación formó parte de las gestiones iniciadas por el sector editorial desde julio para acercar sus posiciones a las autoridades.
Quienes defienden el régimen actual sostienen que el precio único evita que empresas con mayor capacidad económica ofrezcan rebajas fuertes sobre los títulos más vendidos y atraigan compradores que habitualmente concurren a librerías pequeñas. También plantean que esos comercios suelen sostener catálogos variados, con obras de menor tirada que no siempre tienen gran circulación.
Juan Pablo Armenio, integrante de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, mencionó recientemente el caso de Inglaterra. En diálogo con este medio, indicó que la desregulación aplicada allí derivó en el cierre de 500 librerías. Según relató, también se redujo la participación de mercado de los comercios chicos y aumentó el precio de los libros, salvo en los best sellers, cuyos valores bajaron.
Las objeciones no provinieron únicamente de librerías independientes. Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo ILHSA, propietario de Yenny y El Ateneo, expresó reparos en una entrevista con Forbes. “Para los supermercados el libro debe ser el 0,5% de las ventas. Lo pueden regalar sin ningún problema. Este país, que se caracteriza por tener muchas librerías, pasaría a tener un negocio que agonizaría”, sostuvo.
De Vincenzi también mencionó la eventual participación de grandes plataformas de venta. “Me imagino a los supermercados o a Mercado Libre jugando en este mercado y rompiéndolo en dos segundos. Hoy ya tenemos problemas con Mercado Libre, porque su plataforma está hecha para favorecer el precio más barato”, afirmó.
Las diferencias dentro del sector editorial sobre el precio fijo
Si bien hubo rechazo a la derogación, algunos editores y libreros admitieron que la legislación podría revisarse. Voces del ámbito editorial señalaron, sin identificarse públicamente, que el régimen vigente no responde por completo a los cambios tecnológicos ni a los nuevos hábitos de consumo. Aun así, distinguieron una posible actualización de una eliminación total de la regulación.
Víctor Malumián, responsable de la editorial Godot y organizador de la Feria de Editores, planteó esa diferencia luego de que el encuentro terminara con casi 40.000 visitantes en 4 días. “¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo”, expresó.
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, también describió posturas distintas dentro de la actividad. “Hay quienes entienden que la ley debe seguir como está y otros que creen que sería beneficiosa una modernización de la ley actual, ya que desde su implementación han aparecido nuevos formatos y cambios en los hábitos de consumo”, afirmó.
Otros representantes editoriales destacaron que los descuentos pueden impulsar las ventas, aunque advirtieron sobre una competencia intensa entre los canales comerciales. Uno de ellos señaló que, ante una disputa fuerte por precios, podría crecer la venta digital frente a los locales físicos por los costos de alquiler, personal y funcionamiento.
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El Ministerio de Desregulación había indicado que estaba dispuesto a dialogar con los sectores involucrados y que los lectores debían ser considerados en esa discusión. Mientras el anteproyecto permanezca fuera del Congreso, la Ley de Defensa de la Actividad Librera seguirá vigente.
