La justicia comercial decretó la quiebra de Garbarino, dispuso el cierre inmediato de lo que quedaba de la cadena de electrodomésticos y puso en marcha la liquidación completa de sus bienes, luego de más de cuatro años de trámite concursal sin acuerdos ni ofertas firmes de salvataje. La resolución, firmada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, abarca también a la marca Compumundo y pone fin a la operatoria de un grupo que llegó a manejar más de 200 sucursales y miles de empleos en todo el país.
El fallo indica que ya no se dan las condiciones para mantener abierto el concurso preventivo iniciado en noviembre de 2021 y ordena el cese total de actividades comerciales. A partir de ahora, se abre la etapa falencial, con inventario detallado de activos, remates y distribución de lo recaudado entre bancos, proveedores y ex empleados que reclaman sus créditos desde 2021.
Además de los locales y el stock, el proceso incluye la venta de activos intangibles, como las marcas Garbarino y Compumundo, que seguirán en el mercado solo si aparecen inversores interesados en relanzarlas bajo nuevas estructuras empresariales. El expediente también suma plantas fabriles en Tierra del Fuego y negocios vinculados como la financiera Fiden y Garbarino Viajes.
La Justicia comercial cierra el concurso y abre la etapa de quiebra
La decisión central del juzgado fue dar por terminado el concurso preventivo de Garbarino, tramitado desde noviembre de 2021, y reemplazarlo por la etapa de quiebra y liquidación total del patrimonio. El juez Fernando D’Alessandro sostuvo en su resolución que la compañía no alcanzó los apoyos necesarios de sus acreedores ni consiguió propuestas viables de inversión para continuar operando.
Con esta medida, se confirma el cese definitivo de la actividad comercial de la histórica cadena, que en su mejor momento superó las 200 sucursales y llegó a emplear a 4.500 trabajadores en todo el país. En el momento de la resolución judicial, sin embargo, el mapa era muy distinto: solo quedaban tres locales abiertos, reflejando un proceso de achique que se venía profundizando desde hacía más de seis años.
La sentencia establece la continuidad de la inhibición general de bienes de la sociedad, lo que significa que la firma no puede disponer libremente de su patrimonio. Todo lo que Garbarino posea, tanto en bienes físicos como derechos comerciales, quedará bajo el control de la sindicatura para su ordenada liquidación y posterior distribución entre los distintos acreedores.
Desde el punto de vista formal, se trata del cierre de una etapa que había comenzado con expectativas de reordenamiento financiero. Sin embargo, las gestiones en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras no dieron resultados y el propio tribunal consideró agotadas las herramientas para evitar la quiebra.
Liquidación de activos: marcas, plantas y negocios vinculados
Con la quiebra de Garbarino ya decretada, el siguiente paso será que la sindicatura elabore un inventario completo de todos los bienes del grupo. Ese listado incluirá edificios, equipamiento, mercadería, créditos a cobrar y también activos intangibles. Entre estos últimos se destacan las marcas Garbarino y Compumundo, que, pese a la caída de la empresa, todavía mantienen un alto nivel de conocimiento entre los consumidores.
Según la resolución, estos nombres comerciales serán puestos a remate dentro del paquete de activos disponibles, con el objetivo de sumar fondos para afrontar las deudas acumuladas. Las marcas Garbarino y Compumundo se convierten así en piezas clave de la estrategia de liquidación, porque podrían atraer a eventuales inversores que busquen aprovechar su posicionamiento en el mercado bajo otra estructura empresarial.
El proceso también abarca las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, que fueron parte del esquema productivo del grupo como bases de ensamblado de productos electrónicos. Actualmente, ambas se encuentran paralizadas, lo que vuelve más compleja su administración y eventual venta dentro de la etapa falencial, sobre todo por su localización y características operativas.
A esto se suma la desarticulación de otras unidades de negocio ligadas a la vieja estructura de la compañía. En el expediente se unifican los remanentes de la financiera Fiden y los activos de Garbarino Viajes, la división de turismo cuya quiebra ya había sido dispuesta a mediados del año pasado. La idea del juzgado es concentrar todos esos recursos en una única masa para ser repartida, en la medida de lo posible, entre los acreedores verificados.
El fracaso del salvataje y la quiebra de Compumundo
El desenlace actual se terminó de definir después del fracaso del mecanismo de salvataje conocido como cramdown, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras. Esa herramienta habilitaba la entrada de un tercero para tomar el control de la empresa y presentar un plan de pagos distinto al original, con la intención de evitar la declaración de quiebra y preservar algo de la operatoria.
Durante esa etapa, la firma Vlinder se anotó en el registro oficial para evaluar la compra de las acciones de Garbarino y elaborar una propuesta de reestructuración. No obstante, el plazo de cinco días otorgado por el tribunal en agosto venció sin que se presentara ninguna oferta formal, por lo que el proceso quedó sin interesados y la justicia decidió avanzar con la declaración de quiebra.
La imposibilidad de conseguir un rescate afectó también al negocio informático del grupo. Compumundo terminó alcanzada por el mismo criterio de quiebra aplicado a la cadena principal, luego de varios intentos fallidos de venta. Ya en 2021 se había intentado transferir el 51% del paquete accionario de esa marca mediante una subasta pública, con un precio base de $58 millones, pero la licitación quedó vacía al no presentarse compradores.
Ese antecedente fue una señal clara de la falta de interés inversor en sostener el esquema tradicional del grupo. A partir de allí, los esfuerzos por mantener viva la operación fueron perdiendo fuerza, y el expediente concursal fue acumulando informes que daban cuenta de la caída sostenida de la empresa en sus distintos frentes de negocio.
Años de crisis, despidos masivos y cambio de dueños
El camino hasta la quiebra de Garbarino no se explica solo por la instancia judicial reciente. La empresa venía arrastrando una crisis prolongada, de más de seis años, que se tradujo en cierres de sucursales, reducción de personal y pérdida de participación en el mercado. De una red con presencia extendida en todo el país, pasó a operar apenas tres locales, un recorte que mostró la profundidad del deterioro operativo y financiero.
En el plano laboral, el conflicto tuvo un punto de inflexión en noviembre de 2021, poco antes del inicio del concurso preventivo. En esa fecha, la compañía envió 1.800 telegramas de despido a trabajadores que ya venían de atravesar meses con los locales cerrados y sin cobrar salarios. Ante esa situación, y luego de los reclamos de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria por quince días, que suspendió de manera provisoria la efectividad de las cesantías mientras se buscaban alternativas.
Ese episodio, marcado por una alta conflictividad laboral, quedó identificado como uno de los momentos que aceleraron el desgaste de la cadena, al combinar la caída en las ventas con juicios, reclamos y obligaciones impagas hacia el personal. Con todo, los intentos por revertir el rumbo ya venían complicados desde antes, incluso con cambios en la conducción empresaria.
Unos meses antes de la intervención de la cartera laboral, el paquete mayoritario de acciones había pasado a manos de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof y dirigente de San Lorenzo en ese período. Rosales tomó el control de la empresa en junio de 2020 con un plan que contemplaba mantener entre 10 y 15 locales en funcionamiento, pero la situación financiera heredada, sumada al impacto de la pandemia de COVID-19, impidió cumplir esos objetivos y dejó al grupo en una posición cada vez más frágil.
Otro capítulo clave se dio en abril de 2021, cuando se abrió una negociación de venta encabezada por Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard. Esa fue la única propuesta concreta que llegó a perfilarse para comprar la empresa completa, pero la operación se cayó antes de concretarse y Garbarino quedó sin un comprador capaz de inyectar capital nuevo y encarar un saneamiento de pasivos.
Sin inversores de peso, con una red comercial reducida al mínimo y con un frente laboral fuertemente tensionado, el juzgado terminó concluyendo, en el tramo final del expediente, que no existía margen real para continuar con el concurso preventivo. De esa forma, la justicia comercial dictó la quiebra, ordenó el cierre total de la cadena y habilitó la liquidación de todos los bienes del grupo para atender, según disponibilidad de fondos, los reclamos de acreedores y ex empleados.
