La Corte de Justicia de Salta oficializó nuevas reglas para el sistema de Juicios por Jurado en la provincia, con eje en el resguardo de la identidad de los ciudadanos que integran los jurados populares. A través de la acordada 14606 se establecieron límites estrictos al registro de imágenes, audios y cualquier dato que permita identificarlos durante las audiencias orales. Las disposiciones alcanzan a todos los participantes y asistentes a los debates, incluidos medios de comunicación y fuerzas de seguridad.
De esta manera, Salta profundiza el esquema de participación ciudadana en la justicia, pero bajo un protocolo que prioriza la reserva de quienes deben deliberar y emitir veredicto. Según se informó desde el máximo tribunal, el objetivo es evitar presiones externas y eventuales condicionamientos sobre las personas convocadas como jurados. Además, la acordada introduce pautas específicas para el uso de recursos audiovisuales en las salas de audiencia.
Estas decisiones se dan en el marco de la implementación del modelo de juicio por jurados en la provincia, que ya tuvo experiencias concretas y causas resonantes. En ese contexto se reafirmó que la publicidad de los procesos deberá compatibilizarse con la protección de los datos personales de los ciudadanos que intervienen como jurados populares.
Las nuevas reglas para los juicios por jurado en Salta
El protocolo aprobado por la Corte establece que, en los Juicios por Jurado de Salta, queda prohibida la captura de imágenes, grabaciones de audio o cualquier registro que permita reconocer a los integrantes del jurado popular. La restricción no solo rige para los jueces y funcionarios, sino también para periodistas, efectivos policiales y público en general que ingrese a la sala.
La acordada 14606 dispone que ningún actor del proceso ni asistente podrá difundir datos que revelen quiénes son los ciudadanos que integran el jurado. La limitación incluye nombres, primeros planos, planos generales que permitan identificarlos, documentos, listados u otros elementos que puedan exponer su identidad antes, durante o después de las audiencias.
Al mismo tiempo, se fijan reglas claras para la presencia de cámaras, celulares u otros dispositivos tecnológicos dentro del recinto. La utilización de esos equipos deberá organizarse de modo tal que la cobertura periodística no vulnere las restricciones ligadas a la identificación del jurado. Así, el protocolo busca que la transmisión de información sobre los juicios se mantenga, pero con un cerco estricto alrededor de la figura del ciudadano jurado.
Por qué se refuerza la reserva de identidad de los jurados
Desde la Corte de Justicia se subrayó que la finalidad central de las nuevas pautas es que los integrantes del jurado popular puedan deliberar con total independencia. La exposición pública de los datos personales de los jurados se considera un factor que puede influir en su tranquilidad y en la forma en que analizan las pruebas, algo que, a criterio del tribunal, podría repercutir de manera directa en el veredicto.
Con este refuerzo normativo, se intenta minimizar el riesgo de presiones, contactos indebidos, hostigamientos o lecturas sociales previas sobre quienes deben votar culpabilidad o no culpabilidad. El resguardo de la identidad se presenta, así, como una condición clave para que los ciudadanos convocados acepten el rol con mayor seguridad y para que su actuación esté centrada exclusivamente en el expediente y en lo que se oye en la sala.
Las autoridades judiciales remarcaron que estas decisiones se inscriben dentro del proceso de puesta en marcha del sistema de juicio por jurados en Salta. La idea es combinar la apertura hacia la comunidad con mecanismos de protección que cuiden la vida privada de las personas sorteadas para integrar estos cuerpos de decisión.
Un antecedente clave en la provincia con jurado popular
En este esquema de Juicios por Jurado en Salta, ya se concretó un proceso que marcó un hito en la provincia: un jurado popular declaró culpable a Víctor Márquez por el femicidio de Dalma Salomé Bataches. Ese debate oral se transformó en un antecedente relevante para la aplicación del modelo con participación ciudadana, tanto por la gravedad del caso como por la dinámica del juicio.
A partir de experiencias como esa, la Justicia provincial avanzó ahora con reglas más detalladas para el funcionamiento del sistema, especialmente en lo que hace a la protección de los jurados. Con las nuevas pautas vigentes, cualquier futuro debate con jurado popular deberá ajustarse a estas limitaciones en materia de registros audiovisuales e información sobre la identidad de los ciudadanos que integren el cuerpo deliberativo.
