El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta sigue un juicio por narcotráfico contra siete personas acusadas de integrar una organización dedicada al traslado de cocaína. La causa abarca dos procedimientos realizados en 2024, con un total de 334 kilos secuestrados en rutas de la provincia. Entre los imputados hay dos gendarmes en actividad, señalados por la fiscalía como parte clave del esquema de transporte ilícito. El debate oral, que comenzó en diciembre, se retomará en febrero con la producción de pruebas y testimonios clave.
En Salta se desarrolla un importante juicio por narcotráfico contra siete sospechosos acusados de integrar una banda dedicada al transporte de cocaína. El caso, que tramita ante el Tribunal Oral Federal N°2, se centra en dos operativos concretos ocurridos en rutas provinciales durante 2024, donde se incautaron en total 334 kilos de droga. Según la acusación, la estructura estaba organizada para mover cargamentos a gran escala y habría contado con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional.
El proceso oral comenzó el 19 de diciembre pasado y está a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, referente del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. Lo acompañan en la acusación la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Facundo Saravia, quienes intervienen en la presentación y análisis de las pruebas reunidas durante la investigación.
Tras dos días de audiencia en diciembre, el tribunal dictó un cuarto intermedio y fijó la reanudación del debate para febrero, cuando se prevé avanzar con declaraciones de testigos, pericias y documentación que buscarán sostener la hipótesis fiscal sobre el funcionamiento de la presunta organización de narcotráfico.
Roles, imputaciones y penas en el juicio por narcotráfico
Según el requerimiento presentado, el Ministerio Público Fiscal imputó a Jonathan Leonel Ostapowicz, Richar Ariel Delgado, Diego Hernán Delgado, Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza y Adrián Emilio Escarlata como presuntos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas. La fiscalía sostiene que todos ellos habrían integrado una estructura criminal orientada específicamente al narcotráfico de cocaína mediante traslados en vehículos particulares.
En la misma causa, Federico Rubén Batista fue acusado como partícipe necesario, mientras que a Francisco Agustín Flores se lo señaló como partícipe secundario. Esta diferencia de calificación implica, de acuerdo a lo explicado en la apertura del debate, distintos niveles de intervención dentro del supuesto esquema delictivo, aunque todos se encuentran sometidos al mismo proceso oral.
Durante la primera audiencia, la representación fiscal expuso su teoría del caso y adelantó la prueba que pretende incorporar, entre ellas pericias sobre los vehículos, comunicaciones y tareas de investigación realizadas tras los secuestros de droga. De acuerdo con lo planteado ante los jueces, la escala penal prevista para este tipo de delitos va de 6 a 20 años de prisión.
La acusación ubica a Ostapowicz y a Escarlata como quienes habrían tenido funciones de conducción dentro del grupo, mientras que al resto se los considera ejecutores de distintas tareas vinculadas al transporte y la logística. Además, se destacó que varios de los imputados mantenían o habían mantenido relación con Gendarmería Nacional, lo que será analizado a lo largo del juicio.
En el caso de Federico Batista y de Diego Delgado, la situación aparece agravada debido a que, al momento de los hechos, ambos se desempeñaban como gendarmes en actividad con jerarquía de cabo primero. Para la fiscalía, ese rol les habría permitido facilitar determinados movimientos vinculados al traslado de los cargamentos atribuidos a la banda.
Dos operativos clave y 334 kilos de cocaína secuestrados
El expediente por narcotráfico se apoya principalmente en dos procedimientos. El primero se registró el 19 de mayo de 2024, cuando personal del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional realizaba un control sobre la ruta provincial N°5, a la altura de General Pizarro, en el departamento Anta. En ese operativo fue detenido el gendarme Diego Hernán Delgado, quien manejaba una camioneta Volkswagen Amarok.
Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron 302 kilos de cocaína distribuidos en 293 paquetes ocultos en su interior. La droga fue secuestrada en el lugar y ese hallazgo disparó una serie de medidas investigativas, entre ellas análisis de comunicaciones, seguimientos y cruces de información que, según la fiscalía, permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la estructura investigada.
Entre las conclusiones preliminares, el Ministerio Público Fiscal señaló que la camioneta utilizada en ese transporte habría sido trasladada desde Misiones hasta Buenos Aires por el gendarme Federico Rubén Batista. Este uniformado fue detenido en octubre pasado, acusado de haber colaborado de forma directa con la maniobra atribuida al grupo.
El segundo procedimiento incorporado a la causa tuvo lugar el 26 de octubre, en la zona de El Naranjo. Allí, fuerzas de seguridad interceptaron el vehículo conducido por Adrián Emilio Escarlata. Durante la revisión se detectaron 31 kilos de cocaína escondidos dentro del neumático de auxilio, por lo que también quedó detenido y se sumó otro cargamento a la causa.
Luego de esta interceptación en El Naranjo, al día siguiente fueron arrestados otros dos de los acusados en la ciudad de Orán, en el norte salteño. Con el avance de la pesquisa, ya en febrero se concretaron las detenciones de Jonathan Leonel Ostapowicz en Misiones y de Richar Ariel Delgado en Corrientes, cerrando así el grupo de siete imputados que hoy se sientan en el banquillo.
Lo que resta para el desarrollo del debate oral
En las próximas audiencias, el Tribunal Oral Federal N°2 continuará escuchando a testigos, principalmente integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en los procedimientos y peritos vinculados a las tareas técnicas realizadas sobre los vehículos y la sustancia incautada. También se prevé la incorporación de documentación secuestrada y de informes de la investigación previa, claves para la causa de narcotráfico.
Una vez concluida la etapa de prueba, las partes tendrán oportunidad de exponer sus alegatos finales, tras lo cual el tribunal quedará en condiciones de dictar veredicto y, en caso de corresponder, fijar las penas dentro de los márgenes previstos por la ley para el transporte agravado de estupefacientes.
