La Justicia salteña dio a conocer una resolución fuerte en un caso de violencia familiar: un joven fue condenado por amenazar a su madre y deberá abandonar Salta para radicarse en Córdoba como parte de la condena. El muchacho, de 23 años, recibió una pena de prisión condicional de 11 meses, luego de admitir los hechos en un juicio abreviado. La medida se tomó tras múltiples incumplimientos de una orden de restricción que ya le prohibía acercarse al domicilio de la mujer. Para proteger a la víctima, además, se dispuso custodia policial permanente en la casa materna.
El joven de 23 años aceptó la condena por amenazar a su madre
El expediente surgió a partir de reiteradas denuncias de la mujer contra su hijo, quien, según consta en la causa, la venía hostigando desde hacía tiempo. El joven ya tenía una prohibición judicial de acercamiento cuando se dictó la reciente condena por amenazar a su madre y desobedecer las medidas de protección. Pese a esa orden, volvió en varias oportunidades a la vivienda familiar y generó episodios de tensión y disturbios.
Durante la audiencia, el acusado aceptó someterse a un juicio abreviado. Esa decisión permitió que el proceso avance más rápido y que el juez dicte una pena de 11 meses de prisión en modalidad condicional, es decir, sin encierro efectivo, pero con reglas muy estrictas que deberá cumplir. Entre esas condiciones figura, como punto central, que fije residencia permanente en la provincia de Córdoba.
Además, el fallo dejó establecido que, si el joven vuelve a quebrantar las obligaciones impuestas o reincide en hechos similares, la pena podría transformarse en prisión efectiva. En ese caso, el tribunal ordenaría su inmediato traslado a la cárcel, según se detalló en la resolución judicial.
Las actuaciones judiciales detallan que la situación comenzó a formalizarse hacia fines de 2024, cuando se emitieron las primeras disposiciones para resguardar a la madre. En ese momento, el tribunal le ordenó al joven dejar la casa familiar y le fijó una restricción para no acercarse a la vivienda ni a la mujer dentro de un radio de 300 metros. Esa medida respondió a hechos de violencia que ya se venían registrando y que generaron preocupación en el entorno de la víctima.
Custodia policial para proteger a la madre y obligación de radicarse en Córdoba
Como parte central de la sentencia, el juez definió que la condena incluye la obligación de que el joven se vaya de Salta y establezca domicilio definitivo en Córdoba. La mudanza forma parte de las condiciones que deberá cumplir durante el tiempo que dure la pena condicional. Mientras se organiza ese traslado, se resolvió reforzar la protección de la víctima con presencia policial continua en su casa.
Esa custodia tiene como objetivo prevenir nuevos hechos de violencia o de intimidación mientras el muchacho aún se encuentre en la provincia. Los efectivos deberán permanecer en la vivienda de la mujer de manera permanente, según quedó asentado en la causa. La medida busca garantizar que la madre pueda permanecer en su domicilio mientras se concreta el cambio de residencia del hijo.
La Justicia dejó también por escrito que, si en este período previo al traslado se detecta cualquier nueva desobediencia a las órdenes judiciales o nuevas amenazas, se activará de inmediato la orden de detención y el cumplimiento efectivo de la pena. Es decir, el régimen condicional está sujeto a que el joven respete cada uno de los puntos fijados en el fallo.
Una seguidilla de amenazas y daños terminó en condena
Los documentos del expediente dan cuenta de una larga secuencia de incidentes. El primer incumplimiento de la restricción se registró en febrero de 2025, cuando el joven volvió a la casa familiar pese a la orden de alejamiento. Desde entonces, se lo vinculó con varios episodios de hostigamiento hacia su madre y desórdenes dentro del inmueble, que derivaron en nuevas denuncias por amenazas y daños.
En una de las oportunidades relatadas en la causa, la víctima contó que su hijo la amenazó con romper parte de la vivienda y llevarse una motocicleta. También se dejó constancia de un audio enviado por el joven en noviembre de 2025, donde exigía que lo dejaran entrar para bañarse y advertía que iba a “explotar” el portón si no le abrían. Días después, ese portón apareció dañado y, cerca de Navidad, se produjo la rotura de una ventana del domicilio.
Durante enero y febrero de este año, los registros judiciales sumaron en total 15 hechos de desobediencia a la prohibición de acercamiento, además de nuevas amenazas, daños materiales y un hurto. Esa acumulación de episodios llevó finalmente a la detención del joven y, más tarde, al acuerdo de juicio abreviado que concluyó en la condena a prisión condicional y en la orden de radicarse en Córdoba.
