Una joven japonesa de 23 años, identificada por sus iniciales A.Y., obtuvo una autorización judicial para abandonar Argentina junto a su hijo de cinco meses, nacido en Salta, tras denunciar un año de maltratos físicos, psicológicos, económicos y sexuales por parte de su pareja, el futbolista salteño Matías Javier López, hoy detenido y acusado en una causa penal por violencia de género. La medida fue dictada por el fuero de Personas y Familia y habilita el regreso de la mujer a Japón, mientras en la Justicia provincial continúa la investigación por privación ilegítima de la libertad, lesiones y desobediencia judicial.
La resolución, firmada por un juzgado de familia el pasado diez de febrero, se apoyó en dos ejes centrales: el interés superior del niño nacido en septiembre en suelo salteño y la “situación de extrema vulnerabilidad” que atraviesa su madre, de nacionalidad japonesa. En paralelo, la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3 sostiene una causa contra López, de 24 años, por distintos hechos de violencia que habrían ocurrido desde que la joven llegó a la provincia, luego de casarse con el jugador en Japón.
Mientras se concrete el viaje de retorno a Japón, la mujer permanece en la ciudad de Salta bajo resguardo en el domicilio de Nadia, una intérprete japonesa radicada en la provincia, que se convirtió en su principal sostén cotidiano y en testigo clave dentro del expediente. Ambas reconstruyeron ante la prensa y ante la Justicia un derrotero que incluye traslados entre varias viviendas, encierro, control de comunicaciones, golpes durante el embarazo y, finalmente, un operativo policial en un departamento del macrocentro salteño, donde el futbolista fue reducido con gas pimienta y detenido.
La decisión judicial que habilitó el viaje y el foco en el bebé
La autorización para que la joven japonesa regrese a su país de origen con el niño se plasmó en una resolución de la jueza de Personas y Familia de Cuarta Nominación, María Mercedes Cabrera. Según surge del expediente civil, la magistrada ponderó que el bebé, de apenas cinco meses, es ciudadano argentino por haber nacido en Salta, pero también tiene vínculo directo con Japón a través de su madre, quien se encuentra sin red familiar propia en la provincia.
En la resolución se destacó la condición de fragilidad de A.Y. y la necesidad de priorizar la protección integral del niño frente al contexto que rodea al padre, actualmente privado de libertad en el marco de una causa penal. La jueza entendió que, dadas las circunstancias denunciadas, el mantenimiento de la joven japonesa en Salta sin contención familiar ni estabilidad economica implicaba una continuacion de su cuadro de vulnerabilidad, por lo que dio vía libre a los trámites migratorios.
Esta decisión no clausura las causas penales ni las actuaciones de violencia familiar que siguen en curso en el fuero local, sino que se concentra en autorizar el egreso del país de la madre y su hijo. La documentación emitida por el juzgado resultó clave para avanzar en la obtención del pasaporte del niño, un punto en el que intervinieron también la delegación de Migraciones en Salta y el Registro Civil, a fin de garantizar que el menor cuente con los papeles necesarios para salir de Argentina rumbo a Japón.
Mientras tanto, la joven sigue radicada en la capital salteña, lejos del círculo familiar de su pareja y bajo la tutela de su intérprete, a la espera de conseguir todos los pasajes necesarios para completar el viaje. El esquema de protección incluye medidas cautelares de restricción de acercamiento y otras disposiciones preventivas que fueron dictadas por juzgados especializados en violencia familiar y de género.
Acusaciones penales contra el salteño y avance de la causa
En el plano penal, el expediente que tiene como imputado al futbolista Matías Javier López se tramita en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de la fiscal Gabriela Raquel Dávalos. De acuerdo con la imputación formal, el jugador enfrenta cargos por “privación ilegítima de la libertad agravada” en dos oportunidades, “lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género” y “desobediencia judicial” en cuatro hechos, todo ello en concurso real.
Durante la audiencia de imputación, López se presentó asistido por un abogado particular y brindó su versión ante el Ministerio Público Fiscal. Tras escuchar al acusado y analizar las pruebas reunidas hasta el momento, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías que se mantenga la detención del futbolista, pedido que fue autorizado, por lo que continúa alojado bajo custodia mientras avanza la investigación.
La intervención de la fiscalía se originó a partir de denuncias radicadas en distintas oportunidades ante la Policía de Salta, sumadas a un informe del Ministerio de Justicia de la Nación, que había recibido correos y comunicaciones de la joven japonesa desde la provincia. A raíz de ese material, la fiscal Dávalos acumuló relatos y elementos periciales que atribuyen a López episodios de violencia física, psicológica y verbal, además de la supuesta retención de documentación personal de la mujer y múltiples incumplimientos de medidas de protección dictadas por la Justicia.
En el expediente se incorporaron certificados médicos que dejan constancia de lesiones compatibles con lo denunciado por la víctima. En función de esos informes, la fiscalía remitió copias a la Fiscalía de Delitos Sexuales, debido a que parte de los hechos relatados podrían encuadrar en esa competencia específica. A la par, se registraron los reiterados quebrantamientos de las órdenes que prohibían al futbolista acercarse a la joven y ejercer actos de violencia, incumplimientos que según la investigación alimentaron el temor constante de la mujer japonesa.
Del vínculo virtual al traslado a Salta: el inicio del encierro
La relación entre la japonesa y el futbolista salteño nació a miles de kilómetros, a través de una aplicación de citas en Japón. De acuerdo con lo que la propia A.Y. relató, el ida y vuelta virtual duró poco tiempo antes de que ambos definieran formalizar el vínculo y casarse. Los primeros meses, mientras cursaba el embarazo en territorio japonés, fueron descriptos por el entorno de la joven como un período de aparente calma y felicidad.
Sin embargo, según la denuncia, el panorama cambió cuando se concretó el viaje hacia Argentina. La mujer sostiene que llegó a Salta en el año dos mil veinticuatro, ya embarazada y recién casada, y que el traslado habría sido “casi en contra de su voluntad”. A partir de su arribo a la provincia, la japonesa afirma que comenzo un esquema cotidiano de control, encierro y aislamiento, con cambios constantes de vivienda y vigilancia permanente sobre sus movimientos.
La joven declaró que fue alojada en al menos cuatro domicilios distintos en territorio salteño, siempre bajo condiciones que describe como de encierro: puertas cerradas con llave, prohibición de salir sola, supervisión de las comunicaciones por teléfono o internet, y nulo contacto directo con otras personas sin presencia de su pareja. Según su testimonio, estas restricciones se agudizaron tras el nacimiento del bebé, momento en el cual también empezó a experimentar un deterioro en su estado emocional, sin contención ni conocimiento del idioma español.
En medio de esa situación, A.Y. decidió enviar un correo electrónico al consulado japonés para pedir ayuda. Desde allí le ofrecieron acompañamiento psicológico en modalidad virtual, con una profesional que hablaba su idioma. De acuerdo con lo que contaron, fue esa psicóloga quien, tras escuchar su relato, le dijo que lo que estaba viviendo encajaba en la figura de “secuestro”. Esa calificación le permitió a la joven dimensionar la gravedad de los hechos y reforzó la decisión de avanzar con denuncias formales dentro de la provincia.
Episodios de violencia en Cerrillos y el papel de la familia del futbolista
El relato judicial ubica los primeros episodios de violencia física durante el embarazo, entre los meses de junio y julio del año pasado, en una vivienda del barrio Santa Rita 3, en la localidad de Cerrillos. Allí, la joven japonesa aseguró haber permanecido alrededor de dos semanas sometida a golpes de puño en diferentes partes del cuerpo. En una de esas noches de invierno, aprovechó que su pareja dormía para escapar.
Según la denuncia, caminó aproximadamente una hora y media por la zona hasta llegar al domicilio de su suegra, madre del futbolista, a quien le pidió ayuda. De acuerdo con lo que se incorporó a la causa, la mujer habría intervenido, reprochándole al hijo las agresiones y sacando a la nuera de la vivienda donde se producían los golpes. No obstante, con el correr de los días, la joven volvió a convivir con López, en un contexto que ella califica como marcado por el control y los malos tratos.
Más adelante, y tras nuevos incidentes de violencia, la suegra decidió que la japonesa y el bebé vivieran con ella. En esa casa se habría incorporado el hijo recién nacido cuando la pareja ya atravesaba una dinámica conflictiva. Desde entonces y hasta el parto, A.Y. contó que dejó de recibir golpes directos, pero que persistieron lo que denomina “violencias más veladas”, como gritos, presiones psicológicas, gestos intimidantes y una vigilancia constante en presencia de la familia del futbolista.
Con la llegada del niño, la pareja se mudó a un departamento ubicado sobre calle Necochea, en el macrocentro de la ciudad de Salta. Fue allí donde la joven dijo sentirse desbordada, sin apoyo para aprender a amamantar y cuidar al bebé, y con un estado mental frágil. Relató que su marido salía a cumplir actividades personales o deportivas y la dejaba encerrada, con llave, junto al niño. En ese marco, describió un clima de gritos, insultos y descalificaciones, sumado al aislamiento sin dominio del idioma local.
La denuncia de octubre, la intervención y la consigna policial
Uno de los puntos de inflexión en la historia se dio en octubre del año pasado. Durante una discusión, la joven japonesa le manifestó a su pareja que pensaba denunciarlo por violencia. Según el relato incorporado al expediente, la reacción del futbolista fue desafiarla a que lo hiciera e incluso ayudarla a cargar una denuncia vía internet. Ambos completaron el formulario web, lo que derivó en la intervención de la Seccional Primera de la Policía de Salta y puso el caso en conocimiento de la Justicia.
En esa instancia apareció por primera vez Nadia, la intérprete japonesa que vive en la provincia. Fue convocada a la comisaría el veinticinco de octubre, debido a que la joven no domina el español. Allí escuchó la versión de A.Y. en japonés y luego leyó el contenido escrito de la denuncia. Detectó que el texto no coincidía con lo que la víctima le relataba, por lo que advirtió a los investigadores que ese escrito no había sido redactado por la joven, sino por López.
De acuerdo con la reconstrucción de la intérprete, el futbolista habría redactado la denuncia bajo asesoramiento de un abogado, con la intención de encuadrar el conflicto como “maltrato o violencia intrafamiliar”, una figura con penas más leves que no prevé prisión efectiva, pero que habilitaba la intervención del Consulado de Japón. El supuesto objetivo era conseguir que el organismo consular intercediera para obtener la documentación del bebé y gestionar un eventual traslado de la mujer.
A raíz de esa presentación, intervino una jueza que, según surge del relato de las partes, “notó el estado de vulnerabilidad” de la japonesa y dispuso una consigna policial individualizada para resguardar a la madre y al niño en el domicilio de calle Necochea. No obstante, Nadia sostiene que, pese a esa orden, el agresor no fue retirado del lugar y convivía con la víctima, lo que generó dudas sobre el alcance real del resguardo. Con el paso de los días, A.Y. expresó sentirse decepcionada también con parte de la familia de su esposo, de la que en un inicio esperaba contención.
el derrumbe economico, las tarjetas en yenes y el mensaje de auxilio encubierto
El costado económico del conflicto comenzó a exhibirse con mayor nitidez hacia fin de año. La intérprete contó que, dos días antes de la última denuncia formal, hubo una fuerte discusión cuando la joven revisó el resumen de su tarjeta de crédito japonesa y encontró consumos por quinientos mil yenes, además de otros montos previstos para los meses siguientes. Según el cálculo que hizo Nadia, esa suma equivaldría a varios millones de pesos argentinos y correspondía a gastos realizados por López.
Ese hallazgo habría derivado en un nuevo episodio de violencia física, con golpes y maniobras de ahorcamiento sobre la joven. Paralelamente, la familia de A.Y. en Japón ya venía afrontando los pagos de las deudas en tarjetas de crédito a nombre de la mujer. Según el relato de las denunciantes, el futbolista le exigió a la japonesa que, por intermedio de sus padres, se le enviaran en cuotas los ahorros que ella tenía en su país, estimados en un millón de yenes, fondos que —según ellas— se habrían agotado en apenas dos meses.
En ese contexto de presión económica y miedo, la joven envió un mensaje en japonés a su intérprete. No se trataba de un pedido de auxilio explícito, sino de una invitación a verse y charlar. No obstante, incluía una frase que encendió las alarmas de Nadia: la japonesa le adelantaba que iba a borrar el mensaje porque, si su pareja se enteraba, “la iba a ahorcar y a pegar”, y describía que vivía “con miedo constante”. A partir de ese texto, la traductora resolvió intervenir de manera más activa.
Nadia se puso en contacto con la abogada Nilda Ferreyra, que en ese momento representaba a la joven, aunque había sido contratada inicialmente por el propio López. La intérprete contó que conoció a Ferreyra el cinco de diciembre y que A.Y. confiaba en ella, pero aseguró que el futbolista posteriormente decidió dejar de pagarle a esa defensora y borrar los contactos de la mujer en el celular, para evitar que se comunicara con la letrada. El veinticinco de diciembre, Nadia llamó a la abogada para advertirle que, a su criterio, la víctima estaba en riesgo, pero relató que la respuesta fue relativizar la situación.
La maniobra del supuesto viaje a Jujuy y el operativo policial
El episodio que ambas describen como el quiebre definitivo ocurrió dos días después, el veintisiete de diciembre. Ese día, Nadia fue al departamento de calle Necochea, donde debía funcionar la consigna policial, y se encontró con que la pareja no vivía más allí. En la Comisaría Primera le dieron una nueva dirección, en un edificio de departamentos sobre calle Pueyrredón, también en la ciudad de Salta.
Cuando llegó al lugar, la intérprete no tenía el número de unidad, por lo que volvió a comunicarse con la seccional y le facilitaron el dato. Ya en la puerta del edificio, escribió a la joven para preguntarle cómo estaba ella y el bebé y avisarle que se encontraba abajo. Durante varios minutos no hubo respuesta y, mientras tanto, tocó el portero eléctrico sin éxito. Finalmente, recibió un mensaje desde el teléfono de la japonesa en el que se le decía que estaban de viaje en la provincia de Jujuy y que pensaban recorrer otros destinos hasta volver a Salta el cinco de enero.
Según el relato de Nadia, ese supuesto viaje fue el argumento para que se retirara la consigna policial que tenía asignada la víctima. Cuando la intérprete ya se estaba yendo del lugar, llegó un nuevo mensaje: esta vez era la propia joven quien le aseguraba que sí estaba en el departamento y que el texto anterior lo había escrito su pareja. Aprovechó el momento en que el bebé comenzó a llorar, lo que distrajo al imputado, para poder enviar la aclaración.
Con esa información, Nadia insistió en ingresar al edificio. Una persona que realizaba tareas de limpieza le permitió pasar y ella se dirigió al departamento indicado, golpeando la puerta mientras grababa todo con su teléfono. En paralelo, le seguían llegando mensajes que sostenían la versión del viaje a Jujuy. Poco después, la japonesa la llamó con “la voz quebrada” y repitió que se encontraba de viaje, aunque la intérprete le pedía que abriera la puerta.
Ante la sospecha de que la mujer estaba retenida contra su voluntad, Nadia llamó al Sistema de Emergencias 911 y denunció la situación como un posible secuestro. Permaneció frente al departamento hasta que llegaron los efectivos policiales. Relata que el hombre se resistía a permitir que los uniformados vieran a la joven y al niño, y que desde la puerta le indicaba a su pareja que dijera que estaba “bien”. Finalmente, los policías utilizaron gas pimienta para reducir a López y lo detuvieron, mientras la japonesa entraba en un cuadro de pánico. La intérprete observó que el bebé se mostraba tranquilo en brazos de su madre en medio del procedimiento.
Denuncia formal, medidas de protección y rol de organismos locales
Tras el operativo en el edificio de Pueyrredón, la joven se trasladó a la Comisaría Primera para formular una nueva denuncia penal, esta vez acompañada por su intérprete. Se abrió allí un nuevo legajo que fue remitido al Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación, donde se dictaron medidas cautelares para protegerla a ella y a su hijo. En paralelo, se consolidó la detención del futbolista en el marco de la causa que ya tramitaba en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3.
Con el consentimiento del entonces marido, Nadia se llevó a la japonesa y al bebé a su propia casa, donde permanecen alojados desde aquel momento. En esa denuncia del veintisiete de diciembre se habrían entregado a la Policía dos teléfonos celulares vinculados al caso, cuyo destino posterior fue mencionado por las mujeres como un punto de controversia, ya que aseguran que “parece que no están” en el circuito formal de prueba. También cuestionan el modo en que se administró la consigna policial anterior, al señalar que se fue retirando de a poco y que “no era un cuidado, sino una vigilancia”.
En cuanto a la trama institucional, la delegada en Salta de la Dirección Nacional de Migraciones, Natalia Saldaño, intervino para que el niño pudiera ser inscripto correctamente en el Registro Civil y luego se emitiera su pasaporte. A través de ese contacto, la joven llegó a la fundación Volviendo a Casa, que conduce Isabel Soria, organización que, según coinciden la japonesa y la intérprete, colaboró en la contención integral de la víctima y en la articulación de ayuda con distintas áreas estatales, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social.
En contraste, ambas expresaron críticas sobre el funcionamiento del Polo Integral de las Mujeres en este caso. Aseguraron que el organismo tuvo noticias de la situación desde octubre, pero que, en lugar de dialogar directamente con la víctima, se comunicaba con el presunto agresor. También manifestaron que el Polo se comprometió a otorgar leche, pañales y asistencia médica y psicológica, algo que, según su versión, no se concretó, y que esos recursos debieron gestionarse a través de la salita del barrio y de la fundación Volviendo a Casa.
Cambios de abogados, denuncias cruzadas y preparación del regreso a su país
La trama judicial incluye también movimientos en torno a las defensas y representaciones legales. La joven japonesa mencionó al abogado Santiago Pedroza como defensor del imputado y dijo sentir “terror” hacia él, acusándolo de haberle indicado qué debía declarar ante la Justicia “bajo amenazas” y de intimidarla con su presencia durante la denuncia en la Comisaría Primera, motivo por el cual se dictó una perimetral que le impide acercarse a ella.
Asimismo, las mujeres hicieron referencia a la abogada Claudia Kayssner. De acuerdo con su versión, tras obtenerse la resolución que autorizaba el viaje a Japón, la letrada habría brindado a algunos medios detalles sobre el lugar donde podría residir la joven japonesa y el nombre completo del supuesto agresor, pero sin acercarles a ellas el oficio indispensable para seguir con los trámites migratorios. Frente a este escenario, adelantaron que analizan iniciar acciones contra las abogadas Nilda Ferreyra y Claudia Kayssner, mientras actualmente cuentan con el patrocinio de la defensora oficial Lisa Medrano.
En otro tramo del relato, mencionan que la jueza Noemí Valdez interviene en una de las causas vinculadas al caso y que persisten dudas sobre el destino de los teléfonos celulares entregados como prueba en la denuncia del veintisiete de diciembre. Además, volvieron a remarcar que la custodia policial previa a ese hecho no habría implicado una protección efectiva para la joven japonesa ni para su hijo, sino una presencia esporádica que fue disminuyendo con el tiempo.
En cuanto al futuro inmediato, la preparación del regreso a Japón avanza en paralelo a las actuaciones judiciales en Salta. Nadia contó que la titular de la fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, gestionó con la senadora nacional Flavia Royón los pasajes aéreos desde la ciudad de Salta hasta la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que la intérprete pueda acompañar a la joven y al bebé en todos los trámites previos al vuelo internacional. Sin embargo, todavia resta conseguir el pasaje desde buenos aires hasta japon, cuyo costo se estimo en alrededor de dos mil dolares y que se busca cubrir con ayuda familiar y aportes solidarios.
En las últimas semanas, según relataron, el titular del Polo Integral de las Mujeres, Álvaro Vanetta, se acercó a la víctima y a la intérprete para pedir disculpas por la actuación anterior del organismo. Nadia indicó que, pese a ese gesto, ahora enfrenta una denuncia en su contra y atribuyó ese nuevo frente judicial a su rol en hacer público el caso. Mientras tanto, la joven japonesa y su hijo continúan bajo resguardo en la vivienda de la traductora, a la espera de completar la documentación y reunir el dinero necesario para embarcar rumbo a Japón.
