La conducción de la Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos quedó en la mira tras la difusión de videos que exhiben presuntas irregularidades con internos realizando tareas para beneficio particular. La exdirectora fue removida de inmediato y en su lugar asumió el alcaide mayor Gaspar, mientras se analizan eventuales medidas administrativas y judiciales por lo ocurrido dentro de la conocida granja penal.
La Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos, más conocida como la granja penal, quedó atravesada por denuncias de presuntas irregularidades luego de que se difundieran grabaciones donde se ve a un interno cruzando el perímetro del penal y trabajando sobre vehículos que serían de uso personal de la entonces directora. A partir de la circulación de esos videos, el Servicio Penitenciario resolvió desplazar de manera inmediata a la responsable del establecimiento y designar en su reemplazo al alcaide mayor Gaspar, mientras continúan las evaluaciones internas sobre posibles sanciones administrativas y eventuales presentaciones ante la Justicia.
La funcionaria apartada fue identificada como la alcaide mayor Vanesa Hoyos, quien estaba al frente de la granja penal de Cerrillos al momento de los hechos. Según fuentes del ámbito carcelario, su salida estaba siendo analizada desde antes, pero la difusión pública de las imágenes aceleró la decisión y profundizó el debate sobre el manejo de los internos bajo su custodia.
Las filmaciones generaron un fuerte impacto dentro del Servicio Penitenciario, ya que no solo mostraron un posible quebrantamiento del límite perimetral de la unidad, sino también el presunto uso de personas privadas de la libertad para tareas que no estarían vinculadas a actividades oficiales ni a programas de reinserción.
Internos con buena conducta, beneficios “especiales” y presuntas irregularidades
De acuerdo con la información que trascendió, los detenidos que participaban de estas tareas eran seleccionados entre quienes contaban con buena conducta y estaban próximos a acceder a la libertad. Sobre ese grupo, se habrían otorgado beneficios considerados “especiales”, como salidas del complejo, lo que despertó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos previstos para estos casos.
En el Servicio Penitenciario se remarcó que las salidas de internos se encuentran estrictamente reguladas y que no pueden quedar sujetas a decisiones discrecionales ni a posibles intercambios por favores personales. Por eso, el uso de internos para actividades en vehículos y en un domicilio particular despertó sospechas y quedó bajo revisión formal.
Las tareas atribuidas a los privados de la libertad iban más allá de un simple lavado de autos. Según las descripciones recogidas, incluían trabajos de mecánica sobre automóviles y motocicletas, además de labores de albañilería realizadas en una vivienda vinculada a la entonces directora de la Unidad Carcelaria N°7. Este punto amplió el alcance de las sospechas sobre el posible aprovechamiento de la mano de obra carcelaria para fines ajenos al servicio.
Frente a estas situaciones, en ámbitos penitenciarios se volvió a poner en discusión el límite entre las actividades de formación laboral de los internos y el uso indebido de su trabajo. En particular, se reiteró que los detenidos no pueden ser tratados como mano de obra privada ni como moneda de intercambio, sobre todo cuando se encuentran bajo la responsabilidad directa de funcionarios encargados de su tratamiento y proceso de reinserción social.
Reemplazo en la conducción y avance de las actuaciones internas
Tras el apartamiento de Vanesa Hoyos, el Servicio Penitenciario resolvió que la conducción de la granja penal quede a cargo del alcaide mayor Gaspar. La decisión se tomó de forma inmediata una vez conocidas las imágenes y se comunicó dentro de la estructura penitenciaria como un cambio provisorio mientras se completan las actuaciones correspondientes.
En paralelo, se iniciaron pasos formales para determinar responsabilidades administrativas por las presuntas irregularidades detectadas en la Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos. Entre los puntos que se analizan, figuran el eventual incumplimiento de normas de seguridad perimetral, el otorgamiento de beneficios especiales a internos sin el respaldo de los procedimientos habituales y el posible uso del trabajo de los detenidos en actividades privadas. Por el momento, se espera la definición de las áreas legales y de control para resolver si corresponderá avanzar con nuevas medidas en la vía administrativa y, llegado el caso, en instancias judiciales.
