Un cabo primero del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta quedó bajo la lupa de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio, por supuestas estafas ligadas a un sistema de inversión tipo piramidal. La causa, vinculada a posible corrupción dentro del ámbito penitenciario, incluye más de un centenar de denunciantes, en su mayoría personal de fuerzas de seguridad. Se realizaron siete allanamientos en Salta Capital y Cerrillos, se secuestró dinero en efectivo, se inmovilizaron cuentas y se investiga el movimiento de más de $2.700 millones.
Allanamientos, cuentas congeladas y millonarios movimientos en la mira
La pesquisa que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se centra en un cabo primero del Servicio Penitenciario provincial sospechado de liderar un circuito de inversiones con características de esquema Ponzi. Según la hipótesis fiscal, el sistema habría funcionado dentro del ámbito penitenciario, con fuerte presencia de personal de fuerzas de seguridad y posibles rasgos de corrupción interna. La investigación está bajo la conducción de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio.
Como parte de las medidas ordenadas en la causa, durante la mañana del jueves 18 se concretaron siete allanamientos simultáneos. Los procedimientos se desplegaron tanto en distintos barrios de la ciudad de Salta como en la localidad de Cerrillos, apuntando a domicilios vinculados al sospechoso y a personas relacionadas con la operatoria financiera bajo análisis.
Los operativos estuvieron a cargo de personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, junto con la Unidad Investigación UDEC. Participaron 33 efectivos, que irrumpieron en viviendas de la zona centro de la capital, además de inmuebles ubicados en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta, y en dos casas en Cerrillos.
En esos allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, otros dispositivos electrónicos y diversa documentación que fue considerada relevante para la causa. También se encontró dinero en efectivo por un total de $1.317.000, cifra que quedó a resguardo a disposición de la fiscalía mientras se realiza el peritaje correspondiente.
Además, por orden de la UDEC se dispuso la inmovilización de 15 cuentas bancarias asociadas tanto al cabo investigado como a la plataforma denominada Cocos, identificada en el expediente como presunta receptora de fondos provenientes del circuito. Los registros señalan que hacia esa plataforma se habrían direccionado más de $120 millones como parte de la operatoria.
De manera paralela, los investigadores avanzaron con el análisis de extractos bancarios y cruzaron información entre distintas entidades y billeteras virtuales. Ese trabajo permitió reconstruir parte del flujo de dinero que habría circulado alrededor del esquema de inversión cuestionado, el cual es evaluado como un posible caso de estafa masiva con elementos de corrupción en el manejo de los recursos de los aportantes.
Cómo funcionaba el sistema de inversión ofrecido a efectivos de seguridad
La causa se inició a partir de numerosas denuncias dirigidas contra el cabo primero, casi todas presentadas por integrantes de fuerzas de seguridad, principalmente del propio Servicio Penitenciario. Los denunciantes relataron que se les ofrecía ingresar a un “sistema” de inversión que prometía ganancias mensuales muy por encima de las tasas habituales, con mínimos requisitos y bajo un fuerte pacto de confidencialidad entre participantes.
De acuerdo con esos testimonios, el acusado aseguraba que la modalidad de inversión venía funcionando “desde la pandemia” y que se trataba de un círculo cerrado, sin publicidad abierta y sin un monto mínimo obligatorio. El discurso apelaba, según describen las víctimas, a la confianza entre compañeros de trabajo y a la aparente experiencia previa del organizador en este tipo de operaciones financieras.
Las personas que aportaron dinero ante la justicia coincidieron en que el sistema prometía intereses mensuales que oscilaban entre el 10% y el 15%. También se les decía que podían retirar parte del capital cuando quisieran, manteniendo el resto dentro del circuito para seguir generando rendimientos, lo que presentaba la propuesta como una opción flexible frente a otras alternativas de ahorro.
Los denunciantes señalaron que, al principio, varias de esas promesas se habrían cumplido. Durante los primeros meses algunos inversores recibieron pagos de intereses e incluso devoluciones parciales de sus aportes. Esa primera etapa de aparente normalidad habría reforzado la sensación de seguridad y alentado a más personas a sumarse o a incrementar sus transferencias, lo que amplió el alcance del esquema dentro del Servicio Penitenciario.
Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzaron a detectarse demoras en los pagos y explicaciones repetidas sobre supuestos problemas financieros. Muchos relataron que se multiplicaron las prórrogas y excusas para justificar la falta de depósitos, al mismo tiempo que se empezaba a operar cada vez más a través de cuentas de terceros, lo que complejiza el seguimiento del dinero.
Finalmente, varios denunciantes describieron un quiebre en la comunicación: dejaron de recibir respuestas del cabo primero y sus reclamos quedaron sin contestación. Ese silencio motivó la presentación de las denuncias formales, que hoy están incorporadas en el expediente que analiza la UDEC con la mira puesta en un posible entramado de estafas y manejos irregulares.
Denunciantes, montos aportados y estructura interna bajo sospecha
Entre los casos detallados en la causa figura el de una agente del Servicio Penitenciario que aseguró haber entregado $7.000.000 al investigado. Según su declaración, en los meses de junio y julio habría recibido intereses del 15%, pero en agosto el hombre dejó de pagar, alegando dificultades económicas, y luego cortó todo tipo de comunicación con ella.
Otra mujer, que cumple funciones en la Alcaidía General de la Ciudad, informó que transfirió $1.000.000 en agosto. Desde entonces, de acuerdo con su relato, no obtuvo ganancias ni logró que se le devolviera el capital invertido. La falta de respuesta a sus intentos de contacto derivó en la denuncia que hoy integra el expediente.
Una tercera funcionaria penitenciaria declaró haber aportado más de $24.000.000 al esquema. Indicó que, después de esos envíos, el cabo primero dejó de contestar sus mensajes, sin ofrecer explicaciones sobre el destino del dinero ni proponer acuerdos de devolución. Su testimonio es uno de los que mayor volumen de capital reporta entre los presentados hasta el momento.
Las pericias contables realizadas por la UDEC sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales permitieron identificar 409 operaciones concentradas en tres cuentas digitales a nombre del denunciado, vinculadas a las plataformas Mercado Pago, Ualá y Naranja X. Sin embargo, el circuito económico bajo análisis abarcaría al menos 22 cuentas diferentes, por las que se habría movido un total superior a $2.702.170.181.
Los registros también muestran que, además de agentes penitenciarios, habrían intervenido personas inscriptas como visitantes, ex internos del sistema carcelario y terceros sin vínculo directo con la institución. En esa red se identificó al menos a 122 efectivos del Servicio Penitenciario que realizaron transferencias hacia el cabo primero, algunos con movimientos de ida y vuelta que la fiscalía interpreta como posibles pagos de intereses generados por el sistema.
El análisis de los movimientos permitió además detectar la conexión con la firma Cocos Capital SA. Desde las cuentas del investigado salieron más de $120 millones hacia esa empresa, operación que la fiscalía considera clave para intentar darle apariencia de legitimidad a los fondos y disimular el origen del dinero aportado por los denunciantes.
A partir de estos elementos, la fiscal Salinas Odorisio delineó una estructura de tres niveles. En la cúspide ubicó al cabo primero, con funciones administrativas dentro del Servicio Penitenciario, señalado como organizador del sistema. En un segundo escalón, identificó a un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y concentradores de fondos, aprovechando los vínculos laborales. En la base se encontraría una amplia red de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios.
Una de las funcionarias mencionadas en el expediente, que también figura como denunciante, presenta más de 94 transferencias hacia el acusado por un monto superior a los $118 millones. De acuerdo con la fiscalía, su perfil patrimonial y crediticio no se condice con ese volumen de operaciones, por lo que se investiga si habría canalizado dinero de otros posibles damnificados, con un rol activo en la circulación de fondos dentro de la red.
Comportamientos similares se habrían observado en otros agentes del Servicio Penitenciario, que muestran por un lado transferencias de alto monto hacia el cabo primero y, por otro, retornos periódicos asociados al pago de los intereses prometidos. Este patrón es analizado como un mecanismo que habría consolidado la confianza entre compañeros y favorecido la expansión del esquema dentro del ámbito institucional.
Según la representante del Ministerio Público, el hecho de que la operatoria se desarrollara puertas adentro del Servicio Penitenciario agrava la situación bajo estudio, ya que implicaría un uso de la jerarquía y de la confianza propia del trabajo cotidiano para atraer nuevos aportantes. Tras los allanamientos y el congelamiento de cuentas, el cabo primero señalado como principal responsable y una mujer vinculada a la causa fueron citados a audiencia de imputación.
