Una investigación penal por presunta estafa en supuestas ofertas de trabajo minero tiene como principal apuntada a una mujer que se presentaba como ingeniera, a partir de una denuncia inicial radicada el 27 de febrero y otras 31 posteriores. Bajo la conducción de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales concretó un operativo en el que detuvo a un hombre y a una mujer, allanó dos domicilios y dispuso la inmovilización de ocho cuentas bancarias. El caso se centra en supuestas promesas de empleo en proyectos mineros que habrían sido utilizadas para captar dinero de profesionales y trabajadores.
Operativo de la UDEC y avance de la causa por la denuncia de estafa
La causa se abrió tras una denuncia presentada el 27 de febrero, donde la presunta ingeniera quedó señalada por ofrecer ingresos a trabajos mineros a cambio de pagos previos que hoy se investigan como posible estafa. Con el correr de los días se sumaron otras 31 presentaciones de personas que describieron un esquema muy parecido: primero, el contacto con una propuesta laboral atractiva en el sector minero y, luego, la exigencia de abonar distintos conceptos para seguir en el supuesto proceso de selección.
Con estos elementos, la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio ordenó un despliegue de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. En ese marco se detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, se allanaron dos domicilios vinculados a la investigación y se secuestró documentación calificada como clave para reconstruir el circuito de las operaciones bajo sospecha.
Además, por pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la inmovilización de ocho cuentas bancarias que habrían sido utilizadas para canalizar los pagos efectuados por las presuntas víctimas. Esta medida apunta a resguardar fondos y facilitar el rastreo de los movimientos de dinero mencionados en las denuncias.
Estructura comercial y presuntas maniobras con ofertas laborales mineras
Según los datos reunidos por los investigadores, la mujer identificada como principal sospechosa se presentaba como profesional del área técnica, usando títulos y credenciales que no pudo respaldar ante la Justicia. En ese rol, ofrecía participación en obras vinculadas a proyectos mineros, que atribuía a distintas empresas del rubro, lo que habría dado mayor apariencia de formalidad a las propuestas.
El expediente detalla que, para sostener ese cuadro, se habría recurrido a la creación y utilización de diversas estructuras comerciales. Entre las firmas mencionadas figuran Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, señaladas como vehículos usados para convocar personal, emitir documentación relativa a supuestos procesos de selección y reforzar la impresión de una actividad empresarial relacionada con proyectos mineros.
Las pesquisas indican que, a través de estas empresas, se buscaba atraer perfiles variados: ingenieros, topógrafos y operarios, entre otros. A los postulantes se les presentaban futuras contrataciones en obras presuntamente ligadas a compañías del sector, y como parte de ese trámite se les pedían pagos por gestiones administrativas, estudios preocupacionales y otros conceptos asociados al ingreso, lo que hoy es analizado bajo la figura de estafa.
Pagos, redes sociales y alcance de la supuesta estafa
De acuerdo con lo que surge del expediente, el dinero aportado por quienes confiaron en estas ofertas era enviado por transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo investigado. Para los equipos de la UDEC, este mecanismo habría tenido como objetivo complejizar el rastreo del dinero y su destino final, por lo que el congelamiento de las ocho cuentas es considerado un paso central en la pesquisa.
Los investigadores también detectaron el uso de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web relacionado con Rimay Group S.R.L. para difundir las supuestas oportunidades de trabajo. Estas herramientas digitales habrían sido clave para amplificar el alcance de la presunta estafa y sumar más personas a la trama. Según las declaraciones incorporadas, en varios casos los postulantes llegaron incluso a renunciar a sus empleos anteriores ante la expectativa de ocupar los cargos prometidos.
El análisis de las sociedades mencionadas permitió advertir que algunas no contaban con la registración formal exigida o carecían de publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva. En paralelo, dentro de la misma línea de trabajo, se recolectaron indicios de que la mujer apuntada como principal responsable habría desplegado maniobras similares en otras jurisdicciones del país.
Desde la Unidad de Investigación UDEC informaron que la causa sigue en trámite para determinar con precisión el alcance del perjuicio económico denunciado y establecer si hay más personas involucradas en el esquema investigado.
