El Gobierno nacional dispuso un refuerzo en los controles a las importaciones de ropa usada mediante un nuevo requisito aduanero, que busca frenar el fuerte aumento de este tipo de operaciones sin llegar a una prohibición total. El cambio se apoya en informes sanitarios y reclamos del sector textil, en un contexto de fuerte caída de la producción industrial local.
El Gobierno nacional resolvió aplicar un esquema más estricto sobre las importaciones de ropa usada, que comenzará a regir en los próximos días en todo el país, incluida Salta. A partir de la entrada en vigencia de la medida, cada operación deberá sumar un nuevo formulario aduanero obligatorio, con el objetivo de revisar de forma más detallada el impacto sanitario y ambiental de estas mercaderías, en un momento en que la industria textil viene registrando una de las peores caídas de actividad de los últimos años.
Según documentación interna de la Dirección General de Aduanas, la novedad central es la creación del formulario AUTO-ROPA-USADA, que los importadores tendrán que presentar al cargar las destinaciones. Este trámite se sumará al certificado de desinfección que ya se exige en la actualidad para permitir el ingreso de estos productos al país.
La disposición no implica un cierre total de las importaciones de ropa usada, pero sí introduce más pasos administrativos. Fuentes vinculadas al comercio exterior señalaron que el propósito es desalentar el volumen de compras externas, aunque sin avanzar en una veda formal, en línea con la política comercial que viene sosteniendo la administración nacional.
El nuevo formulario para importaciones de ropa usada y su alcance
La resolución interna de la Aduana detalla que el formulario AUTO-ROPA-USADA deberá presentarse “al momento de registro de destinaciones aduaneras” para todas las operaciones vinculadas a las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90. Esas categorías abarcan ropa usada y artículos textiles similares, por lo que el universo de mercadería alcanzada es amplio dentro del rubro segunda mano.
En la práctica, el circuito pasará a tener un control adicional: además del certificado de desinfección, que ya se exige para comprobar el tratamiento previo de las prendas, el nuevo formulario permitirá a los organismos estatales evaluar con mayor nivel de detalle el tipo de productos que se ingresan y sus eventuales consecuencias.
En la documentación a la que accedió este medio se remarca que el refuerzo de los controles tiene como fin “revisar más exhaustivamente los eventuales impactos que las importaciones de dichas mercaderías pudieran causar en materia ambiental y otros aspectos referidos a la salud pública”. De esta manera, se busca tener una radiografía más fina del movimiento de este segmento del comercio exterior.
Voceros con experiencia en cuestiones aduaneras explicaron que, aunque no se trata de una prohibición, la implementación de un trámite adicional suele traducirse en una reducción del ritmo de operaciones. “Cuando se agregan pasos burocráticos, el negocio se vuelve menos ágil y muchos operadores directamente dejan de importar”, señaló una fuente consultada, que anticipó una probable baja en los volúmenes durante los próximos meses.
Advertencias sanitarias y reclamos del sector textil
El endurecimiento de las condiciones para las importaciones de ropa usada no surgió de manera aislada. De acuerdo con la resolución, el Ministerio de Salud envió un informe en el que advirtió que “la importación de ropa usada puede conllevar riesgos para la salud pública” y subrayó que “los efectos son especialmente graves en poblaciones vulnerables, como bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas”.
Tras recibir esa advertencia, la Subsecretaría de Comercio Exterior elevó el pedido formal para reforzar la fiscalización. El tema cobró mayor velocidad luego de que se confirmara un salto inusual en el ingreso de este tipo de mercadería: datos oficiales señalan que el monto importado de ropa usada se multiplicó por cuarenta en los primeros ocho meses de 2025 frente al total de 2024.
En paralelo, cámaras empresarias de la actividad textil y de la indumentaria trasladaron su preocupación a la Secretaría de Coordinación de Producción, encabezada por Pablo Lavigne. Los representantes del sector reclamaron revisar el esquema de importaciones, poniendo el foco tanto en los riesgos sanitarios marcados por Salud como en el impacto sobre las fábricas locales, que vienen atravesando un cuadro de fuerte caída de ventas y reducción de turnos.
Dirigentes industriales también plantearon el costado ambiental de la cuestión, recordando lo que ocurre en el desierto de Atacama, en Chile, donde –según describen– cerca del 40% de la ropa usada que ingresa termina desechada por no estar en condiciones de comercializarse. Ese ejemplo fue utilizado como referencia de los posibles efectos negativos si el flujo de prendas usadas aumenta sin control.
Contexto crítico para la industria textil y efectos esperados
El cambio en las reglas para las importaciones de ropa usada se da cuando las fábricas textiles operan en uno de sus peores niveles históricos. Datos del INDEC muestran que en octubre el sector trabajó al 33% de su capacidad instalada, el porcentaje más bajo de toda la industria para ese período. Empresarios del rubro definen la situación como una presión doble, por la combinación de un mercado interno retraído y una apertura externa que, según describen, los deja en desventaja.
Entre los factores que mencionan se encuentran una carga impositiva elevada, un esquema laboral que consideran poco flexible, problemas de infraestructura, suba de costos y un tipo de cambio que, a su entender, no favorece la competencia frente a productos importados. Un informe reciente de la Fundación Protejer indicó que, desde noviembre de 2023, el textil, la confección, el cuero y el calzado encabezan, junto con la construcción, la caída del empleo privado registrado, con una merma del 12% y 14.000 puestos menos en esas actividades.
En ese contexto, fuentes oficiales y privadas coinciden en que la incorporación del formulario AUTO-ROPA-USADA y el nuevo esquema de control sanitario y ambiental tenderán a reducir la operatoria. El circuito comercial reconstruido en la documentación aduanera muestra que la ropa usada llega principalmente desde Estados Unidos, se agrupa en fardos de 25 a 50 kilos según tipo de prenda o incluso por marcas, y luego se comercializa a través de distribuidores y redes sociales como principal canal de venta.
Tras varias rondas de consultas internas y reuniones con empresas y asociaciones, distintas áreas del Estado acordaron la disposición que ahora ajusta un negocio que estuvo prohibido entre 1999 y 2022 y que, desde su reapertura, venía registrando un aumento sostenido. La nueva exigencia para las importaciones de ropa usada quedará firme desde la entrada en vigencia de la comunicación interna emitida por la Aduana.
