El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta dará a conocer este jueves las penas para siete acusados en una causa por narcotráfico, entre ellos gendarmes, exintegrantes y aspirantes de Gendarmería Nacional. El expediente investiga el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados durante 2024. La fiscalía pidió prisión con montos que van desde 3 hasta 16 años, según el rol atribuido a cada imputado y su participación en la organización juzgada.
La etapa final llega después del requerimiento presentado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien interviene desde el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. El planteo fue formulado ante el tribunal presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los magistrados Domingo Batule y Diego Matteucci.
Pedidos de prisión según el rol atribuido
El debate oral comenzó el 19 de diciembre de 2025 y fue considerado uno de los procesos más complejos de la jurisdicción federal salteña. La discusión no se limitó a la responsabilidad penal, ya que también se extendió durante más de un mes a la etapa en la que se debe fijar la pena para cada acusado.
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La declaración de responsabilidad penal se conoció el 29 de abril. Luego, el 27 de mayo, Toranzos detalló las penas solicitadas y diferenció las situaciones procesales, de acuerdo con los hechos acreditados y el nivel de intervención que la fiscalía atribuyó a cada persona dentro de la maniobra.
Las penas más altas fueron pedidas para Richar Ariel Delgado, exgendarme exonerado; Gabriel Ruiz Apaza, aspirante a la fuerza; y Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante. Para los tres, el Ministerio Público Fiscal solicitó 16 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos.
En tanto, para Adrián Emilio Escarlata, también exgendarme exonerado, el pedido fue de 13 años de prisión. En su caso, la responsabilidad quedó vinculada al mismo delito, aunque por uno de los episodios investigados y no por los dos procedimientos que se atribuyeron a otros imputados.
La situación de los integrantes de Gendarmería Nacional
La causa también puso bajo análisis la posible intervención de personas vinculadas a Gendarmería Nacional. Entre los siete acusados había cinco con relación actual, pasada o próxima con la fuerza federal, ya sea como personal en actividad, exonerados o aspirantes.
Respecto de Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, la fiscalía aplicó una calificación agravada adicional por su condición de funcionario público. Toranzos había cuantificado una pena inicial de 14 años, pero por un acuerdo de colaboración pidió la reducción legal y dejó el requerimiento final en 9 años y 6 meses de prisión.
Narcotráfico, bienes y decomisos solicitados
Para Federico Rubén Batista, integrante de Gendarmería Nacional, y Francisco Agustín Flores, aspirante a la fuerza, el fiscal pidió 3 años de prisión de ejecución condicional. Ambos fueron considerados partícipes secundarios dentro de la organización juzgada por los procedimientos ligados al transporte de cocaína.
Según el caso fiscal, los intercambios detectados por WhatsApp fueron parte de los elementos analizados durante la investigación. En esos mensajes, de acuerdo con la acusación, se habrían compartido mecanismos para acondicionar la droga y evitar controles en rutas, una cuestión que fue incorporada al debate por el Ministerio Público Fiscal.
Además de las penas, Toranzos solicitó el decomiso de bienes vinculados a la operatoria investigada. Entre ellos mencionó una vivienda del barrio Municipal de la ciudad de Orán, atribuida a Ruiz Apaza y señalada por la fiscalía como centro de operaciones de la organización.
El requerimiento también incluyó dos camionetas Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux. La acusación sostuvo que esos vehículos fueron utilizados para el traslado de la droga y para cumplir la función de “coche puntero” en las maniobras atribuidas al grupo.
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El pedido de penas y decomisos quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta, que dará a conocer su decisión este jueves.
