Un gendarme de 32 años, acusado por hechos de violencia de género contra su ex pareja en Orán, recuperó la libertad luego de que el juez Gustavo Ramiro Morizzio dispusiera la suspensión del juicio a prueba. El magistrado fijó un año de reglas de conducta y una reparación económica de 250 mil pesos a favor de la denunciante, con la advertencia de que cualquier incumplimiento reactivará el proceso penal.
Un gendarme de 32 años, investigado por presunta violencia de género contra una mujer con la que mantenía una relación de noviazgo, quedó en libertad en Orán tras obtener el beneficio de la probation. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías de esa ciudad, Gustavo Ramiro Morizzio, quien ordenó la suspensión del juicio a prueba y le impuso al imputado un conjunto de obligaciones por el plazo de un año.
La causa se había iniciado a partir de una denuncia radicada el 30 de noviembre pasado, cuando la mujer se presentó ante la Justicia y relató distintos episodios atribuidos al gendarme. A partir de esa declaración se abrió la investigación penal y se lo imputó por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además del delito de amenazas, todos en concurso real.
Luego de varios meses de trámite, la defensa del acusado pidió formalmente la suspensión del juicio a prueba, figura conocida como probation, lo que derivó en la convocatoria a una audiencia especial. En esa instancia se debatió si correspondía o no otorgar el beneficio, en función de las características del caso y de las posiciones de las partes.
El rol del juez Morizzio y las condiciones fijadas al gendarme
Durante la audiencia flexible y multipropósito, el juez Morizzio escuchó los argumentos de la defensa, de la fiscalía y de la querella, además de considerar la postura de la víctima. El magistrado tomó en cuenta el consentimiento de la denunciante para avanzar con la probation, uno de los requisitos que se valora en este tipo de resoluciones.
Como parte de la decisión, el magistrado estableció que el gendarme deberá cumplir por un año con determinadas reglas de conducta, cuyo detalle fue notificado en la misma audiencia. Entre esas obligaciones se incluyó la prohibición de incumplir las medidas impuestas y la obligación de someterse al control judicial durante todo el período de prueba.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la reparación económica a favor de la víctima. El juez dispuso que el imputado, integrante de Gendarmería Nacional, deberá abonar 250 mil pesos a la mujer que lo denunció, en concepto de resarcimiento por los daños ocasionados en el marco de la causa por violencia de género.
Advertencia sobre la probation y continuidad del proceso penal
En la sentencia, el juez Morizzio dejó plasmado que la suspensión del juicio a prueba no implica un cierre definitivo del expediente. Se aclaró que, si el gendarme incumple cualquiera de las reglas fijadas, la probation puede ser revocada de manera inmediata y el proceso penal continuará su curso con la realización del juicio.
La advertencia incluye tanto el pago de la suma acordada como el respeto estricto de las demás medidas de conducta fijadas, que serán controladas durante los doce meses que dure el beneficio. De producirse una violación a esas condiciones, la causa regresará a su estado anterior y el acusado afrontará nuevamente la imputación por lesiones leves agravadas y amenazas.
Una vez finalizada la audiencia y asentadas en el acta todas las obligaciones, el juez ordenó la inmediata libertad del gendarme, que estaba sometido a proceso por los hechos denunciados el 30 de noviembre. La resolución quedó incorporada al expediente y las partes fueron notificadas en el mismo acto.
Detalles de la denuncia y alcance de los delitos atribuidos
Según se desprende del expediente, la mujer había señalado que mantenía una relación afectiva con el gendarme desde hacía un tiempo y que en ese contexto se habrían producido los episodios investigados. La calificación legal incluyó lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además del delito de amenazas, todos considerados en concurso real por la fiscalía interviniente.
En base a esa calificación, la investigación avanzó hasta la instancia previa al juicio, momento en el cual la defensa gestionó la aplicación de la probation. A partir de la audiencia convocada para tratar este pedido y del acuerdo sobre la reparación económica, el juez de Orán resolvió suspender el debate oral mientras el imputado cumpla las condiciones impuestas.
