En distintos barrios de Salta, el precio de la garrafa de gas muestra una brecha importante entre el valor que fija el programa provincial Garrafa Federal y Segura y lo que se paga en los negocios y repartos. Hoy, una garrafa de 10 kilos puede conseguirse desde $19.000 en los puntos oficiales, mientras que en el circuito comercial se ubica entre $27.000 y $35.000, según la zona. Esta diferencia golpea el bolsillo de miles de familias que dependen del gas envasado para cocinar y calefaccionarse.
De acuerdo con lo que informó la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, el último incremento se aplicó en marzo, luego de varios meses con el valor congelado. Hasta comienzos de ese mes, el cilindro subsidiado se mantenía en $15.500, pero tras las subas de combustibles y gas a nivel nacional el importe se actualizó y se dispararon también los montos en el sector privado.
Mientras tanto, la eliminación del esquema de subsidios nacionales para la compra de garrafas y la desregulación de tarifas dejaron a las provincias con la tarea de reordenar sus programas sociales. En Salta, esa reconfiguración derivó en el actual dispositivo Garrafa Federal y Segura, que intenta sostener un valor diferenciado frente a lo que se observa en el mercado.
Garrafa social en Salta: cuánto se paga y dónde se consigue
El subsecretario Iván Mizzau detalló que, dentro del programa Garrafa Federal y Segura, el precio de la garrafa en Salta se ubicó en $19.000 para los envases de 10 kilos en los puntos habilitados. Según recordó, “veníamos sosteniendo el valor de la garrafa federal en $15.500 desde noviembre de 2025 hasta inicios de marzo de 2026, y desde ahí ya se disparó el precio”. Ese salto coincidió con las actualizaciones que se dieron a nivel nacional en combustibles y en el gas envasado.
Este esquema oficial funciona a través de un cronograma en barrios y localidades del interior, con lugares de venta que suelen ser centros vecinales, CIC’s y espacios definidos por los municipios. Mizzau remarcó que se trata de un programa abierto: “No hay cupo. La gente tiene que acercarse en los días y horarios establecidos en el cronograma en los distintos puntos de venta de la Garrafa Federal, que son centros vecinales, CIC´s o en el caso del interior espacios dictaminados por el municipio y puede acceder tranquilamente”.
A diferencia del sistema anterior que operaba por medio de Anses, donde se hacían transferencias directas a determinados beneficiarios, el dispositivo actual se concentra en fijar un valor específico para la garrafa y llevarla físicamente a los barrios. De esta forma, el beneficio se aplica en el mostrador, sin necesidad de trámites bancarios o reintegros posteriores.
Desde la Subsecretaría explicaron que se mantienen contactos permanentes con las empresas proveedoras para poder sostener el esquema. “Estamos en permanente diálogo con las empresas tratando de sostener justamente todo esto, que se mantenga la garrafa federal”, indicó Mizzau, al describir las gestiones que se realizan con las distribuidoras que operan en la provincia.
Comercios, mercado informal y fuerte dispersión de precios de la garrafa
Fuera del programa oficial, el precio de la garrafa en Salta muestra una escalada mucho mayor. De acuerdo con lo que señaló Mizzau, “en el comercio, la garrafa de diez kilos ronda entre los $27.000 y $35.000, dependiendo la localidad, y seguramente seguirá subiendo en un contexto internacional de alza en los combustibles”. En zonas alejadas, como la Puna o algunos Valles, los valores suelen ser todavía más altos por los costos de transporte y logística.
Además del canal formal, la brecha entre el valor subsidiado y el de los negocios abrió espacio para un circuito informal de venta. En ese mercado aparecen garrafas ofrecidas a precios menores a los de los comercios, pero sin ningún tipo de control. Desde el área de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad señalaron que en esos casos se multiplican los reclamos de vecinos por envases con agua en el interior o cilindros que llegan prácticamente vacíos, lo que implica menos gas del que se paga.
El contexto se agravó tras la decisión del Gobierno nacional de desregular las tarifas de combustibles y gas y de retirar el subsidio específico para garrafas. A partir de este cambio, el programa de garrafa social dejó de funcionar como política federal y cada provincia tuvo que reorganizar sus herramientas de asistencia. Sobre este punto, Mizzau indicó que “la gente ya no tiene subsidio para la garrafa porque dejó de ser un programa nacional para convertirse en uno provincial porque Nación desreguló los precios del gas y eso hizo que dejara de existir la garrafa social”.
Según el funcionario, el impacto de las nuevas reglas nacionales se siente directo en los hogares que dependen del gas envasado. Indicó que la suba de costos se traslada rápidamente al mostrador, tanto en los puntos de venta oficiales como en los comercios, aunque en el caso del programa Garrafa Federal y Segura se busca amortiguar parte de ese aumento con un valor diferenciado.
Ajustes en el cronograma y límites del acceso al gas natural
Con el correr de los meses y a partir de recorridos en barrios de la capital y del interior, el Gobierno provincial fue introduciendo cambios en la organización de los operativos. Mizzau sostuvo que, luego de varios relevamientos, se detectó que “había lapsos en los que la gente se quedaba sin gas, entonces ajustamos los tiempos para que no estén tanto tiempo sin poder comprar”. A partir de esas observaciones se modificaron días y frecuencias de reparto para reducir los períodos sin provisión.
En paralelo al encarecimiento del gas envasado, el acceso al gas natural por red sigue siendo limitado para muchos hogares de Salta. El subsecretario describió que existen “muchas redes de gas troncales, pero la gente no se conecta por el valor de la conexión domiciliaria”, lo que restringe el uso de ese servicio aun en zonas que ya cuentan con cañerías instaladas. De este modo, una parte importante de la población continúa dependiendo de la garrafa y del precio que fijen las empresas y el programa provincial.
Frente a este escenario, se están analizando alternativas para poder reactivar un plan de conexión domiciliaria similar al que se había implementado con financiamiento nacional. “Estamos viendo los pormenores y fundamentalmente la cuestión económica para reactivar el programa que antes tenía financiamiento nacional, ‘Conectate Gas’, que permitía financiar la obra domiciliaria. El gas natural termina siendo mucho más barato que la garrafa, por eso buscamos que la gente pueda conectarse”, explicó Mizzau.
Además, desde la Subsecretaría se impulsa otra línea de acción vinculada al consumo eléctrico. Según indicó el funcionario, se encuentra en marcha el programa Anafe en Casa, que financia cocinas eléctricas de dos hornallas en 30 cuotas de $5.500, con equipos de bajo consumo y “mínimo impacto en la boleta”.
Desde Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad confirmaron que el dispositivo de venta de Garrafa Federal y Segura continúa operando en los distintos puntos establecidos, aunque no se brindó un número total de cilindros vendidos a través de este esquema.
