Los fiscales Daniela Murúa y Daniel Espilocín esperan desde hace nueve meses la conformación del tribunal que deberá juzgar al exjuez Claudio Parisi, destituido en diciembre de 2024 como juez de Garantías de Orán. La causa reúne acusaciones por presuntos favores procesales y filtración de información a imputados. En el expediente aparecen referencias a narcos y sicarios, a partir de la investigación por el asesinato de César “Oreja” Martínez, ocurrido mientras cumplía arresto domiciliario.
Ante la falta de integración del órgano de juicio, los representantes del Ministerio Público presentaron una queja ante la Corte de Justicia de Salta. En su planteo citaron los plazos establecidos en el artículo 178 del Código Procesal Penal.
La causa contra el exjuez Parisi continúa sin fecha de debate
Parisi debe responder por cohecho pasivo agravado e incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. Según la acusación, habría otorgado beneficios procesales y entregado datos de expedientes a personas imputadas o condenadas por delitos graves a cambio de pagos.
La investigación que derivó en la destitución del entonces magistrado incluyó el caso de César Martínez. El hombre estaba bajo arresto domiciliario, una medida que había sido concedida por Parisi, cuando fue atacado a balazos en el jardín de su casa en noviembre de 2023.
Durante el proceso de destitución, el procurador Pedro García Castiella describió el ataque ocurrido en un barrio oranense: “Dos motocicletas, dos ocupantes en cada una de ellas. Cierran una calle a plena luz del día un apacible domingo y descargan 17 disparos de una (pistola) 9 milímetros, 11 de los cuales impactan en la persona”.
El homicidio de César Martínez abrió otra línea de investigación
García Castiella señaló en aquella instancia que Martínez se encontraba bajo control judicial. “Estaba bajo control de un juez cumpliendo prisión domiciliaria, una concesión muy poco clara. Si hubiera estado en una unidad carcelaria no hubiera pasado esto”, afirmó.
El procurador también sostuvo que “por el mal accionar del juez probablemente no se logre dar nunca con los responsables del crimen de Martínez”. La investigación por ese homicidio motivó además una imputación contra Parisi por el presunto envío de fotografías de un legajo fiscal al abogado Roberto Ortega Serrano.
Las sospechas sobre narcos y el acceso a información del expediente
De acuerdo con la acusación, Ortega Serrano no intervenía en el expediente por el asesinato de Martínez. Sin embargo, habría recibido material después del crimen, lo que permitió que Carlos “Conejo” Martínez, hermano de la víctima, supiera que figuraba entre los sospechosos.
Carlos Martínez era intendente de Aguas Blancas. Las sospechas surgieron tras una denuncia anónima recibida por la Fiscalía Federal, que luego remitió esa información al Ministerio Público de Salta, según expuso García Castiella durante el juicio político contra Parisi.
Los fiscales de Orán solicitaron autorización para allanar domicilios y secuestrar celulares de Martínez y otros familiares, quienes se negaban a entregar los aparatos. Parisi rechazó inicialmente el pedido porque, según se le atribuyó, necesitaba conocer “el modelo, color y serie de los celulares” que iban a ser incautados. La acusación sostiene que esa decisión demoró cinco meses los procedimientos.
Carlos Martínez admitió en un juicio abreviado haber pagado sobornos para obtener información sobre la pesquisa por el asesinato de su hermano. Recibió una condena de un año y dos meses de prisión condicional y se encuentra en libertad plena.
El empleado judicial Héctor Manuel Alderete y el abogado Roberto Ortega Serrano también aceptaron su responsabilidad en juicios abreviados y fueron condenados a penas de ejecución condicional. Parisi y su exsecretario letrado, Maximiliano Germán Correa, optaron por continuar el proceso hasta un juicio oral y público.
