La investigación por estafas vinculadas con supuestas contrataciones mineras sumó nuevos hechos y dejó firme la prisión preventiva de una mujer acusada de engañar a personas con promesas de trabajo en ese rubro. En una audiencia de formalización, la Fiscalía amplió la acusación a 57 hechos y el juez Ignacio Colombo rechazó un planteo de la defensa. La pesquisa, que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se apoya en denuncias de personas que dijeron haber pagado dinero para avanzar en presuntos procesos de ingreso laboral.
La acusación por estafas creció a 57 hechos en la causa
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni intervino en representación del Ministerio Público Fiscal por indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. En ese marco, se formalizó la ampliación de la acusación contra la mujer investigada.
La imputación quedó encuadrada como estafas reiteradas, en concurso real. Según se informó, la medida se tomó a partir del avance de la investigación y de los elementos reunidos en torno a una serie de maniobras denunciadas por distintas personas.
El expediente señala que la acusada ofrecía supuestas oportunidades de trabajo ligadas a proyectos mineros. De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos ofrecimientos eran usados para captar a postulantes, quienes luego realizaban pagos vinculados a trámites y requisitos previos para una contratación que, según la acusación, no existía.
Las contrataciones mineras eran presentadas con una apariencia formal
La pesquisa sostiene que la mujer se mostraba como una profesional del área técnica y que utilizaba títulos que no pudo acreditar. A partir de esa presentación, ofrecía incorporaciones a obras exhibidas como relacionadas con empresas del sector minero.
Además, investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales detectaron distintas estructuras comerciales que, siempre según la investigación, habrían sido usadas para darle un marco de aparente legalidad a las maniobras.
Entre las firmas mencionadas figuran “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”. Para la Fiscalía, esas estructuras servían para convocar personal, emitir documentación sobre supuestos procesos de selección y sostener la imagen de una operatoria empresarial vinculada con proyectos mineros.
La prisión preventiva seguirá mientras avanza la pesquisa
El juez Ignacio Colombo rechazó un planteo presentado por la defensa y dispuso que la acusada continúe con prisión preventiva durante la investigación penal. La mujer había sido detenida el 10 de marzo, en el marco de una pesquisa impulsada por la UDEC.
Según la causa, los contactos alcanzaban a profesionales y trabajadores, entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios. La maniobra bajo análisis incluía pedidos de dinero por conceptos como trámites administrativos y estudios preocupacionales, con pagos que, de acuerdo con la investigación, se hacían mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo.
La causa no se limita a una sola imputada. De acuerdo con lo informado, la investigación también alcanza a otras cuatro personas relacionadas con las maniobras investigadas y su imputación se realizará en los próximos días.
