Más de 40 denuncias ya fueron formalizadas en una investigación por una presunta estafa ligada a la venta de terrenos en San Lorenzo, en un sector cercano al río Arenales que fue señalado como inhabitable. A partir del volumen de presentaciones y de la gravedad de los hechos bajo análisis, el Ministerio Público Fiscal dispuso la creación de una unidad especial para seguir el caso. Además, la Fiscalía convocó a otras personas que crean haber sido perjudicadas para que se acerquen con documentación y comprobantes de pago.
La medida fue adoptada por el procurador general Pedro García Castiella a través de la Resolución 1718/26. La nueva Unidad Fiscal quedó integrada por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes concentrarán la pesquisa sobre una operatoria que, según la hipótesis de trabajo, podría haber alcanzado a unas 400 personas.
La presunta estafa con terrenos sumó más denuncias en San Lorenzo
De acuerdo con lo informado por los investigadores, la convocatoria está dirigida a todas las personas que consideren haber sido afectadas por esta maniobra. Quienes se presenten en la Delegación San Lorenzo deberán llevar la documentación vinculada al caso, ya que esa información será incorporada a la causa para fortalecer la investigación.
Entre los elementos pedidos figuran comprobantes de pago, constancias de transferencias y cualquier otro papel que permita acreditar cómo se habría desarrollado la operatoria denunciada. Según lo que ya fue incorporado al expediente, las entregas de dinero se habrían hecho tanto en efectivo como por transferencia.
Los montos bajo análisis van desde 500.000 pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones. Siempre según las denuncias, esos pagos se concretaban en domicilios particulares o en el estudio jurídico del profesional mencionado, y se emitían comprobantes de manera irregular.
El expediente se originó tras una denuncia por lotes ofrecidos junto al río Arenales
La causa comenzó en la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro, luego de la presentación de un hombre de 35 años. El denunciante aseguró haber sido engañado al momento de adquirir un lote en Atocha, dentro de una secuencia de hechos que, según su relato, se inició en 2023.
Ese año se había producido una ocupación ilegal de tierras sobre la ribera del río Arias. Después del desalojo policial, de acuerdo con la denuncia, un abogado se acercó a las familias involucradas y les ofreció asesoramiento legal para avanzar con supuestas gestiones sobre esos terrenos.
Siempre según esa presentación, el letrado habría dicho que impulsaría acciones judiciales para conseguir la cesión de las tierras. También habría pedido a los interesados que firmaran poderes para representarlos, mientras les aseguraba que el trámite estaba avanzado y que existían aprobaciones administrativas y resoluciones favorables.
La pesquisa analiza pagos, gestores y promesas de adjudicación de terrenos
En la denuncia se indicó además que a las familias se les prometía la entrega de parcelas identificadas como “Loteo Las Victorias”. Más adelante, el expediente sumó nuevos episodios que se habrían registrado en febrero de 2026, cuando aparecieron una supuesta gestora y otro abogado.
Según las actuaciones, esas personas comenzaron a reclamar pagos cercanos a los 450.000 pesos por cada interesado. Esos importes, conforme surge del expediente, eran solicitados por trámites administrativos, limpieza de terrenos y gestiones ante organismos públicos.
Uno de los momentos clave de la causa quedó registrado el 16 de abril, cuando un grupo de damnificados fue a Casa de Gobierno. Allí se les informó que las gestiones atribuidas al abogado denunciado no tenían sustento legal, que no existían trámites asentados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, y que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.
Advirtieron que los terrenos están en una zona inundable
Dentro de las actuaciones también quedó asentado que los lotes ofrecidos se encuentran en un área inundable y no apta para asentamientos. Ese dato fue considerado relevante por el impacto que tendría sobre las familias que entregaron dinero con la expectativa de acceder a un terreno.
En la misma línea, desde Tierra y Bienes señalaron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron avanzar con la denuncia formal. Esa advertencia quedó incorporada al expediente junto con otros elementos reunidos en las últimas semanas.
La investigación, además, sigue la pista de una posible organización que habría captado a familias en situación vulnerable mediante punteros, con promesas de adjudicación de lotes a cambio de dinero. En ese marco, también se recordó que la Intendencia de la Municipalidad de San Lorenzo ya había denunciado maniobras vinculadas con el incentivo a la ocupación y toma de terrenos fiscales o del municipio.
