Espert pidió el sobreseimiento en la causa por u$s200.000 recibidos en 2020

El exdiputado ofreció nuevas pruebas y sostuvo que el dinero recibido correspondió a un contrato de consultoría.

José Luis Espert presentó un descargo ante la Justicia federal de San Isidro y pidió su sobreseimiento en la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de u$s200.000 recibida en enero de 2020. Como alternativa, reclamó la falta de mérito. El exdiputado sostuvo que el dinero fue pagado por una consultoría, ofreció nuevas medidas de prueba y negó que existiera evidencia sobre un origen ilícito de los fondos. La causa está a cargo del juez federal Lino Mirabelli.

La presentación judicial tiene 65 páginas y fue ingresada el 19 de agosto de 2026. Allí, Espert cuestionó los elementos de la imputación y respondió a las operaciones posteriores realizadas con parte de la suma. Según su planteo, los movimientos fueron identificables, estuvieron bajo su titularidad y no buscaron ocultar recursos.

La pesquisa analiza el origen y el destino del dinero acreditado en una cuenta bancaria de Estados Unidos. Los fondos salieron de una cuenta de una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado, empresario que fue condenado por lavado de dinero en Estados Unidos. Espert sostuvo que la operación estuvo respaldada por documentación contractual y negó haber conocido actividades ilegales atribuidas luego a Machado.

El descargo de Espert ante el juez Lino Mirabelli

El exdiputado pidió que se dicte su sobreseimiento y, de manera subsidiaria, la falta de mérito. En el escrito presentado ante el juzgado federal de San Isidro, la defensa solicitó que se cierre la causa al entender que no hay elementos suficientes para sostener una acusación por lavado de activos. También puso a disposición nuevas medidas para avanzar con el análisis de la prueba.

Tras realizar la presentación, Espert difundió un mensaje en su cuenta de X. Allí sostuvo que la documentación incorporada al expediente debe ser revisada y cuestionó que se formen conclusiones a partir de presunciones. “No pido que me crean. Solo que me lean”, escribió el exlegislador.

En ese mismo comunicado, agregó: “Nunca pedí privilegios. Sí pido que se lea la prueba y se razone adecuadamente, sin prejuicios ni conjeturas”. El planteo público fue difundido después de la entrega formal de la presentación judicial, que desarrolla la posición de Espert sobre cada uno de los puntos investigados.

De acuerdo con la descripción incluida en el descargo, la imputación está dividida en cinco aspectos. El primero se concentra en los u$s200.000 recibidos en Estados Unidos durante enero de 2020. Luego se examina la llegada de una parte de esos recursos a la Argentina y las extracciones de efectivo efectuadas posteriormente.

Los otros ejes se vinculan con la compra de vehículos, una inversión inmobiliaria y el uso de la sociedad Varianza S.A. También se mencionan cuestiones contables e impositivas que, según la hipótesis bajo investigación, podrían haber servido para disimular la procedencia de los recursos.

La defensa rechazó esa interpretación y afirmó que los hechos fueron expuestos de manera separada, sin que se hubiera demostrado el presupuesto central de una maniobra de lavado. Para Espert, antes de evaluar el recorrido del dinero debía acreditarse que los fondos tenían una fuente ilícita determinada.

La transferencia de u$s200.000 y el contrato de consultoría

Espert afirmó que no existe una prueba que vincule específicamente la transferencia con un delito previo. El economista cuestionó que el movimiento bancario sea considerado, por sí solo, como evidencia de una conducta ilegal. “La imputación dice: ‘el dinero era ilícito’. Respondo: nadie lo probó”, expresó al referirse a la acusación.

Según su presentación, la cuenta desde la cual se concretó el pago pertenecía a una compañía vinculada a la actividad aeronáutica, que tenía operaciones con distintas contrapartes. Espert afirmó que ningún tribunal argentino ni extranjero determinó que esa transferencia puntual proviniera de una actividad ilícita.

Además, observó que el requerimiento fiscal menciona de forma presunta el origen de la suma. Sobre ese punto, sostuvo que la falta de una definición concreta sobre la fuente del dinero impide avanzar con la hipótesis de lavado. “Sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”, afirmó.

El descargo también explica el motivo por el cual recibió los fondos. Espert indicó que el pago correspondió a un contrato de consultoría firmado en junio de 2019. De acuerdo con su versión, el documento fue certificado ante escribano y cuenta con una apostilla internacional emitida en la Argentina.

Asimismo, señaló que el expediente contiene correos electrónicos de 2019, obtenidos mediante una extracción pericial forense. A eso sumó la existencia de una reunión previa y tres testimonios que, según su defensa, respaldan el vínculo contractual y las tareas realizadas.

El exdiputado explicó que la consultoría consistía en ordenar la deuda de una empresa minera y preparar un plan de crecimiento. Sostuvo que esas funciones se relacionaban con su actividad profesional como economista y consultor, por lo que presentó ese trabajo como la justificación del depósito recibido en 2020.

El vínculo con Machado y los movimientos posteriores

La defensa sostuvo que Espert no contaba con información que permitiera conocer eventuales irregularidades de Machado. En el escrito, el exlegislador afirmó que durante 2019 y 2020 no existían alertas, causas ni reportes sobre el empresario que le permitieran advertir una situación investigada posteriormente. “En 2019 y 2020 no existía una sola alerta, causa o reporte sobre Machado”, sostuvo.

Según ese argumento, la información estatal relacionada con Machado apareció a partir de 2021. Por eso, Espert cuestionó que se le atribuyera conocimiento de datos que, de acuerdo con su presentación, no estaban disponibles en aquel momento para organismos públicos ni para entidades financieras.

En cuanto al uso posterior del dinero, Espert negó que hubiera existido una intención de ocultamiento. “Todo lo hice a mi nombre”, afirmó. Enumeró un giro a su cuenta, transferencias firmadas por él, retiros realizados personalmente por ventanilla y la compra de dos vehículos mediante concesionarias y agencias.

También indicó que efectuó una inversión inmobiliaria a través de un fideicomiso registrado. Respecto de Varianza S.A., sostuvo que era una sociedad vinculada directamente con él, con domicilio legal en su propia dirección, y que los movimientos salariales fueron declarados ante el fisco.

La defensa remarcó que no se utilizaron terceros, testaferros ni mecanismos destinados a mantener oculta la titularidad de los bienes. En esa línea, Espert discutió la posibilidad de que las operaciones hubieran tenido como objetivo beneficiar a Machado y negó que el dinero hubiera regresado al empresario.

“¿Lavé para Machado?”, planteó en uno de los tramos de su escrito, antes de sostener que ningún dólar volvió a manos del empresario. Además, rechazó que observaciones tributarias integren una maniobra de lavado y afirmó que las cuestiones fiscales fueron corregidas mediante declaraciones rectificativas y el pago de los impuestos correspondientes.

Sobre la actuación de sus contadores, negó que hubiera existido encubrimiento. “Convertir el ejercicio corriente de una profesión en ‘colaboración’ con un delito, sin probar que nadie conociera falsedad alguna, invierte las reglas más básicas del derecho penal”, afirmó.

En el cierre de la presentación ante el juzgado federal de San Isidro, Espert reiteró el pedido de sobreseimiento, solicitó en forma alternativa la falta de mérito y ofreció nuevas medidas de prueba. “No rehúyo la investigación: la reclamo, completa y con todas las garantías”, sostuvo.

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