Un fuerte escándalo por armas desaparecidas sacude al Poder Judicial de Río Negro, luego de que un operativo policial en el barrio Tiro Federal de General Roca destapara un faltante masivo de armamento que debía estar bajo custodia oficial. La situación es investigada por la fiscal Teresa Giuffrida, quien trabaja para determinar cómo salieron esas armas de los depósitos judiciales y quiénes serían los responsables. El caso generó preocupación en toda la provincia y encendió alarmas sobre el sistema de resguardo de pruebas en causas penales.
El hecho tomó estado público a partir de un procedimiento policial realizado en el barrio Tiro Federal, en General Roca, donde se secuestró un arma utilizada en un enfrentamiento. Al constatar su numeración en los registros oficiales, surgió que esa pistola figuraba como evidencia asegurada en un depósito judicial de Río Negro, lo que dejó en evidencia que nunca debería haber estado en la calle.
Ante esa coincidencia en el número de serie, se ordenó una revisión interna completa de las armas almacenadas como prueba en los depósitos vinculados a expedientes penales. Ese control derivó en un hallazgo grave: faltaban al menos 119 armas, entre pistolas y revólveres, que tendrían que haber permanecido en resguardo judicial.
Fiscalía investiga cómo se produjo el hecho
La investigación por este escándalo de armas desaparecidas en Río Negro quedó en manos de la fiscal Teresa Giuffrida, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir el recorrido del armamento faltante. El objetivo es determinar en qué momento y bajo qué condiciones salieron las armas de los depósitos y qué funcionarios habrían intervenido en esos movimientos.
Como parte de la pesquisa, se analizan uno por uno los registros y controles aplicados sobre cada pieza extraviada, así como la documentación que respalda su ingreso y permanencia en los depósitos. También se revisan los libros de entrada y salida, además de las actas de secuestro en las diferentes causas penales en las que ese armamento figura como prueba.
En este contexto, al menos tres empleados judiciales fueron apartados de sus funciones mientras avanza el expediente. Fuentes del caso señalaron que no se descarta que el número de personas bajo la lupa se amplíe, de acuerdo con lo que surja de las pericias, las declaraciones y el análisis administrativo de todo el circuito de custodia del armamento.
Las primeras sospechas apuntan a eventuales maniobras internas, ya que el depósito desde donde habrían desaparecido las armas se ubica en un sector restringido del edificio judicial, con acceso limitado y bajo medidas de seguridad previamente calificadas como estrictas. Esta situación reavivó los cuestionamientos sobre la efectividad real de esos controles.
Depósitos en la mira y nuevos casos de armas desaparecidas en Río Negro
Además del faltante de al menos 119 armas en los depósitos centrales, la investigación incorporó otro elemento que profundizó el escándalo por armas desaparecidas en el ámbito judicial de Río Negro. Se detectó la desaparición de cinco armas más en una fiscalía, también bajo órbita judicial, lo que extendió las dudas sobre el funcionamiento general del sistema de almacenamiento de evidencias.
Estos hechos llevaron a que se ponga bajo observación todo el esquema de custodia de armamento vinculado a causas penales, tanto en depósitos centrales como en dependencias descentralizadas. Se revisan protocolos, llaves, sistemas de registro y posibles accesos no autorizados dentro de los edificios donde se guardan las pruebas.
Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de que parte de las armas extraviadas haya sido utilizada o pueda ser usada en hechos delictivos. El caso del arma hallada en el enfrentamiento del barrio Tiro Federal, que debía estar guardada como evidencia en un depósito judicial, es uno de los puntos más sensibles que se analizan en el expediente.
Impacto institucional por las armas desaparecidas
La magnitud del faltante de armamento y las dudas sobre los controles internos provocaron un fuerte impacto dentro del sistema judicial rionegrino. El escándalo por las armas desaparecidas en Río Negro abrió un debate sobre la seguridad de las pruebas y la trazabilidad del material secuestrado en causas penales, especialmente en lo que refiere a armas de fuego.
Según se indicó en el expediente, la investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, incluyendo más peritajes sobre la documentación interna, nuevos relevamientos en depósitos y la eventual ampliación del número de empleados involucrados.
Fuente:Que Pasa Salta
