Las compañías de telefonía móvil deberán bloquear celulares, tarjetas SIM y líneas que sean detectadas dentro de cárceles provinciales incorporadas a un protocolo nacional. La medida fue dispuesta por el Enacom mediante una resolución publicada este jueves y establece que los pedidos serán canalizados únicamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El sistema de bloqueo alcanza a equipos usados en sectores de alojamiento de detenidos y en áreas restringidas de los penales.
La norma amplía un mecanismo que hasta ahora se aplicaba en establecimientos del sistema penitenciario federal. Para que llegue a cárceles administradas por las provincias, cada jurisdicción deberá adherir al esquema previsto a nivel nacional.
Las empresas tendrán que inhabilitar tres datos asociados con cada dispositivo identificado: el IMEI del aparato, el IMSI relacionado con la tarjeta SIM y el número de línea correspondiente. Además, deberán guardar un registro de todas las actuaciones realizadas.
El bloqueo en cárceles dependerá de la adhesión al protocolo nacional
La Resolución 734/2026 del Enacom incorporó a los penales provinciales al régimen que permite inhabilitar terminales móviles. Sin embargo, esa posibilidad no se activará de manera automática en todo el país, ya que estará sujeta a la decisión de cada provincia de sumarse al protocolo nacional.
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El texto fija que las administraciones provinciales no podrán solicitar bloqueos directamente ante las firmas de telefonía. Aun cuando una cárcel provincial esté incluida en el sistema, el Ministerio de Seguridad de la Nación será el organismo encargado de enviar el requerimiento a las prestadoras.
La disposición contempla teléfonos que sean activados en las zonas donde se alojan personas detenidas y también en otros lugares de acceso limitado dentro de los establecimientos penitenciarios. El Enacom vinculó la ampliación con herramientas destinadas a prevenir, disuadir y neutralizar delitos que puedan ser planificados o coordinados desde el interior de las cárceles.
Las empresas deberán conservar registros de cada inhabilitación
Las operadoras tendrán la obligación de documentar los bloqueos efectuados y conservar la información bajo condiciones de integridad y trazabilidad. Esos antecedentes deberán estar disponibles para los usuarios y para las autoridades que soliciten consultarlos, según surge de la publicación oficial.
También se ordenó que la tecnología utilizada para aplicar la medida no genere limitaciones en las comunicaciones realizadas fuera del perímetro penitenciario. De esa forma, el sistema no debería afectar a vecinos, comercios ni otros usuarios que se encuentren fuera de los predios alcanzados.
La resolución modifica un régimen vigente desde 2016
La norma modifica el artículo 5 del esquema aprobado en 2016 para bloquear equipos denunciados por robo, hurto o extravío. Desde ahora, ese mismo régimen suma la inhabilitación de dispositivos, tarjetas SIM y líneas que se activen dentro de los establecimientos penitenciarios incluidos.
En los fundamentos, el organismo recordó que el artículo 160 de la Ley 24.660 prohíbe las comunicaciones telefónicas mediante celulares dentro del sistema penitenciario. Antes de esta resolución, el alcance operativo del procedimiento estaba limitado a las unidades federales.
La extensión a las provincias se produjo luego de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Esa cartera planteó la situación vinculada al uso de teléfonos en penales provinciales y pidió una norma complementaria que los incorporara expresamente.
Según informó Diario Uno, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, había señalado la necesidad de contar con un marco legal para sumar establecimientos penitenciarios subnacionales al sistema preventivo. En ese contexto, Mendoza impulsó una licitación pública para adquirir plataformas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.
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La ampliación se conoció meses después de la decisión judicial del 21 de febrero de 2026, cuando la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.
