El Salvador aprobó un cambio penal que habilita la pena de perpetua desde los 12 años para delitos graves como homicidio, femicidio, violación y pertenencia a pandillas. La medida fue sancionada por el presidente Nayib Bukele después de que la Asamblea Legislativa diera luz verde a la reforma el mes pasado. Además, el nuevo esquema alcanza tanto a menores como a adultos, ya sea como autores o como cómplices. También fija revisiones periódicas de las condenas e incorpora nuevos tribunales penales que empezarán a funcionar el 26 de abril.
Con esta modificación, El Salvador pasa a permitir la perpetua a partir de los 12 años en un marco más amplio de endurecimiento de su legislación criminal. El texto reformado dispone que la pena máxima podrá aplicarse según el delito cometido y que luego deberá revisarse en plazos definidos por la ley. En esa evaluación, los jueces tendrán que considerar si la persona era menor al momento del hecho, si hubo uno o varios delitos y si existieron agravantes.
El Salvador incorpora la perpetua desde los 12 años para varios delitos
La reforma incluye cuatro tipos de casos para los que podrá imponerse esta sanción: homicidio, femicidio, violación y pertenencia a pandillas. Según lo informado, el alcance no distingue solo por edad, sino también por el grado de participación de la persona condenada, ya que la norma contempla tanto a autores como a cómplices.
Antes de este cambio, la Ley Penal Juvenil establecía topes mucho menores para menores de edad vinculados a estos hechos. En ese régimen anterior, quienes tenían 16 años cumplidos al momento del delito podían recibir hasta 20 años de prisión, mientras que para los menores desde los 12 años el máximo previsto era de 10 años.
Ahora, en cambio, la legislación abre la puerta a una pena de prisión perpetua para ese mismo grupo etario. Aunque la sanción no queda fijada de manera inamovible, sí establece períodos mínimos de encierro muy extensos antes de cualquier revisión judicial.
La ley prevé revisiones obligatorias y nuevos juzgados desde el 26 de abril
El paquete aprobado también crea nuevos juzgados de lo criminal, que comenzarán a funcionar el 26 de abril. Esos tribunales reemplazarán a los anteriores juzgados de menores y, entre otras tareas, tendrán la responsabilidad de revisar las condenas a perpetua para determinar si corresponde modificar el régimen de cumplimiento.
La normativa señala que todos los condenados a perpetua deberán atravesar una revisión cada cinco años, aunque no todos arrancarán en el mismo momento. La primera evaluación para quienes eran menores al cometer el delito se hará recién después de 25 años de prisión.
En el caso de los adultos, el plazo mínimo será de 30 años. Sin embargo, ese piso subirá a 35 años cuando la condena sea por varios delitos y llegará a 40 años en situaciones con agravantes. Recién después de esos tiempos podrá analizarse un eventual pase a un régimen de libertad controlada, siempre sujeto al cumplimiento de reglas fijadas por la Justicia.
Las reformas se suman a otros cambios impulsados por Nayib Bukele en El Salvador
Estas modificaciones penales aparecen dentro de un proceso más amplio de cambios institucionales promovidos por Bukele. Según el texto original de la información difundida, esas iniciativas recibieron cuestionamientos de sectores que consideran que afectan el sistema de pesos y contrapesos y la democracia en El Salvador.
Entre esos antecedentes figura una reforma impulsada en julio de 2025 que, de acuerdo con lo señalado, “eliminaría los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente”.
El Salvador endurece penas: habilitan prisión perpetua desde los 12 años
Además, el nuevo paquete se suma a otras decisiones tomadas en el contexto de la llamada guerra contra las pandillas, lanzada tras el estado de emergencia declarado en marzo de 2022 luego de una ola de violencia callejera. Ese régimen de excepción, que había sido presentado como temporal y fue prorrogado durante casi cuatro años, implicó la suspensión de derechos constitucionales y derivó en la detención de alrededor de 91.650 personas en El Salvador. En relación con esas capturas, Bukele afirmó que 8.000 personas inocentes fueron liberadas.
