José Antonio “Kiko” Fernández, dueño de Cerdo Negro y de finca La Montanera, cambió su defensa en la causa penal donde fue imputado por trata de personas con fines de explotación laboral. El empresario gastronómico de Cerrillos dejó a los dos abogados que lo asistieron durante la audiencia de formalización y pasó a ser asesorado por el estudio jurídico de un exjuez federal que también integró la Corte de Justicia de Salta. La investigación, impulsada por la fiscalía, alcanza las condiciones de vida y empleo de 20 trabajadores vinculados a la finca.
La imputación fue formalizada el 2 de septiembre por el fiscal general Eduardo Villalva y la fiscal subrogante Paula Gallo. Desde esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal dispone de seis meses para realizar las medidas procesales previstas dentro del legajo.
La acusación atribuye a Fernández el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, con agravantes por la cantidad de personas afectadas, la situación de vulnerabilidad y la consumación del hecho. La calificación fue encuadrada en los artículos 145 bis y ter del Código Penal.
Imputaron al dueño de Cerdo Negro por presunta trata de personas
La defensa del dueño de Cerdo Negro cambió tras la audiencia
El dueño de Cerdo Negro quedó representado por un nuevo estudio jurídico luego de la formalización. La modificación se concretó pocas semanas después de la audiencia en la que se comunicó formalmente la imputación. Hasta ese momento, Fernández era asistido por dos defensores que cuestionaron la acusación presentada por los fiscales.
Durante aquella instancia, los abogados iniciales plantearon que la imputación carecía de fundamentos y promovieron distintas objeciones, entre ellas recursos de inconstitucionalidad. En uno de esos planteos, uno de los letrados no recordó el artículo en el que sustentaba su cuestionamiento, situación que provocó risas durante la audiencia.
Ante esos argumentos, la fiscalía sostuvo que la defensa conocía la existencia de la pesquisa desde seis meses antes de la formalización. Los acusadores indicaron que, durante ese tiempo, no se incorporaron elementos de descargo, incluidas fotografías de las viviendas que, según había dicho Fernández al declarar, tenían aire acondicionado.
La fiscalía sostuvo que los procedimientos estaban registrados
Los fiscales rechazaron que hubiera existido falta de notificación sobre las actuaciones. Explicaron ante el juez que cada procedimiento estaba asentado en el legajo. También señalaron que, bajo el sistema acusatorio, la fiscalía no tiene obligación de comunicar sus medidas a la defensa, que puede reunir y presentar sus propios elementos probatorios.
Tras la audiencia, Fernández dejó de contar con sus representantes originales y contrató al estudio de un exjuez federal con trayectoria posterior en la Corte de Justicia de Salta. El cambio se produjo mientras continúa vigente el plazo de investigación fijado para la fiscalía.
Qué expuso la fiscalía sobre la finca La Montanera
La investigación se inició por una denuncia anónima y relevó la situación de 20 trabajadores. En la audiencia de formalización, los fiscales describieron las condiciones habitacionales y laborales detectadas en la finca. Según expusieron, algunas personas vivían en cuartos con piso de tierra, camas preparadas con palets y baños de letrina.
La fiscalía afirmó además que los empleados tenían que calentar agua en tachos para poder asearse. Durante la exposición se mostraron fotografías de la propiedad y se detallaron las situaciones laborales relevadas dentro de la investigación.
De acuerdo con la acusación, los salarios generalmente no superaban los $500 mil. A ello se sumaban, según los fiscales, jornadas extensas sin pagos por horas extras, domingos ni feriados. También sostuvieron que los trabajadores no recibían cobertura cuando se enfermaban o sufrían accidentes.
El caso de un trabajador lesionado fue parte de la acusación
La fiscalía mencionó a un empleado que habría sufrido una lesión en una pierna durante sus tareas. Según se informó en la audiencia, Fernández no le brindó asistencia y un familiar tuvo que trasladarlo. El acusador indicó que el trabajador no recibió compensación ni cobró los días en que no pudo trabajar.
Los fiscales también afirmaron que los empleados eran registrados para la cosecha de tabaco, aunque luego eran destinados a otras tareas, principalmente relacionadas con la producción de cerdo negro. Indicaron que esa modalidad implicaba anotarlos bajo una actividad con menor carga salarial y derivarlos después a labores porcinas o de cosecha de aceitunas.
La exposición incluyó referencias a adultos mayores que, según la fiscalía, realizaban tareas exigentes por pagos reducidos. Uno de ellos asistía a un comedor de Cáritas porque el dinero que percibía no le alcanzaba para alimentarse.
Fernández rechazó la acusación luego de conocerse la imputación. “Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, sostuvo. Sobre los baños de letrina, señaló que no estaban habilitados, aunque manifestó que los trabajadores los utilizaban de todos modos.
