La presidenta de la Fundación Anidar, María Elena Arce, alertó que en el área de discapacidad avanzan cambios impulsados por el Gobierno nacional que, según planteó, pueden dejar a provincias y empresas obligadas a cubrir prestaciones que hoy debe garantizar el Estado. La referente también indicó que la situación de las instituciones sigue siendo complicada, ya que recibieron pagos parciales de expedientes de 2024, pero continúan pendientes prestaciones de este año. En ese marco, remarcó que en Salta y en el interior podría resentirse la cobertura efectiva para muchas personas si esas responsabilidades se trasladan.
Provincias y empresas obligadas: la advertencia por cambios en discapacidad
Arce explicó en Aries que durante la semana pasada la Fundación Anidar cobró solo algunos expedientes atrasados del año pasado. Según detalló, esos pagos alcanzaron hasta diciembre, mientras que todavía no fueron abonadas prestaciones correspondientes a este año.
La titular de la entidad señaló que el panorama del sector viene mostrando novedades negativas de manera reiterada. Por eso, vinculó esa situación con medidas que la administración nacional viene promoviendo en materia de discapacidad.
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Entre los puntos cuestionados, mencionó la limitación en la cobertura nacional de pasajes gratuitos de larga distancia. De acuerdo con su explicación, el beneficio quedaría reservado para personas con tratamientos oncológicos u otras patologías severas, y en los demás casos la respuesta pasaría a depender de las empresas de transporte.
Prestaciones en riesgo y demoras que siguen sin resolverse
Para Arce, esa modalidad implica correr al Estado de obligaciones que ya están fijadas por ley. En ese sentido, sostuvo: “La ley está hecha para que el Estado garantice, no para que delegue sus obligaciones en empresas privadas”.
La referente también apuntó a la posibilidad de que Nación derive a las provincias prestaciones vinculadas con el acceso a la educación y con la inclusión escolar. Indicó que actualmente esas coberturas se gestionan por medio de obras sociales, Incluir Salud o PAMI.
Además, señaló que las instituciones que trabajan con personas con discapacidad atraviesan problemas para sostener su funcionamiento diario. Sobre ese punto, remarcó: “Con apoyo moral no pagamos servicios, sueldos ni alquileres”.
Discapacidad en Salta: preocupación por la cobertura en el interior
Arce consideró que la forma de modificar derechos reconocidos por ley cambió en los últimos meses. Al respecto, afirmó: “Antes lo hacían en la globalidad de la ley. Ahora lo están fraccionando y tratando de desmembrarla”.
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También advirtió que las provincias no están en condiciones de absorber esos costos en un contexto de atrasos, dificultades financieras y falta de certezas para el sector. Según indicó, una transferencia de responsabilidades a provincias o a actores privados puede traducirse en una cobertura insuficiente para personas con discapacidad, sobre todo en Salta y en el interior del país.
