La Cámara de Diputados de Salta comenzó a tratar un proyecto que busca endurecer el Código Contravencional y fijar penas de hasta 80 días de cárcel para quienes organicen fiestas clandestinas en la provincia. La iniciativa, presentada en la 1º Sesión Ordinaria del año, apunta además a sumar responsabilidad para los dueños de los inmuebles donde se hagan estos eventos sin habilitación y a definir agravantes específicos según la cantidad de asistentes, la presencia de menores y la venta de alcohol sin control.
El expediente fue incorporado este martes al temario de la Cámara baja y ahora deberá ser analizado en comisiones antes de volver al recinto. El debate se da en medio de quejas reiteradas de vecinos de distintos municipios salteños por ruidos, descontrol y problemas de seguridad asociados a reuniones masivas no autorizadas.
Según explicó el impulsor de la propuesta, se trata de una respuesta a lo que describió como un crecimiento sostenido de estos encuentros en el Valle de Lerma, el área metropolitana y localidades del interior, donde ya se registraron hechos de violencia y consumo de alcohol sin supervisión.
Endurecimiento del Código Contravencional y nuevas figuras de responsabilidad
El proyecto ingresó como expediente 91-53.527/25 y propone modificar el artículo 124 del Código Contravencional de Salta (Ley Nº 7.135), que regula las sanciones por eventos abiertos al público realizados sin la debida habilitación. La propuesta central es elevar el arresto máximo de 20 a un rango de entre 30 y 80 días de cárcel para los organizadores de fiestas no autorizadas.
En la normativa vigente, las penas para este tipo de infracciones son más bajas y están concentradas en los organizadores directos. Con la reforma, además del aumento de los días de detención, se introduce la figura de responsabilidad solidaria para el propietario o poseedor del inmueble donde se lleva a cabo la reunión clandestina, de manera que también pueda ser alcanzado por las sanciones.
El texto fija lineamientos para que el fiscal de Contravenciones pueda graduar las penas según las características de cada caso. Se prevé tomar en cuenta la cantidad de personas que asisten, el tamaño del predio o local utilizado y la eventual reincidencia de los involucrados. A esto se suman agravantes particulares, como la presencia de menores de edad en el interior del evento y la comercialización de bebidas alcohólicas fuera de todo control.
En ese sentido, el diputado autor de la iniciativa remarcó en declaraciones periodísticas que “la presencia de menores y la venta de bebidas alcohólicas son agravantes”, al detallar cómo se aplicaría la escala de sanciones prevista en el nuevo esquema.
Impacto en municipios, operativos policiales y quejas vecinales
Durante la presentación se hizo foco en que la problemática de las fiestas clandestinas no se limita a la capital, sino que alcanza a varios municipios. Las autoridades legislativas remarcaron que los eventos no autorizados se multiplicaron en el Valle de Lerma, el área metropolitana y distintas localidades del interior, muchas veces en fincas, galpones o viviendas particulares adaptadas como boliches informales.
De acuerdo con lo que expuso el diputado Guillermo Kripper, en numerosos procedimientos se detectaron situaciones de violencia, consumo excesivo de alcohol sin supervisión y participación de menores de edad, lo que genera preocupación tanto por la seguridad de los asistentes como por las molestias a los vecinos de la zona. El legislador sostuvo en una entrevista con Somos la Mañana que “es muy grave lo que está pasando con el avance de fiestas clandestinas”.
Otro punto señalado fue el desgaste operativo sobre la Policía cuando se ordena la clausura de estos encuentros. Cada vez que se localiza un evento clandestino, se arma un operativo que, según se informó, puede requerir entre 15 y 20 efectivos para garantizar el cierre del lugar y la dispersión del público, lo que implica sacar recursos de otras tareas de prevención y patrullaje.
Procedimiento contravencional y camino legislativo del expediente
Luego de cada operativo, el personal policial labra un informe detallando lo ocurrido, la cantidad estimada de asistentes, las condiciones del lugar y los posibles agravantes, como la venta de alcohol sin control o la presencia de menores. Ese informe se envía al fiscal de Contravenciones, que es quien define la sanción a aplicar en función de los elementos reunidos y de lo que establece el Código Contravencional.
En cuanto al trámite legislativo, el proyecto todavía debe pasar por las comisiones de Justicia, Hacienda y Presupuesto, y Legislación General de la Cámara de Diputados. Hasta que no obtenga dictamen de esas comisiones, la iniciativa no podrá volver al recinto para ser votada. Si logra la aprobación en Diputados, el expediente deberá ser girado al Senado provincial para su tratamiento en segunda revisión.
