La Cámara de Diputados de Salta decidió no tratar de forma urgente la intervención del municipio de la Merced, pese al fuerte reclamo político y social que se desató tras la muerte del niño Tomás Sotero Alancay, y dejó bajo presión la figura del intendente Javier Wayar. La iniciativa de intervención, impulsada por legisladores del departamento y acompañada por el bloque de La Libertad Avanza, quedó frenada en el recinto, por lo que ahora el foco se desplaza al Concejo Deliberante y a los pasos que puedan darse desde la Justicia. En este escenario, la discusión sobre el futuro institucional de la comuna se mantiene abierta, mientras el malestar vecinal continúa en aumento.
Diputados rechazan el tratamiento urgente y trasladan el eje al Concejo Deliberante
En la sesión de Diputados realizada ayer, el proyecto de intervención del municipio de la Merced no logró el tratamiento sobre tablas que pedían sus impulsores. La propuesta apuntaba a una respuesta rápida ante la crisis institucional que se vive en la localidad, pero la mayoría legislativa resolvió que el expediente siga el camino parlamentario común.
El diputado Germán Rallé, identificado con el sector saencista, fue quien explicó la postura dominante dentro de la Cámara. “Vamos a rechazar el tratamiento sobre tablas, habida cuenta que hoy el proyecto está tomando estado parlamentario y corresponde que actúen los resortes constitucionales, como el Concejo Deliberante”, señaló en el recinto. Con esa definición, Diputados marcó que la primera instancia de respuesta debe pasar por las herramientas locales antes de evaluar una intervención provincial.
La decisión legislativa implica que no habrá una intervención inmediata y que cualquier avance quedará supeditado a los dictámenes de comisión y a la actuación del Concejo Deliberante de La Merced. A la vez, el freno al tratamiento urgente redujo, al menos por ahora, la posibilidad de que la Provincia sume un nuevo municipio intervenido en la actual gestión.
Detrás de esta postura, en los pasillos de la Legislatura se mencionó el impacto que tendría una intervención total, tanto en lo político como en lo operativo. Una medida de ese tipo hubiera alcanzado al Ejecutivo y al cuerpo deliberativo, y se habría sumado a otros casos ya intervenidos en el interior salteño.
La muerte de Tomás Alancay y la crisis que golpea al intendente Wayar
La discusión sobre la intervención del municipio de la Merced se aceleró a partir de la muerte de Tomás Sotero Alancay, de 5 años, ocurrida el domingo por la noche en pleno centro de la localidad. El niño fue atropellado por una camioneta vinculada al intendente Javier Wayar, hecho que conmocionó al pueblo y generó una oleada de reclamos contra la conducción municipal.
Vecinos y referentes locales aseguran que el enojo no nació solo por este episodio, sino que viene acumulándose desde hace tiempo. A la gestión de Wayar se le atribuyen decisiones erráticas, distancia con la comunidad y falta de respuesta a las demandas diarias, elementos que, según describen en la zona, erosionaron la confianza en el gobierno comunal mucho antes de la tragedia.
En cuanto a la versión oficial, el propio Wayar hizo circular que la camioneta que embistió al niño habría sido utilizada sin su autorización. Esta explicación abrió más interrogantes: se discute si se trató de un robo del vehículo o de una estrategia defensiva para despegar al jefe comunal de posibles responsabilidades civiles o penales. La definición sobre este punto quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo ocurrió el siniestro y quiénes son los responsables.
El fallecimiento del menor se transformó en un punto de quiebre. Desde entonces, la figura del intendente quedó en el centro de la escena y su liderazgo apareció cada vez más debilitado. Sus declaraciones públicas recientes, que incluyeron dudas y explicaciones cuestionadas por actores locales, reforzaron la percepción de una conducción política en retroceso.
Cuestionamientos al Concejo Deliberante y posibles caminos institucionales
Mientras Diputados frenó la intervención del municipio de la Merced, el Concejo Deliberante quedó en el foco de las expectativas. A nivel legal, se menciona que la posible responsabilidad del intendente en el siniestro podría derivar en una causa penal y, de forma paralela, habilitar un eventual juicio político dentro del cuerpo deliberativo.
De los siete concejales, cinco pertenecen a fuerzas opositoras al oficialismo municipal. Sin embargo, en La Merced hay malestar porque hasta ahora el Concejo no impulsó herramientas visibles para canalizar el reclamo social. Entre los vecinos, esa falta de movimientos formales se interpreta como escasa reacción o indiferencia frente a una comunidad que se siente afectada y sin respuesta institucional clara.
Fuentes políticas remarcan que, a diferencia de otros distritos que terminaron intervenidos, en La Merced no se verifican por el momento causales formales como deudas estructurales, paralización del Concejo o expedientes judiciales por corrupción. Este dato es destacado en comparación con Campo Quijano, Morillo, Salvador Mazza y Aguas Blancas, donde las intervenciones se apoyaron en denuncias por desvío de fondos, enriquecimiento ilícito y conflictos políticos de alta intensidad.
En este marco, la opción de una intervención total que alcanzara tanto al Ejecutivo como al Legislativo llegó a mencionarse entre dirigentes del Valle de Lerma, aunque perdió fuerza después de la resolución tomada en Diputados. La vía institucional que aparece más cercana, si avanzan las investigaciones, es la combinación entre el proceso penal y los mecanismos políticos internos del Concejo.
Reacomodamientos políticos y clima social en la Merced
El escenario en el municipio de la Merced es seguido de cerca por actores del Valle de Lerma, en un contexto atravesado por el calendario electoral. Referentes de la región señalan que, junto al reclamo genuino de los vecinos, también se mueven figuras tradicionales de la política local que buscan reposicionarse frente a los intendentes en funciones.
Una fuente del valle interpretó que, detrás de la demora en decisiones de fondo, hay sectores que prefieren que la situación se prolongue y que Wayar no presente su renuncia, para luego aparecer como alternativa en la etapa electoral. En paralelo, el propio intendente manifestó que retomará sus tareas al frente del municipio, aunque dentro de la estructura comunal se admite que su regreso y permanencia en el cargo son temas todavía abiertos.
En las calles de La Merced, el malestar social se mantiene fuerte. Los relatos desde la localidad marcan que muchas personas ya no distinguen entre responsabilidad jurídica y responsabilidad política, y concentran sus reclamos en el funcionamiento general de la gestión municipal y de los organismos de control.
Por ahora, la situación institucional queda en manos de tres actores centrales: la Cámara de Diputados, que decidió mantener el trámite ordinario del proyecto; el Concejo Deliberante, que tiene la facultad de avanzar con herramientas propias; y la Justicia, que debe esclarecer lo ocurrido en el siniestro en el que murió Tomás Sotero Alancay.
