La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para retomar el tratamiento de la reforma penal juvenil, un proyecto clave del Poder Ejecutivo que vuelve a la escena legislativa con una novedad central: esta vez llega acompañado de un cálculo preciso del gasto que demandaría su implementación, superior a los veintitrés mil millones de pesos. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y parte de su gabinete, será analizada en un plenario de comisiones y luego elevada al recinto, mientras persiste la fuerte disputa política por la edad de imputabilidad, con propuestas que van desde los 13 hasta los 16 años.
Reforma penal juvenil: qué propone el nuevo envío del Ejecutivo al Congreso
El Poder Ejecutivo decidió volver a girar a Diputados el proyecto de reforma penal juvenil, retomando el dictamen que ya había avanzado el año pasado en las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto. El expediente ingresó nuevamente con las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Según el cronograma parlamentario fijado, el debate formal comenzará en un plenario de las tres comisiones mencionadas, previsto para el miércoles posterior al ingreso del texto. Si ese paso se cumple, el oficialismo proyecta llevar la discusión al recinto de la Cámara de Diputados el jueves siguiente, manteniendo así un tratamiento acelerado para un tema que viene generando posiciones enfrentadas desde hace tiempo.
El núcleo del proyecto apunta a un rediseño integral del régimen penal aplicable a adolescentes, tanto en la forma de procesarlos como en las penas posibles y en las condiciones de detención. Aunque el dictamen de base surge del trabajo realizado el año anterior, la nueva versión incorpora como diferencia principal una desagregación detallada del presupuesto que demandaría poner en marcha el sistema, algo que no figuraba con cifras concretas en el texto previo.
Reforma y edad de imputabilidad: el punto más discutido entre los bloques
El aspecto que concentra la mayor tensión política es la propuesta del Ejecutivo de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años dentro de la reforma penal juvenil. Ese planteo, que ya había generado rechazo en el debate anterior, se mantiene sin cambios en el nuevo envío y vuelve a abrir un fuerte cruce entre el oficialismo y buena parte de la oposición.
En la práctica actual, solo pueden ser juzgadas y condenadas las personas que ya cumplieron 16 años. El proyecto del Gobierno nacional busca modificar ese umbral y habilitar la intervención penal desde los 13. Sin embargo, la alternativa que se consolidó como mayoría en el Congreso durante el año pasado fija la edad en 14 años, una postura que quedó reflejada en el dictamen trabajado en comisión.
Esa posición intermedia fue acompañada por fuerzas como Pro, la UCR y legisladores de Unión por la Patria cercanos al Frente Renovador, que rechazaron la baja a 13 pero no defendieron sostener el esquema actual de 16. Por eso, el tramo del articulado referido a la edad de imputabilidad aparece como uno de los principales focos de disputa en el plenario de comisiones, ya que el Ejecutivo insiste con su propuesta original pese a que no logró apoyo suficiente ni siquiera en algunos bloques que suelen acompañar otras iniciativas del Gobierno.
Escala de penas, prisión efectiva y criterios para adolescentes en la reforma
Además de la discusión sobre la edad, la reforma penal juvenil introduce cambios en la escala de penas aplicables a adolescentes. La propuesta que había salido originalmente del Poder Ejecutivo contemplaba condenas de hasta 20 años de prisión y dejaba afuera, de manera expresa, cualquier posibilidad de reclusión perpetua para menores de edad involucrados en delitos penales.
Sin embargo, durante la negociación legislativa del año pasado, ese máximo fue recortado y el dictamen de mayoría estableció un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad. En paralelo, se fijaron condiciones más estrictas para ordenar prisión de cumplimiento efectivo: solo podría dictarse cuando el delito tuviera una escala penal con un máximo de diez años o más, con el techo general de 15 ya mencionado, y se reservó el uso de sanciones alternativas para la mayoría de los demás casos, salvo homicidios y hechos tipificados como de violencia grave.
El texto también incorpora disposiciones orientadas a reforzar las garantías procesales de los adolescentes sometidos a proceso. Entre otros puntos, se define que la privación de libertad debe considerarse como última ratio y se establecen pautas específicas para las condiciones de alojamiento: separación obligatoria respecto de las personas adultas, módulos diferenciados y aseguramiento del acceso a educación, salud y actividades particulares dentro de los lugares de detención.
Costos detallados de la reforma y diferencias con el proyecto anterior
La novedad más marcada del nuevo envío oficial tiene que ver con la inclusión de un cálculo preciso del gasto que implicaría implementar la reforma penal juvenil. El Poder Ejecutivo estimó un costo total de 23.739.155.303,08 pesos, desagregado entre dos organismos centrales del sistema de justicia.
De ese monto, 3.131.996.784,28 pesos se asignan al Ministerio de Justicia, mientras que 20.607.158.518,80 pesos se destinan a la Defensoría General de la Nación. Esa distribución figura expresamente en el articulado remitido a Diputados y marca un cambio respecto del texto elevado el año anterior, donde el artículo correspondiente solo indicaba que los gastos se cubrirían con recursos ya previstos en las leyes de presupuesto y con reasignaciones de partidas a cargo del jefe de Gabinete, sin detallar cifras ni fuentes específicas.
Esa falta de números concretos había sido señalada en otras normas aprobadas por el Congreso y luego frenadas en su aplicación, como la ley de emergencia en discapacidad y el esquema de financiamiento universitario, cuya ejecución fue suspendida por decisión del presidente Milei con el argumento de que no quedaba claro de dónde saldrían los fondos para hacerlas operativas. En este contexto, la incorporación de un costo detallado en la reforma penal juvenil busca cubrir ese vacío que había quedado abierto.
Agenda legislativa, reclamos previos y próximos pasos en Diputados
El debate sobre la reforma penal juvenil se inserta en una agenda legislativa donde ya se venían acumulando reclamos de distintos sectores y organizaciones para que se pongan en marcha leyes aprobadas por el Congreso pero que aún no se aplican. Entre esos temas figuran, especialmente, la situación de la discapacidad y el financiamiento de las universidades, que fueron objeto de decisiones de suspensión por parte del Poder Ejecutivo.
En este escenario, la discusión sobre el nuevo régimen penal para adolescentes llega con el antecedente de manifestaciones que exigieron la ejecución de normas ya votadas y, en algunos casos, insistidas por el Parlamento. Así, el plenario de comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto se transformará en la instancia clave para definir si prospera el esquema que baja la edad a 13 años, si se impone la opción de los 14 años o si se vuelve a revisar el modelo actual.
Por el momento, el proyecto que combina la modificación de la escala de penas, las restricciones a la prisión efectiva, las reglas de alojamiento diferenciado para menores y la distribución del presupuesto entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación quedó formalmente en manos de esas comisiones, a la espera del dictamen y del posterior tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados.
