La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada un nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el país. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora pasa al Senado, donde podría tratarse hacia fines de febrero en una sesión ya anticipada por distintos bloques. El proyecto, impulsado por el oficialismo nacional, fija un esquema específico para adolescentes, con penas diferenciadas y reglas especiales de detención, y abrió un fuerte debate político sobre la baja de la edad de responsabilidad penal y el alcance real de la reforma.
La votación en el recinto terminó con 149 votos afirmativos y 100 en contra, con un mapa de apoyos y rechazos que cruzó a casi todas las fuerzas. A favor se encolumnaron La Libertad Avanza y buena parte de los bloques aliados, mientras que el peronismo, la izquierda y otros espacios provinciales votaron mayoritariamente en contra. Para Salta y el resto de las provincias, la discusión se centra ahora en cómo se financiará la construcción y el funcionamiento de los nuevos espacios para menores en conflicto con la ley penal y de qué manera se coordinarán las competencias con la Nación.
Si el Senado confirma el texto, será la primera vez desde el retorno de la democracia que se modifica la edad de imputabilidad hacia abajo, pasando el piso de 16 a 14 años. El nuevo régimen se presenta como reemplazo del esquema heredado de la última dictadura, e incorpora desde medidas alternativas hasta penas de prisión de hasta 15 años para los delitos más graves, con la obligación de que los adolescentes estén alojados en establecimientos separados de los adultos.
Media sanción al nuevo régimen y baja de la edad de imputabilidad
El proyecto de ley del régimen penal juvenil fue aprobado luego de una sesión extensa que se estiró hasta la madrugada. La Libertad Avanza logró sumar a la Unión Cívica Radical, al PRO y a bloques provinciales como Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia, lo que le permitió alcanzar una amplia mayoría. En cambio, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y espacios como Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba se plantaron en contra y concentraron los 100 votos negativos.
El texto fija que los adolescentes de 14 y 15 años serán alcanzados por el régimen para determinados delitos graves, mientras que el esquema se completa con un abanico de medidas no privativas de la libertad para infracciones de menor escala. Además, se aclara que no habrá prisión perpetua para menores y que el cumplimiento de las penas deberá darse en dispositivos especiales, lejos de cárceles comunes. El oficialismo resaltó que, además de bajar la edad de imputabilidad, se actualizan procedimientos y herramientas que, según señalaron en el recinto, estaban atados a una normativa de origen dictatorial.
El tratamiento en el Senado ya tiene una ventana tentativa: en el recinto de Diputados se mencionó que la Cámara alta podría abordar el tema en una sesión prevista para alrededor del veintiséis de febrero, en la que también se retomaría la discusión general sobre la reforma de la normativa penal juvenil. De confirmarse ese cronograma, el debate se trasladará en los próximos días a la negociación entre bloques en la Cámara alta y a la letra chica de posibles cambios antes de la sanción definitiva.
Durante la sesión, el oficialismo nacional buscó enmarcar la votación como parte de un paquete de transformaciones más amplio. Horas antes de la votación, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había anticipado el resultado y afirmó que “hoy se aprueba” la Ley Penal Juvenil, al tiempo que calificó a la actual conformación del Congreso como “el Congreso más reformista de la historia” que “pone quinta a fondo”. Esa postura fue cuestionada desde la oposición, que advirtió sobre los riesgos de avanzar en reformas complejas sin un esquema de financiamiento asegurado y sin un sistema de protección integral para los adolescentes.
Contenido central del régimen y discusion política por la edad de imputabilidad
El corazón de la iniciativa aprobada en Diputados pasa por dos ejes: la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la creación de un régimen específico para menores de 18. En los fundamentos, La Libertad Avanza presentó el proyecto como una actualización de una normativa de la última dictadura, con la idea de ordenar la respuesta penal frente a delitos cometidos por adolescentes. El esquema prevé desde sanciones alternativas, de tipo social y educativo, hasta penas de hasta 15 años para los casos más graves, pero sin posibilidad de perpetua.
Según establece el texto, para los delitos cuya escala legal tenga penas inferiores a tres años, quedan descartadas las penas de prisión y se priorizan mecanismos no privativos de la libertad, como reglas de conducta o la obligación de concurrir a programas específicos. Para delitos con penas de entre tres y diez años que no impliquen muertes ni lesiones graves, la ley indica que la respuesta deberá orientarse primero a herramientas de perfil social, educativo o terapéutico, dejando el encierro como última opción. Solo para un grupo acotado de delitos graves se habilita la privación efectiva de la libertad.
Además, el proyecto deja expresamente prohibido que los menores compartan lugares de alojamiento con adultos, y marca que el cumplimiento de las condenas debe hacerse en instituciones especiales. Se incluyen también medidas complementarias orientadas a la resocialización, como la capacitación laboral, el seguimiento psicológico y la integración comunitaria. La discusión en el recinto giró una y otra vez alrededor de cómo se financiarán esos espacios y qué rol tendrá cada provincia en la implementación real de este nuevo mapa institucional.
Uno de los temas que más controversia generó fue justamente el financiamiento. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un esquema de asignación directa de recursos para garantizar la construcción y el funcionamiento de los nuevos dispositivos, pero su propuesta fue descartada. El oficialismo defendió su planteo basado en convenios entre el Estado nacional y las provincias, a través de los cuales se irían montando las estructuras penales juveniles. Varios legisladores advirtieron que, sin un presupuesto concreto, la baja de la edad de imputabilidad podría quedar limitada al plano declarativo.
Posiciones del oficialismo y bloques aliados sobre la reforma
En el tramo final del debate, la responsabilidad de defender el dictamen de mayoría recayó en la diputada de La Libertad Avanza y presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. Como miembro informante, la legisladora cordobesa se concentró en rebatir los cuestionamientos de los sectores más críticos de la oposición y remarcó la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil vigente. Según expresó, para ella “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”, frase con la que buscó sintetizar la postura de quienes se oponen a la baja de la edad de responsabilidad penal.
Desde Encuentro Federal, que forma parte del interbloque Unidos, Miguel Pichetto adelantó su apoyo a la reducción de la edad de punibilidad a 14 años, pero también marcó objeciones vinculadas al presupuesto. Señaló que comparte la idea de bajar la edad de imputabilidad, aunque puso en duda la capacidad del Poder Ejecutivo nacional para llevar adelante la infraestructura necesaria. “Los recursos asignados en el Presupuesto son insignificantes”, sostuvo, y agregó que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”. Planteó que la ley debería incorporar una cláusula especial para que la entrada en vigencia en las provincias quede atada a la existencia de establecimientos específicos para menores.
Pichetto ubicó, además, la discusión dentro de un debate que, según su mirada, se repite en la Argentina cada vez que llega un gobierno no peronista, comparándolo con la discusión por la reforma laboral. Y apuntó contra los sectores más duros del oficialismo, al considerar que hay dirigentes que, por ubicarse más a la derecha en el mapa político, presionan por bajar aún más la edad de imputabilidad, mencionando incluso propuestas de 13 o 10 años asociadas a figuras como la senadora Patricia Bullrich.
Dentro del bloque oficialista, el resultado de la sesión estaba prácticamente cantado antes de iniciar la votación. La conducción política ya había cosechado los respaldos necesarios durante las negociaciones previas, y se enfocó en sostener el texto original frente a los dictámenes alternativos. Para el oficialismo, la sanción en Diputados consolida una de las banderas centrales de su agenda de seguridad y se suma a otras iniciativas que apuntan a modificar reglas penales y de control del delito.
Fuertes críticas de la oposición
En la vereda de enfrente, Unión por la Patria llegó a la sesión con posiciones internas distintas respecto de la edad de imputabilidad. Si bien la postura formal del espacio es mantener la no punibilidad hasta los 16 años, un sector vinculado al Frente Renovador impulsó un dictamen propio que también contemplaba la baja a 14, aunque con un diseño de régimen diferente. Pese a esa coincidencia parcial, los diputados massistas terminaron votando en contra del proyecto del oficialismo en la votación en general.
El diputado Ramiro Gutiérrez, referente del Frente Renovador, explicitó su acuerdo con reducir la edad de imputabilidad, pero defendió otro esquema. “Creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias”, afirmó al fundamentar su dictamen. Sostuvo que el verdadero desafío es construir un régimen integral, con herramientas claras para los jueces, y detalló que su propuesta incluía 16 medidas cautelares y la posibilidad de privación de la libertad en ocho tipos de delitos muy graves, entre ellos homicidios, torturas y violaciones, con componente restaurativo y terapéutico.
Unión por la Patria presentó su propio dictamen de minoría con un enfoque alternativo. La diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz, encargada de exponerlo, rechazó la iniciativa del oficialismo y reclamó “más seriedad, menos marketing y menos eslóganes” para definir la política penal juvenil. Criticó en particular a la senadora Patricia Bullrich por la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, al considerar que puede servir como campaña electoral pero no se corresponde con los criterios que, según dijo, debería tener una política pública en esta materia.
Tolosa Paz explicó que la propuesta del peronismo establecía la punibilidad recién entre los 16 y 18 años, con una pena máxima de 10 años, bajo un esquema que describió como proporcional y diferencial, con un sistema especializado para juzgar, defender y acompañar a los adolescentes. Señaló que el problema no se resuelve moviendo la edad de imputabilidad como si fuera “un juego de póker”, sino con responsabilidad política y una mirada integral que contemple el rol del Estado en la prevención y la protección de la niñez.
Rechazo de la izquierda, debate social y encuestas de opinión
Los bloques de izquierda se alinearon en un rechazo total a la reforma aprobada en Diputados. La diputada Romina del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, sostuvo que el nuevo régimen penal juvenil llevará a los menores a “lugares espantosos” y advirtió que “ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró”. En su análisis, señaló que las tasas de reincidencia en distintos países muestran niveles muy altos cuando se recurre a la privación de la libertad sin políticas reales de reinserción, y consideró que la ley apunta a profundizar la persecución sobre los adolescentes en un contexto de pobreza.
Del Plá también alertó que, al bajar la edad de imputabilidad a 14 años, se corre el riesgo de que organizaciones delictivas comiencen a reclutar chicos cada vez más chicos, de 10, 11 o 12 años, aprovechando que no están alcanzados por el régimen. Desde su punto de vista, el proyecto no resuelve los problemas de fondo vinculados al delito juvenil y desplaza recursos hacia instituciones de encierro en lugar de reforzar los ámbitos de protección social.
En la misma línea, la diputada Myriam Bregman adelantó que no acompañará la baja de la edad de responsabilidad penal. Consideró que el régimen impulsado por el oficialismo y sus aliados apunta a “darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios” y remarcó que, en la práctica, la criminalización se concentra en los sectores populares y en hijos de trabajadores. Bregman recordó además que en 1954, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se había elevado la edad de imputabilidad, y advirtió que quienes votaran a favor de la baja quedarían, según sus palabras, en “el lugar del basurero” de la historia.
Otro de los discursos críticos fue el del diputado Juan Grabois, que cuestionó el eje mismo del debate parlamentario. Planteó que, aun si se siguiera reduciendo la edad de imputabilidad, el problema de fondo seguiría sin resolverse mientras no se abordaran de manera integral las situaciones de salud mental y consumo. “La pueden bajar a cero porque el problema es abordar la situación de salud mental y de consumo”, afirmó, y remarcó la falta de dispositivos de internación adecuados para jóvenes con adicciones, lo que, según él, deja en falsa dicotomía la discusión sobre responsabilidad penal.
Mientras en el Congreso se discutía la norma, en las inmediaciones del Palacio Legislativo se registraron incidentes entre manifestantes que se movilizaron contra la baja de la edad de imputabilidad y efectivos policiales. Según se informó, hubo ataques contra agentes de seguridad durante el desarrollo de la sesión. En paralelo, dentro del recinto, los diputados también llevaron adelante otros puntos de agenda, como la jura del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que asumió su banca tras recuperarse de una operación, y un homenaje a la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza, fallecida recientemente.
La discusión sobre la edad de responsabilidad penal también se vio atravesada por datos de encuestas que circularon esos días. Un relevamiento de la consultora Giacobbe, difundido mientras se desarrollaba el debate, ubicó el tema de la inseguridad y la edad de imputabilidad entre las principales preocupaciones de la población. De acuerdo con ese informe, más del 73 por ciento de los consultados se manifestó a favor de reducir la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser responsabilizados penalmente.
Según los resultados difundidos, un 63,6 por ciento de las personas encuestadas se inclinó por bajarla hasta los 13 años, mientras que un 9,5 por ciento prefirió que el límite se fije en 14 años. En sentido contrario, el 20,1 por ciento optó por mantener el piso actual de 16 años. El sondeo, realizado a través de dispositivos móviles sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país y con un margen de error estimado en alrededor de dos puntos porcentuales, también midió la opinión pública sobre otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional, como los cambios laborales, tributarios y previsionales.
En ese informe se señaló que la agenda de seguridad del presidente Javier Milei registra niveles de adhesión más altos que otros proyectos de reforma estructural. Mientras que casi la mitad de los consultados se mostró de acuerdo con introducir cambios en las normas laborales, y poco más de un tercio apoyó una reforma tributaria, el respaldo a modificaciones en el sistema previsional fue notablemente menor, con un alto porcentaje de personas que dijeron no tener información suficiente. En el tramo final de la sesión, y tras la votación en general y en particular, el proyecto de nuevo régimen penal juvenil fue remitido al Senado para continuar su trámite legislativo.
