Referentes sociales y de derechos humanos de Salta denunciaron la detención de dos integrantes de la comunidad wichi de Misión Chaqueña, que vienen participando de acciones contra el desmonte de monte nativo en tierras que consideran ancestrales. Las organizaciones aseguran que no hubo garantías básicas durante el procedimiento, cuestionan la actuación judicial y piden la inmediata liberación de ambos.
Distintas organizaciones sociales de Salta salieron a cuestionar la detención de Marta Herrera y Leonardo Pantoja, dos referentes wichi de Misión Chaqueña que desde hace tiempo se oponen al desmonte de monte nativo en una zona que identifican como territorio ancestral. Según denunciaron en un pronunciamiento conjunto, la aprehensión configura un nuevo episodio de persecución hacia quienes se organizan contra el avance del desmonte en el norte provincial. También advirtieron por presuntas irregularidades en la intervención judicial y por la falta de respuestas de organismos nacionales con competencia en materia indígena.
En el texto público se detalló que la detención se habría concretado luego de que Herrera y Pantoja se presentaran voluntariamente en un destacamento policial para radicar una denuncia por amenazas de muerte y presuntos aprietes. Allí, en lugar de tomarles la exposición y brindarles resguardo, terminaron privados de la libertad, de acuerdo con el relato difundido por las entidades que acompañan el reclamo.
Las agrupaciones que firman el pronunciamiento vincularon directamente el conflicto con la resistencia de la comunidad a lo que describen como desmonte ilegal sobre monte nativo en Misión Chaqueña. Además, remarcaron que se trata de tierras que consideran de uso ancestral y que vienen siendo defendidas con acampes, presentaciones formales y diferentes medidas pacíficas impulsadas por familias originarias del lugar.
Organizaciones alertan por criminalización de quienes frenan el desmonte
El documento fue rubricado por Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, Centro Comunitario ALFA, Partido Obrero, Madres Protectoras Salta, ADIUNSa y referentes estudiantiles y sociales, entre otros espacios. Todas estas entidades coincidieron en que el caso de Herrera y Pantoja marca un “retroceso en materia de derechos humanos y derechos indígenas en la provincia” y lo ubicaron en un escenario más amplio de criminalización de defensores del territorio que resisten al desmonte.
En el mismo sentido se expresó la Red Contra la Violencia Institucional de Salta, que emitió una advertencia pública por lo que definió como graves vulneraciones de derechos en este episodio. Según ese pronunciamiento, la detención de los dos referentes wichi se habría concretado sin fundamentos jurídicos claros y sin respetar mínimamente las garantías procesales que marca la normativa vigente.
Las organizaciones que acompañan el reclamo plantean que, además de la privación de la libertad, preocupa la escalada de hostigamientos, amenazas y episodios de violencia asociados al conflicto por el avance del desmonte. También resaltan la situación de vulnerabilidad de las familias wichi de Misión Chaqueña, que dependen del monte nativo para su subsistencia diaria.
En varios pasajes del pronunciamiento, las agrupaciones remarcan que lo sucedido con Herrera y Pantoja no sería un hecho aislado, sino parte de una dinámica donde, según describen, se combina pérdida de bienes naturales, conflictos territoriales y causas penales contra quienes se organizan para frenar el avance del desmonte en territorios reclamados como comunitarios.
Cuestionamientos al accionar judicial y denuncias de vínculos con el desmonte
La Red Contra la Violencia Institucional señaló en su comunicado que la decisión de detener a Herrera y Pantoja habría sido adoptada por la fiscal Gabriela Souto. En la denuncia pública también se menciona que existiría un vínculo familiar entre la funcionaria judicial y Claudio Ferrari, señalado por la comunidad como empresario ligado a desmontes sobre monte nativo en la zona. De acuerdo con las organizaciones, este dato alimenta dudas sobre la imparcialidad en la actuación del Ministerio Público.
En sus señalamientos, los espacios firmantes apuntaron a sectores del Poder Judicial y a la policía provincial, a quienes les atribuyen una posible cercanía con intereses privados vinculados a proyectos de desmonte. En ese marco, reclamaron el cese de las amenazas, el fin de los desmontes que consideran ilegales y la libertad inmediata de las dos personas detenidas, en tanto sostienen que se trata de referentes reconocidos por la propia comunidad de Misión Chaqueña.
Misión Chaqueña y una resistencia prolongada al desmonte del monte nativo
De acuerdo con la información difundida por la Red Contra la Violencia Institucional, la comunidad wichi de Misión Chaqueña viene sosteniendo casi en soledad una resistencia al avance del desmonte en la zona. Esa oposición se habría canalizado mediante acampes, permanencias pacíficas en el territorio y gestiones ante diferentes dependencias del Estado, tanto provinciales como nacionales.
Entre los organismos mencionados aparece el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al que las organizaciones interpelan como el ente con responsabilidad específica en la protección del derecho de los pueblos originarios a la posesión y propiedad comunitaria de sus territorios. Según indicaron, a pesar de las notas y gestiones realizadas, los pedidos de intervención ante el avance del desmonte en tierras reconocidas como ancestrales no habrían tenido respuesta concreta.
En el plano jurídico, el abogado Juan Carlos Vera analizó la situación desde la perspectiva de los marcos normativos vigentes y remarcó que existe normativa nacional e internacional que respalda los reclamos territoriales de las comunidades. “Es un hecho gravísimo que el Estado Nacional, como garante de los derechos de las comunidades al territorio establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley 24.071, no esté aplicando la normativa vigente”, sostuvo.
Las entidades que acompañan a la comunidad wichi describieron la situación actual como parte de un proceso donde, además del impacto ambiental derivado del desmonte del monte nativo, se registra un incremento de conflictos y causas judiciales contra referentes indígenas y sociales. En esa línea, insisten en que la inmediata liberación de Herrera y Pantoja, junto con el freno a los desmontes señalados como ilegales, son los puntos centrales de su reclamo público.
