La diputada nacional Marcela Pagano pidió ante la Justicia la detención de Manuel Adorni y solicitó que se aplique la llamada doctrina Irurzun. La presentación sostiene que el funcionario habría intentado influir sobre Matías Tabar, un testigo clave en la causa que investiga su patrimonio. El planteo fue presentado este martes, después de la declaración del contratista ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Según el escrito, hubo contactos previos por WhatsApp, una oferta de ayuda a través de un “equipo” y un supuesto intento de borrar mensajes, hechos que, para la legisladora, podrían configurar un entorpecimiento del expediente.
Pagano llevó a la Justicia un pedido de detención contra Manuel Adorni
El reclamo judicial fue entregado luego de que Tabar compareciera en sede federal. En esa presentación, Pagano sostuvo que la secuencia previa a la testimonial debe ser analizada de inmediato, ya que, a su entender, pone en discusión la libertad de acción de un testigo que debía declarar bajo juramento.
De acuerdo con la denuncia, Manuel Adorni se habría comunicado con el contratista por WhatsApp instantes antes de esa audiencia. La diputada afirmó además que en esos intercambios el funcionario le habría ofrecido asistencia mediante su “equipo” y que también habría existido un intento de eliminar los mensajes enviados.
Con esos argumentos, la legisladora pidió una medida de prisión preventiva. En su escrito señaló que no se trataría solo de una discusión sobre el contenido de una declaración, sino de un hecho separado que, según su postura, podría representar un riesgo procesal para el avance del expediente.
La doctrina Irurzun fue citada por Pagano para sostener el planteo
En el texto judicial, Pagano encuadró su pedido en el antecedente conocido como doctrina Irurzun, criterio que fue utilizado entre 2017 y 2018 en detenciones preventivas de exfuncionarios. A partir de ese antecedente, argumentó que quienes ocupan cargos de poder conservan capacidad para afectar pruebas, testigos o el desarrollo de una investigación.
La diputada planteó que, por su función institucional, Manuel Adorni tendría una posición que podría influir en el trámite de la causa. Sobre esa base, sostuvo que el caso encuadraría en los supuestos que habilitarían una restricción de la libertad mientras la Justicia analiza el fondo del expediente.
Ahora, la presentación quedó bajo estudio del fiscal Gerardo Pollicita y del juzgado federal interviniente. Ambos deberán revisar la declaración incorporada, el contenido de la denuncia y la documentación vinculada con el caso para definir qué trámite corresponde darle al pedido.
La declaración de Matías Tabar sumó un nuevo elemento al expediente
La ofensiva judicial de Pagano coincidió con un avance en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En Comodoro Py declaró el contratista Matías Tabar, cuya testimonial se extendió durante tres horas. Según trascendió, allí afirmó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por refacciones hechas en una vivienda atribuida a Adorni en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
Siempre según esa declaración, los trabajos se habrían realizado sobre 400 metros cuadrados e incluyeron pisos, paredes, muebles de cocina, artefactos de baño, una pileta y una cascada en el jardín. El punto que tomó mayor peso en el expediente fue la modalidad de pago descripta por el testigo: dijo que recibió los dólares en mano y que no se emitieron facturas por esos desembolsos.
Ese testimonio también quedó bajo atención porque introdujo una diferencia con la valuación conocida del inmueble. En el texto original del caso se indicó que Adorni había informado la compra de esa propiedad por 120.000 dólares, luego de no haberla incluido en una primera declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.
La causa patrimonial sumó tensión política dentro del oficialismo
El movimiento de Marcela Pagano también impactó en el plano político. La diputada llegó al Congreso por La Libertad Avanza, aunque desde hace meses mantiene diferencias con el sector más cercano al presidente Javier Milei. Su decisión de pedir la detención de un funcionario nacional profundizó ese quiebre interno.
Al mismo tiempo, desde el entorno de Manuel Adorni rechazaron la cifra mencionada por el contratista. Según esas fuentes, el monto atribuido a las obras no sería real y la defensa buscará impulsar una pericia técnica sobre la vivienda para discutir esa valuación ante la Justicia.
“Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, señalaron allegados al jefe de Gabinete al responder a la declaración incorporada al expediente. Por ahora, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez del caso deberán evaluar la testimonial de Tabar, contrastarla con la documentación del inmueble y resolver cómo sigue el pedido de arresto presentado por Pagano.
