La destitución de Alfredo López fue resuelta por los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que votaron de manera unánime para remover al juez federal de Mar del Plata por mal desempeño. La decisión se tomó el martes 18 de agosto, luego de revisar 15 publicaciones realizadas por el entonces magistrado en la red social X. El cuerpo entendió que los mensajes contenían expresiones antisemitas y que comprometían las obligaciones propias de su función judicial.
El tribunal estuvo conformado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatríz Fernández. Los siete coincidieron en rechazar los argumentos presentados por López durante el juicio político.
Con el veredicto leído por el secretario general del Jurado, Ángel Marcelo Bová, López quedó apartado de la titularidad del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata. El fallo sostuvo que sus expresiones excedían el amparo de la libertad de expresión invocado en su defensa y afectaban la confianza necesaria para administrar justicia de forma imparcial.
Quiénes integraron el Jurado que resolvió la destitución
Los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento aprobaron sin disidencias la remoción de Alfredo López. La definición estuvo a cargo de un cuerpo integrado por representantes de distintos estamentos vinculados al sistema judicial y al Congreso Nacional. Esa instancia fue la que tenía la facultad de dictar la resolución final en el proceso disciplinario.
Marcelo Gastón Bartumeu Romero, integrante del Tribunal Oral Criminal N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los magistrados que intervino en el juicio. También participó Néstor Pablo Barral, camarista federal de San Martín. Ambos formaron parte del Jury junto con los representantes legislativos y la abogada de la matrícula federal.
Por el Senado participaron María Belén Monte De Oca, de La Libertad Avanza, y María Florencia López, de Unión por la Patria. En representación de la Cámara de Diputados actuaron Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Christian Alejandro Zulli, de Unión por la Patria. La séptima integrante fue Ana Beatríz Fernández, abogada de la matrícula federal.
La unanimidad alcanzada por Bartumeu Romero, Barral, Monte De Oca, María Florencia López, Mayoraz, Zulli y Fernández definió la salida del juez del cargo. El Jurado evaluó las acusaciones, las denuncias incorporadas al expediente y los descargos del entonces titular del juzgado federal marplatense.
Las publicaciones que fueron evaluadas en el juicio político
El Jurado examinó 15 mensajes de Alfredo López y consideró que mostraban una conducta discriminatoria reiterada. Según el pronunciamiento, las publicaciones estaban dirigidas contra el pueblo judío y contra el Estado de Israel. Para los integrantes del tribunal, no se trató de expresiones aisladas, sino de una sucesión de mensajes que debía ser analizada en conjunto.
El veredicto afirmó que López “atropelló derechos elementales con persistencia y sistematicidad, reiterando insultos y términos peyorativos contra toda una comunidad”. A su vez, señaló que los posteos “incitaron a la violencia simbólica, pretensión de sometimiento y, muy especialmente, a la discriminación”.
Entre los mensajes revisados figuró una encuesta en la que el juez preguntó sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”. En otra publicación solicitó retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”. También se incorporó un mensaje en el que convocó a responder “a estos fariseos”, en referencia al Foro Argentino contra el Antisemitismo.
El expediente incluyó además una respuesta de López a otro usuario: “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”. En otra publicación compartió una imagen del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, y escribió: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.
El criterio aplicado por los 7 votantes
Los integrantes del Jury concluyeron que los discursos de odio no están protegidos por la libertad de expresión. El fallo expresó: “Las manifestaciones de discursos de odio quedan excluidas de la protección que brinda el derecho a la libertad de expresión”. De esa manera, el tribunal descartó el planteo central formulado por la defensa del magistrado.
Durante el debate oral, el Jurado calificó los hechos como una “falta grave de ética, sustancial para el ejercicio de la judicatura”. También identificó “graves desórdenes de conducta” y sostuvo que esa actuación “dinamitó la confianza de la ciudadanía en orden al mantenimiento de su actitud para administrar justicia de manera imparcial”.
López negó que sus publicaciones constituyeran agravios personales contra integrantes de la comunidad judía. Sostuvo que no actuó con mala fe ni tuvo intención de ofender, y señaló que se trataba de opiniones personales vinculadas con asuntos públicos.
El exmagistrado definió el proceso como una “persecución ideológica” y declaró: “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”. Además, durante su descargo manifestó: “Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”.
Cómo avanzó el expediente contra Alfredo López
La acusación que derivó en la destitución fue impulsada en el Consejo de la Magistratura antes de llegar al Jurado. El senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques promovieron el trámite que terminó en el juicio político. Ambos eran integrantes del Consejo de la Magistratura cuando se trataron las denuncias.
También realizaron presentaciones la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, vinculados a la Fundación Apolo. Las denuncias estuvieron relacionadas con los mensajes que luego fueron analizados por el Jury.
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dictaminó a favor de la apertura del juicio político. Después de esa decisión, López presentó su renuncia, aunque el Poder Ejecutivo no la aceptó. Por esa razón, el proceso continuó hasta que el Jurado de Enjuiciamiento emitió su resolución.
En el Consejo de la Magistratura intervinieron, entre otros, su presidente Horacio Rosatti, diputados, senadores, abogados, académicos, jueces y el representante del Poder Ejecutivo Nacional Santiago Viola. Sin embargo, la definición sobre la permanencia de López en el cargo correspondió exclusivamente al Jurado integrado por los siete miembros que votaron su remoción.
Tras la destitución, quedó vacante el Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata. La cobertura del cargo deberá tramitarse mediante un concurso que tendrá que iniciar el Consejo de la Magistratura.
