Productores y trabajadores rurales de Tartagal insisten en que el robo de madera, los ataques en campos privados y la destrucción del monte nativo continúan sobre la ruta nacional 86. Señalan hechos con armas, incendios intencionales y amenazas en fincas como Aliki, a pocos kilómetros de la ciudad. Afirman que ya presentaron numerosas denuncias y que hay actuaciones de la Policía y Gendarmería, pero cuestionan la respuesta judicial y piden mayores medidas de protección para el personal y el ambiente.
Propietarios rurales de la zona de Tartagal volvieron a exponer un escenario de extrema tensión en los campos cercanos a la ruta nacional 86, donde describen una seguidilla de hechos vinculados al robo de madera, la tala ilegal y ataques contra trabajadores. Según los denunciantes, pese a los operativos policiales, secuestro de vehículos y causas abiertas, los ingresos clandestinos a fincas privadas siguen ocurriendo casi a diario y con niveles de violencia cada vez más altos.
Las presentaciones judiciales apuntan a lo que consideran una actividad organizada, con movilización de camiones, tractores y motosierras para sacar grandes volúmenes de troncos del monte nativo, a poca distancia de Tartagal. Aseguran que los responsables se mueven con total conocimiento de la zona y que, cuando llega la Policía, lejos de retirarse, se registran enfrentamientos con armas blancas e incluso armas de fuego.
En este contexto, productores y empleados rurales remarcan que la situación no sólo afecta la seguridad del personal, sino también la continuidad del trabajo en las fincas y la conservación del bosque chaqueño, que viene sufriendo claros y quemas en distintos puntos de la ruta 86.
Reclamos por el robo de madera y medidas cautelares rechazadas
Uno de los casos más avanzados es el de la empresa Astillas de Plata, que administra la finca Aliki en el kilómetro 10 de la ruta nacional 86. Su abogado, Víctor Hugo del Río, impulsó pedidos formales ante la Justicia para frenar el robo de madera en la propiedad y resguardar a los trabajadores. Entre esas medidas se incluyeron cautelares de protección ambiental y restricciones de acercamiento contra personas investigadas.
Del Río también solicitó ser reconocido como querellante y actor civil en las causas, además de oponerse a la liberación de detenidos a partir de distintos procedimientos. Sin embargo, el 4 de diciembre fue notificado de que la Fiscalía Penal 2 de Tartagal rechazó su presentación, bajo el argumento de que no se había acompañado un poder especial otorgado por escribano público y que el planteo se efectuó ante una jueza de Garantías.
Los propietarios interpretan esta resolución como un obstáculo para impulsar las acciones penales que buscan fortalecer la protección del personal y del monte nativo dentro de la finca. A la vez, remarcan que los robos y daños continúan, y que ya se acumularon más de un año de denuncias vinculadas a la misma problemática.
Según señalan, cada operativo en el que se detectan motos, tractores o camiones con carga de madera genera expectativas de freno al delito, pero luego se encuentran con que los vehículos son devueltos y los detenidos recuperan la libertad a las pocas horas, lo que a su entender alimenta la repetición de los ataques.
Incendio en finca Aliki y denuncias por violencia creciente
El episodio que más preocupación generó entre los productores fue el incendio de la vivienda del cuidador de la finca Aliki. El hecho ocurrió el 1 de noviembre, a plena luz del día, cuando un grupo de personas aún no identificadas prendió fuego la casa ubicada en la portería del establecimiento, luego de un nuevo conflicto por la extracción de madera.
De acuerdo con el relato de trabajadores de Astillas de Plata, horas antes habían intentado frenar el avance de un grupo que buscaba talar ejemplares de cebil y quebracho blanco y colorado dentro del predio. Tras esa resistencia, se produjo el ataque con fuego que terminó destruyendo por completo la vivienda.
Dos empleados que se encontraban en el interior lograron escapar entre las llamas y salvar su vida. La casa quedó reducida a restos calcinados y el caso fue sumado en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal, bajo la calificación de tentativa de homicidio según describen las denuncias presentadas por los responsables de la finca.
Intervención de Gendarmería y advertencias por seguridad en la zona
El incendio en Aliki fue comunicado el mismo 1 de noviembre a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ordenaron reforzar la presencia de fuerzas federales en el área del conflicto. En la madrugada siguiente, una patrulla de Gendarmería Nacional, del Escuadrón Tartagal, llegó hasta la finca y comprobó que la vivienda del cuidador había quedado totalmente destruida.
Los gendarmes realizaron relevamientos, tomaron testimonios a personas vinculadas al establecimiento y elevaron un informe al comando del Plan Güemes. Allí se detallaron las circunstancias del hecho y se mencionó a integrantes de comunidades originarias de la zona como presuntos partícipes, según el reporte que los efectivos remitieron a sus superiores. Hasta ahora, de acuerdo con lo expresado por los denunciantes, no se identificó a los autores materiales del ataque.
Durante esa intervención, el personal de Gendarmería decidió no internarse más profundamente en la finca, señalando cuestiones de competencia jurisdiccional. El encargado del campo advirtió además que los senderos abiertos por taladores clandestinos dentro del monte podrían ser aprovechados por grupos vinculados al narcotráfico, que usarían motos de enduro para eludir controles.
Ese planteo quedó incorporado como parte de la preocupación general de los productores, que remarcan que la combinación de robo de madera, violencia y posibles usos ilegales de los caminos internos aumenta la sensación de vulnerabilidad en la zona rural de Tartagal.
Vehículos identificados, operativos policiales y acusaciones cruzadas
En las diferentes denuncias radicadas por propietarios y trabajadores, se detalla un mismo esquema de acción: rotura de alambrados, ingreso de maquinaria pesada, uso intensivo de motosierras y salida de camiones cargados con troncos. Mencionan que los vehículos utilizados se encuentran “perfectamente identificados” y enumeran, entre otros, “un camión Mercedes Benz verde manzana, otro camión Dodge rojo, un tractor Hanomag y dos acoplados”.
Los productores aseguran que tanto estos rodados como otros vinculados a maniobras similares fueron fotografiados y filmados en distintas oportunidades. Indican que ese material fue entregado a la Justicia y a las fuerzas de seguridad que realizan patrullajes en la ruta 86 y alrededores, para sumar pruebas en los expedientes relacionados al robo de madera y a los daños en las fincas.
Desde el sector rural mencionan que efectivos de Infantería y de la Policía Rural intervinieron en varios procedimientos, con secuestro de herramientas y vehículos. Aun así, consideran que no se logró frenar el funcionamiento de una presunta estructura delictiva integrada por actores de comunidades originarias linderas y madereros de la zona, que obtendrían ganancias mediante la tala ilegal y el traslado de la madera a aserraderos cercanos.
Los denunciantes relatan que, tras operativos donde se detectaron grupos numerosos en plena actividad, el resultado final fueron pocas detenciones y de corta duración. También señalan que, en numerosos casos, las motosierras, camiones, tractores y otros rodados incautados terminaron siendo restituidos a sus dueños por decisiones judiciales.
Cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal y sospechas sobre empresarios
En este escenario, productores y abogados pusieron la mirada en la actuación del fiscal penal de Tartagal, Rafael Medina. De acuerdo con sus presentaciones, consideran que las liberaciones frecuentes, los juicios abreviados sin sanciones que estiman disuasivas y la devolución de elementos utilizados en delitos conforman, a su criterio, un contexto que no desalienta la reiteración de hechos.
Además, agregan sospechas sobre la participación de referentes del sector privado maderero. Según el testimonio de varios propietarios, existiría una colaboración logística y financiera por parte de responsables de aserraderos de la zona, que facilitarían transporte y recursos para mover la madera extraída de manera clandestina hacia distintos destinos.
Para los empresarios rurales, la combinación de estos factores estaría derivando en un saqueo constante del monte nativo, con impacto ambiental, económico y social en toda el área de influencia de la ruta 86. Como respuesta, el ingeniero agrónomo Juan Kútulas, titular de Astillas de Plata, explicó que mantuvieron reuniones con funcionarios provinciales y de seguridad, y que plantearon la necesidad de mayor protección para el personal y el entorno forestal.
Kútulas señaló que, en sus notas y comunicaciones, solicitaron la intervención de instancias superiores del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, organismos ambientales y otras áreas, con el objetivo de reforzar la investigación y avanzar en medidas que apunten a cesar los ataques y la tala ilegal en las fincas de Tartagal. Las actuaciones judiciales y las denuncias de los productores continúan tramitándose en ese marco.
