Comunidades originarias aba guaraníes del departamento San Martín denunciaron un avance ilegal de cañeros de Bolivia sobre campos de Argentina ubicados a la vera del río Grande de Tarija, en jurisdicción de General Mosconi. Según los referentes, productores cañeros bolivianos desmontan monte nativo, plantan caña de azúcar en suelo argentino y trasladan la producción hacia el vecino país sin controles sostenidos. También apuntan a la presencia de fuerzas de seguridad bolivianas del lado argentino y a un fuerte impacto sobre la vida diaria de las familias de la zona.
Comunidades de Salta alertan por cañeros bolivianos en territorio argentino
La zona en conflicto se ubica en la ribera del río Grande de Tarija, frente al departamento boliviano de Tarija, dentro del departamento San Martín, al norte de Salta. Allí, los pobladores describen desde hace años un mismo esquema: durante la temporada seca, cuando el río puede cruzarse “a piso”, maquinarias y camiones ingresan desde Bolivia hacia campos del lado argentino sin papeles de propiedad ni autorizaciones ambientales.
De acuerdo con las denuncias, una vez dentro de Argentina se realiza desmonte de selva pedemontana y yungas y, sobre esas superficies, se instalan cañaverales manejados por productores cañeros bolivianos. Luego, la caña cosechada y la madera extraída por la tala son cargadas en camiones que vuelven hacia Bolivia, sin que haya controles permanentes de fuerzas nacionales ni revisiones sistemáticas en el cruce del cauce.
Referentes de las comunidades sostienen que este circuito no es nuevo, pero que se habría intensificado en los últimos años, generando lo que describen como un “corredor” de cientos de hectáreas sobre la margen argentina del río. Aseguran que se trata de una operatoria organizada que aprovecha la baja del río y la ausencia de puestos fijos de control para mover grandes volúmenes de caña y madera entre Argentina y Bolivia.
La cacique de la comunidad aba guaraní de El Trementinal, Natalí Vázquez, resumió el sentimiento de los vecinos con una frase contundente: “Es como estar encerrados en nuestro propio país”. La dirigente explicó que, además del desmonte, los cañeros habrían colocado alambrados, portones, cadenas y candados sobre caminos que las comunidades consideran ancestrales y de uso público.
Según el relato de las familias, esos caminos son los que se usan habitualmente para buscar alimentos, llegar a los puestos sanitarios o desplazarse entre distintos parajes de la ribera del río Grande. El cierre de estas vías, sumado a la reducción del monte por los desmontes ilegales, habría agravado las dificultades diarias de la población local.
Impacto sobre unas 100 familias y denuncias por presencia de fuerzas de Bolivia
Las comunidades calculan que entre 90 y 100 familias aba guaraníes de la ribera del río Grande de Tarija están directamente afectadas por el avance de los cañeros y por las restricciones en los caminos. Los referentes remarcan que la combinación de alambrados, desmontes y cañaverales ilegales altera tanto la vida cotidiana como el vínculo ancestral con el monte.
Para estas familias, el monte no es solo un entorno paisajístico: de allí obtienen alimentos, medicinas naturales, leña y materiales para la vida diaria. Con la expansión de los cañaverales de Bolivia sobre suelo argentino, señalan que cada vez resulta más difícil acceder a esos recursos y que se pierden zonas clave para la caza, la recolección y otras prácticas tradicionales.
Las denuncias, sin embargo, no se limitan al aspecto ambiental o productivo. Los pobladores apuntan también a la figura de un referente de los cañeros bermejeños, identificado como Horacio Cruz. De acuerdo con sus testimonios, este líder se desplazaría armado por la zona y contaría con apoyo de policías y militares de Bolivia, que incluso habrían actuado dentro de territorio argentino en medio de conflictos con las comunidades.
Los relatos que llegan desde El Trementinal y otros parajes indican que, en varias oportunidades, personal de fuerzas de seguridad bolivianas se habría parado en caminos del lado argentino para impedir el paso de pobladores locales. “Cuando reclamamos, traen a la policía boliviana. Como acá no hay autoridades permanentes, entran, se paran en los caminos y no nos dejan pasar. Si hay un enfermo o un niño, igual bloquean el paso”, denunció Vázquez.
Según los vecinos, esta situación genera temor y desalienta las denuncias formales. Aseguran que quienes se animan a hacer presentaciones luego son denunciados en Bolivia y advertidos sobre posibles detenciones si cruzan la frontera. De esta manera, describen un clima de presión constante que se suma al avance de la actividad cañera ilegal impulsada desde el lado boliviano.
Cruces para comprar víveres y caña ilegal
La geografía del lugar y la distancia con las ciudades salteñas refuerzan la complejidad del escenario. Los habitantes de El Trementinal explican que, por la lejanía de los centros urbanos argentinos, en muchas ocasiones se ven obligados a entrar a Bolivia para conseguir mercadería básica o recibir atención médica. Al mismo tiempo, advierten que las denuncias cruzadas en el vecino país quedan como un factor de presión cada vez que tienen que atravesar la frontera.
En este contexto, las comunidades plantean también un costado económico y penal de peso. Mencionan presentaciones judiciales en las que se estima que más de 150.000 toneladas de caña de azúcar habrían salido de manera ilegal desde campos de Argentina hacia Bolivia, con destino a un ingenio identificado como Industrias Agrícolas. La madera producto de los desmontes ilegales saldría por el mismo corredor, sin registros ni permisos.
El mecanismo, según describen, aprovecha al máximo la época de estiaje: los camiones cruzan el cauce del río Grande de Tarija cuando el nivel de agua es bajo, cargan caña cultivada en lotes desmontados del lado argentino y regresan a Bolivia prácticamente sin obstáculos. Las comunidades insisten en que este circuito se mantiene por la ausencia de controles permanentes y por la falta de medidas sobre la logística de transporte, como el secuestro de camiones o de maquinaria.
Otro punto que genera especial preocupación entre los denunciantes es el posible corrimiento de mojones internacionales. Los referentes sostienen que los cambios naturales en el cauce del río, sumados a la falta de vigilancia constante, habrían sido aprovechados para mover hitos fronterizos, con lo que la frontera de Bolivia avanzaría de hecho hacia el este sobre territorio que los pobladores reconocen como históricamente argentino.
Las comunidades de la ribera afirman que ya se entregaron denuncias a la Justicia Federal y que el caso se encuentra en la órbita de la Fiscalía Federal de Orán. Además, señalan que se dio intervención a organismos nacionales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Dirección Nacional de Fronteras, la Aduana y distintas áreas de Seguridad, en el marco de sus reclamos por las actividades ilegales y la presencia de fuerzas de Bolivia del lado argentino.
Los pobladores recuerdan que en 2024 hubo algunos operativos oficiales, con relevamientos de hitos limítrofes, inspecciones técnicas y presencia, por un tiempo acotado, de fuerzas federales. También se registraron intervenciones de Gendarmería Nacional y el arribo de abogados enviados por el Estado para acompañar denuncias y trámites en la zona de General Mosconi.
No obstante, los referentes locales subrayan que esas acciones fueron esporádicas y que, una vez finalizados los operativos y retirada Gendarmería, la actividad de los cañeros bolivianos dentro de Argentina se reanudó. “Gendarmería viene un tiempo y después se va. Cuando se retiran, ellos vuelven como si nada. No les secuestran camiones, no les quitan las máquinas. Así se sienten impunes”, afirmó la cacique de El Trementinal.
Los habitantes de la ribera del río Grande de Tarija reclaman la instalación urgente de un puesto fijo de Gendarmería Nacional que permanezca en el sector, el replanteo definitivo de los mojones en zonas firmes y una intervención sostenida de las autoridades argentinas en General Mosconi y áreas cercanas. Según informaron, las comunidades mantienen activas sus presentaciones y pedidos ante la Justicia y organismos nacionales por las actividades ilegales vinculadas a cañeros de Bolivia en territorio argentino.
