Vecinos de Las Lajitas mantienen una vigilia frente a la casa de una joven madre y presentan una fuerte denuncia por el posible traslado de su hijo de 3 años a otra provincia. El niño podría ser restituido a su padre, un abogado oriundo de Tierra del Fuego, en el marco de un expediente por violencia familiar que se tramita en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González. Funcionarios del Ministerio Público cuestionan que la medida no tendría en cuenta su estado emocional ni resoluciones previas de la Cámara de Apelaciones.
Desde la tarde del martes, un grupo de vecinos de Las Lajitas se organiza en turnos para permanecer día y noche alrededor de la vivienda de Tatiana, una joven madre que vive allí con sus hijos, con el objetivo de impedir que la Justicia disponga la restitución de su hijo menor al padre. Según relataron allegados, temen que en cualquier momento pueda ejecutarse una orden para sacar al niño de 3 años de la localidad y entregarlo a su progenitor, un abogado radicado en Tierra del Fuego, en el marco de una causa por violencia familiar y de una denuncia por supuestas agresiones.
La tensión se concentra en decisiones tomadas en el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia con sede en Joaquín V. González, a cargo de la jueza Patricia Rahmer. En ese juzgado se tramita el expediente donde el padre está denunciado por violencia contra la madre y el niño, y donde también se analiza un pedido de restitución internacional del menor. Voces del entorno de la familia cuestionan que se avance con esa posibilidad sin resolver previamente la situación de violencia denunciada.
El caso tiene además la intervención del defensor oficial civil, Ángel Virgilio Varela, y de la asesora de incapaces de la jurisdicción, María Susana Zenzano Poma, quienes presentaron recursos y observaciones formales para que se priorice, según remarcaron, el interés superior del niño y se respeten las decisiones tomadas antes por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Salta.
Denuncia por violencia y cuestionamientos a un viaje de 27 días
La disputa se agudizó cuando el padre del niño pidió autorización judicial para sacarlo de Salta y llevarlo a Rosario, Santa Fe, durante 27 días, con el argumento de un viaje de vacaciones. Ese planteo fue objetado con una denuncia escrita por el defensor público, quien advirtió que la salida podría funcionar como una “restitución encubierta” en medio del conflicto judicial. El pedido se tramitó dentro del mismo expediente de violencia familiar donde el progenitor está denunciado.
De acuerdo con los escritos presentados, en esa causa se describen episodios de violencia que habrían dejado “serias secuelas psicológicas” en el niño, actualmente en tratamiento. Varela y la asesora Zenzano Poma señalaron que cualquier salida prolongada y lejos de su entorno podría agravar el cuadro emocional descripto, que incluye miedo, pesadillas y llanto nocturno.
En el acta de una audiencia realizada el 28 de noviembre se dejó constancia de hechos de violencia como agresiones físicas a la madre cuando tenía al niño en brazos, acciones directas contra el menor y un episodio de encierro en una habitación oscura. Para los funcionarios del Ministerio Público, esos antecedentes vuelven “riesgosa” una eventual autorización de viaje y la restitución del niño en las condiciones actuales.
La madre del pequeño se opuso desde el inicio a que el hijo sea trasladado fuera de la provincia. Sostuvo que el niño vive desde hace dos años en Las Lajitas, donde están su familia, su tratamiento y su escolaridad, y que ese lugar se constituye hoy como su “centro de vida”. Frente a ese panorama, los vecinos se acercaron espontáneamente a acompañar a la mujer y se apostaron frente a la casa familiar para impedir cualquier intento de retiro del chico mediante el uso de la fuerza pública.
Vigilia en Las Lajitas y disputa entre fallos judiciales
Mientras se mantiene la vigilia barrial, en el plano judicial se cruzan decisiones de diferentes tribunales. El 18 de diciembre, el juzgado de Joaquín V. González recibió un exhorto del juez de Familia y Minoridad N.º 2 de Tierra del Fuego, Antonio Velázquez, en el que se requería efectivizar la restitución del niño al padre, con base en un expediente iniciado tiempo atrás en la provincia patagónica.
Sin embargo, tanto el defensor Varela como la asesora de incapaces remarcaron que la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Salta había resuelto diferir esa restitución. En esa resolución, el tribunal dispuso un régimen de comunicación supervisada entre el niño y su progenitor, con encuentros acordados y controlados. Según los informes elevados por el Ministerio Público, ese esquema se venía cumpliendo “de manera pacífica y favorable para las partes”, sin incidentes relevantes.
Ese régimen de contacto se desarrollaba, principalmente, en la localidad de Joaquín V. González, con entregas y retiros del chico a través de familiares, bajo control judicial y con resguardo emocional. La Asesoría de Incapaces había impulsado esta modalidad como una estrategia de revinculación progresiva entre el niño y su padre, con el objetivo de no interrumpir su tratamiento ni modificar bruscamente su entorno cotidiano.
Fuentes vecinales señalaron que, en los últimos días, se hablaba en el pueblo de un posible cambio de criterio en la Cámara de Apelaciones, lo que habría abierto la puerta para que la jueza Rahmer avance con una restitución más amplia del niño al progenitor. Esa versión, que no fue oficializada por el tribunal, reforzó el temor de la madre y motivó el refuerzo de la vigilia frente a su vivienda.
El regreso a Salta, el contexto familiar y nuevos recursos
El trasfondo del caso se remonta a hace cinco años, cuando Tatiana se trasladó desde Las Lajitas a Tierra del Fuego en busca de mejores oportunidades laborales durante la época de pandemia. Allí consiguió trabajo, se estabilizó económicamente y formó pareja con el hombre que luego sería padre de su hijo menor. Según denunció en sede judicial, con el tiempo comenzaron episodios de maltrato que derivaron en una agresión en la que habría sentido en riesgo su vida.
Tras ese hecho, decidió volver a Salta junto a sus dos hijos y se instaló nuevamente en la casa familiar de Las Lajitas, donde, según relató, recibió apoyo de parientes y vecinos. El regreso se produjo sin autorización del padre del niño, lo que dio lugar a la intervención de la Justicia de Tierra del Fuego y a un pedido formal de restitución del menor al progenitor.
En un recurso de reposición con apelación en subsidio, presentado el 26 de diciembre, la asesora de incapaces Zenzano Poma advirtió que separar al niño de su centro de vida en Las Lajitas generaría “un gravamen irreparable”, ya que, de acuerdo con diagnósticos médicos, cursa un cuadro de estrés postraumático atribuido a un episodio de violencia ocurrido el 28 de agosto. Ese estado psicofísico fue mencionado por la madre en audiencias del 28 de noviembre y del 12 de diciembre.
En un nuevo escrito, con reserva de caso federal, la funcionaria del Ministerio Público Pupilar insistió en el riesgo de agravar el daño emocional si se concreta el apartamiento del niño de su ambiente materno y de sus hermanos. Planteó como alternativa sostener el régimen de comunicación vigente, por el cual el pequeño pasa tiempo diurno con el padre y regresa a dormir al hogar de la madre, mientras continúa su tratamiento psicológico.
De acuerdo con la presentación, la continuidad de este esquema permitiría respetar el “tiempo del niño”, mantener los dispositivos de salud en marcha y evitar cambios bruscos en su rutina mientras se define la disputa judicial.
