La Auditoría General de la Provincia presentó una denuncia penal contra la gestión municipal de San Carlos, encabezada por la intendenta María del Carmen Vargas, por presuntas transferencias de fondos públicos desde la cuenta oficial del municipio hacia cuentas privadas, entre ellas la de la propia jefa comunal y empleados. Según el organismo de control, los movimientos superarían los 20 millones de pesos y no tendrían respaldo documental. El expediente se encuentra actualmente bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir si esas conductas constituyen o no delitos penales.
Denuncia de la auditoría por más de 20 millones
La causa que se abrió por la denuncia de la Auditoría General de la Provincia de Salta contra la administración del municipio de San Carlos sigue su curso en el Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales analizan la documentación enviada para determinar si hay responsabilidades penales. El foco está puesto en una serie de transferencias de dinero que habrían salido de la cuenta oficial de la comuna hacia cuentas particulares, incluidas las de la intendenta María del Carmen Vargas y de personal municipal.
De acuerdo con lo expuesto por el organismo de control, no se trata de un único pago de gran monto, sino de muchas operaciones consecutivas, con importes individuales relativamente bajos. Sin embargo, la Auditoría sostiene que, al sumar todos esos giros, la cifra total superaría los 20 millones de pesos y que no se encontró en los expedientes respaldo administrativo que justifique esas salidas de fondos desde las arcas municipales.
El presidente de la Auditoría, Gustavo Ferraris, explicó en una entrevista radial que esas supuestas irregularidades surgieron a partir de la revisión de la operatoria financiera de San Carlos. Los equipos técnicos detectaron estas transferencias directas de la cuenta oficial a cuentas privadas, algo que el propio Ferraris calificó como maniobras “absolutamente irregulares desde el punto de vista administrativo”, motivo por el cual el organismo decidió avanzar con la presentación penal.
Antes de acudir a la Justicia, la Auditoría intentó obtener explicaciones por la vía administrativa. Ferraris relató que se enviaron notas formales al Ejecutivo municipal de San Carlos para que aclare cada uno de los movimientos detectados. “Pedimos explicaciones, pero hasta el momento no obtuvimos ninguna respuesta de la intendenta”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Salta, al fundamentar por qué se resolvió concretar la denuncia.
Con la falta de descargos oficiales y los informes técnicos ya elaborados, la Auditoría remitió todo el material al Ministerio Público Fiscal. Desde ese momento, la definición sobre si las conductas observadas configuran delitos quedó en manos de los fiscales, ya que el organismo de control solo tiene competencia para detectar y reportar desvíos en el uso de fondos públicos, pero no para tipificar penalmente los hechos ni para imputar a funcionarios.
San Carlos bajo la lupa: demora en balances, causa abierta y polémica por un festival
La primera señal de alerta sobre las cuentas de San Carlos, según contó Ferraris, fue que el municipio fue el único de los 60 de la provincia que no presentó la Cuenta General del Ejercicio dentro de los plazos legales. Ese balance anual, que debe entregarse antes del 30 de junio de cada año, es clave para revisar cómo se administraron los recursos públicos. La ausencia de esa documentación motivó un control más detallado de los movimientos financieros de la comuna.
A partir de esa revisión, los auditores comenzaron a reconstruir el flujo de fondos y hallaron las transferencias consecutivas desde la cuenta del municipio hacia distintas cuentas privadas. Parte de esos giros, indicaron, tuvieron como destino la cuenta de la intendenta Vargas. El resto habría ido a empleados municipales. Para los técnicos, esos pagos no se corresponden con un circuito administrativo habitual y, además, no aparecen respaldados con órdenes de pago, resoluciones u otra documentación equivalente.
La situación tomó amplia difusión pública en noviembre de 2025, cuando se conoció la denuncia penal presentada por la Auditoría General contra la gestión municipal de San Carlos. En los últimos días, el tema volvió al centro de la escena luego de que el periodista Riky Gallego recordara el caso y señalara que el expediente continúa bajo análisis dentro del Ministerio Público Fiscal, lo que reavivó las discusiones políticas y administrativas en la localidad vallista.
Mientras la causa por las supuestas irregularidades en el manejo de fondos sigue en etapa de estudio, en San Carlos surgió además otra controversia ligada a la vida institucional. En el plano político local llamó la atención que el empresario Zaman haya asumido recientemente la organización del festival que se hace en el municipio, un evento de fuerte impacto turístico y económico para la zona, lo que generó comentarios cruzados entre distintos sectores.
Qué se espera del Ministerio Público Fiscal y cómo impacta la denuncia
Sobre este último punto, Gallego aclaró que, hasta ahora, no hay una conexión judicial directa entre la contratación de Zaman para el festival y la causa por las transferencias detectadas por la Auditoría. Se trata, por el momento, de dos cuestiones separadas: por un lado, la investigación sobre el posible uso irregular de fondos públicos; por el otro, la discusión política en torno a quién conduce y financia la principal fiesta del municipio.
Según informaron fuentes vinculadas al caso, el expediente permanece en fase de análisis dentro del Ministerio Público Fiscal, donde se evalúan los informes contables, las constancias bancarias y el resto de la documentación remitida por la Auditoría General. En ese marco, se indicó que “se espera que en los próximos días haya novedades por parte del Ministerio Público Fiscal” sobre los pasos a seguir en la investigación.
