El Ministerio de Educación de Salta presentó una denuncia penal tras detectar certificados de postítulos presuntamente falsos en legajos docentes. La investigación interna derivó en el bloqueo por dos años de los legajos sospechados, lo que frena designaciones, concursos y ascensos para el ciclo lectivo 2026 en todos los niveles obligatorios. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió una maniobra sistemática para alterar los órdenes de mérito y si hubo una estructura organizada para emitir o utilizar documentación apócrifa.
Funcionarios del Ministerio de Educación de Salta confirmaron que se radicó una denuncia penal por presuntas irregularidades en certificados de postítulos presentados por docentes para sumar puntaje en concursos y designaciones. En paralelo, se resolvió bloquear por dos años los legajos involucrados, medida que impactará en el armado de los listados de mérito para el ciclo lectivo 2026 en los niveles Inicial, Primario y Secundario de toda la provincia.
La decisión surgió luego de una auditoría interna sobre la documentación presentada durante el período de tachas, instancia en la que se revisan los antecedentes de quienes se inscriben para cubrir cargos. A partir de esa revisión se detectaron certificados con formatos similares, atribuidos a pocas instituciones y repetidos en legajos de distintos docentes, lo que encendió las alarmas dentro de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, explicó que la Junta está habilitada por normativa para disponer el bloqueo de legajos cuando se sospecha de documentación irregular. Ese bloqueo impide por dos años concursar nuevos cargos, acceder a titularizaciones, ascender o recibir designaciones, aunque no implica de manera automática la pérdida de cargos ya obtenidos, como las titularidades.
Denuncia penal y bloqueo de legajos: cómo impacta en los docentes
De acuerdo con lo informado por Becker, la denuncia penal se presentó tras constatar que no se trataba de un caso aislado sino de una cantidad de certificados con patrones comunes. El área jurídica del Ministerio recibió un informe preliminar de la Junta Calificadora y, en cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos frente a posibles delitos, se resolvió dar intervención a la Justicia.
El bloqueo de legajos alcanza a docentes de todos los niveles obligatorios que figuran en la auditoría interna con certificados de postítulos presuntamente apócrifos. Durante el plazo de dos años, esas personas no podrán participar de concursos, ni ser incluidas en nuevas designaciones ni acceder a ascensos. El funcionario aclaró que la medida se limita al movimiento de carrera y no implica, por ahora, la remoción de cargos ya adjudicados.
En relación con esos puestos ya otorgados, Becker señaló que cualquier definición deberá pasar por los procedimientos administrativos correspondientes y, de ser necesario, por instancias judiciales. Subrayó que será la Justicia la que determine si existieron delitos y que, a partir de esos resultados, se evaluarán eventuales sanciones adicionales en el ámbito administrativo.
El secretario evitó brindar la cantidad exacta de docentes alcanzados por las sospechas, aunque confirmó que existe una estimación interna. Indicó que, por el momento, esa cifra se mantendrá bajo reserva para no entorpecer la investigación judicial y para evitar señalamientos anticipados mientras no haya resoluciones firmes.
Cómo se detectaron los certificados sospechosos y qué se investiga
La irregularidad empezó a salir a la luz cuando la Junta Calificadora, en pleno período de tachas, comenzó a revisar en detalle los legajos presentados para concursos. En esa instancia, los equipos técnicos advirtieron la presencia de “cartones” de postítulos muy parecidos entre sí, con el mismo diseño general, textos casi calcados y datos similares, aunque a nombre de docentes distintos.
Según describió Becker, la mayoría de esos certificados cuestionados aparecía vinculada a dos o tres instituciones educativas. Lo llamativo fue que el mismo modelo de certificado se repetía con distintas personas y fechas, lo que motivó un análisis más profundo. Ante esas coincidencias, se decidió extender la revisión a todas las inscripciones, organizando la tarea por unidad educativa para abarcar la mayor cantidad de legajos posible.
Con el avance de la auditoría se consolidó la sospecha de que no se trataba de un error administrativo aislado ni de un caso puntual de un solo docente. El funcionario sostuvo que los indicios apuntan a una maniobra más amplia, con características “sistemáticas y organizadas”, orientada a modificar órdenes de mérito y, de esa manera, conseguir ventajas en concursos y designaciones.
En este punto, el Ministerio resolvió trasladar el caso a la órbita judicial, donde se evaluará si existió una operatoria destinada a defraudar al Estado. Entre las hipótesis que se barajan, no se descarta que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita vinculada a la emisión y circulación de los certificados sospechados.
El rol de las instituciones mencionadas y el alcance de la auditoría
Uno de los puntos sensibles del caso tiene que ver con las instituciones cuyos nombres figuran en los certificados bajo sospecha. Becker remarcó que el Ministerio optó por no hacer públicos esos nombres, ya que existe la posibilidad de que hayan sido objeto de falsificaciones, sin participación directa en la presunta maniobra. Señaló que, si se usó su identidad sin autorización, esos establecimientos también podrían ser damnificados.
La auditoría interna, en tanto, abarca concursos de años recientes y no se limita únicamente a las inscripciones para el ciclo 2026. El objetivo es determinar si los certificados cuestionados se utilizaron en períodos anteriores para sumar puntaje, alterar listados de mérito o acceder a cargos que, sin esa documentación, no se hubiesen obtenido. En función de lo que se encuentre, podrían tomarse nuevas medidas administrativas.
El funcionario aclaró también que la investigación se concentra exclusivamente en los postítulos y cursos que otorgan puntaje adicional. Los títulos docentes de base, que habilitan para ejercer la profesión, no forman parte de esta revisión. En la mayoría de los casos analizados, los docentes tendrían su título principal en regla, pero habrían incorporado capacitaciones complementarias que no habrían cursado o finalizado efectivamente.
Becker enfatizó que cada persona es responsable de la documentación que presenta con su firma. Rechazó que pueda hablarse, en general, de simples equivocaciones involuntarias al acreditar un postítulo. Recordó que, al adjuntar un certificado, el docente no solo muestra un papel, sino que declara haber realizado esa formación en los términos que fija la normativa vigente.
Control interno, transparencia y próximos pasos en la causa
Desde la Secretaría de Gestión Educativa se destacó que el hallazgo surgió a partir de los propios mecanismos internos de control de la Junta Calificadora, sin denuncias externas previas. Al mismo tiempo, se reconoció que esos sistemas pueden y deberán fortalecerse para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuros concursos y designaciones docentes.
En la provincia hay alrededor de 30.000 docentes en actividad, y las autoridades remarcaron que los casos bajo investigación representan un porcentaje acotado del total. En esa línea, insistieron en que la maniobra denunciada no debe proyectarse sobre toda la docencia, y que el objetivo de las medidas adoptadas es resguardar a quienes cumplen con todas las exigencias y se forman en tiempo y forma.
La causa quedó ahora bajo responsabilidad de la Justicia, que deberá avanzar con peritajes sobre los certificados, tomar declaraciones y definir el alcance de las responsabilidades penales, si las hubiera. Desde el Ministerio de Educación indicaron que acompañarán con la documentación requerida y que, según lo que surja de la investigación, se evaluarán eventuales sanciones administrativas adicionales.
